BALCÓN

LA SEMANA PASADA SE CUMPLIERON 4 AÑOS del caso de Amy, Alberto y Esther, integrantes de una familia chiapaneca que viajaba a Sonora para emplearse como jornaleros, cuando agentes del Instituto Nacional de Migración, interceptaron en Querétaro el vehículo que los transportaba y los sometieron a una revisión arbitraria. Les solicitaron documentos para acreditar su nacionalidad y “determinaron” que todos eran apócrifos. Fueron detenidos y trasladados a una estancia migratoria donde inició su proceso “administrativo” de deportación a Guatemala. Ellos no tenían cómo defenderse, porque ni siquiera hablaban español, sólo su lengua materna, el Tzetzal. Según el testimonio de las dos mujeres, en repetidas ocasiones fueron presionadas por las autoridades del centro del Instituto Nacional de Migración para firmar documentos donde aceptaban ser ciudadanas guatemaltecas, e incluso denunciaron maltrato físico contra su hermano, también detenido. 7 días duró la pesadilla de estos ciudadanos mexicanos de origen indígena, que por la “apreciación” de un agente migratorio mal capacitado y peor intencionado, estuvieron a punto de ser llevados a un país extranjero del que no conocían ni el idioma. Finalmente fueron liberados y volvieron a su comunidad. Pero esa historia se repite todo el tiempo y son muchas las víctimas de esos mismos “errores” y arbitrariedades, por su color de piel, su aspecto físico, su lengua, su condición socio-económica, su vulnerabilidad entera, que los hace quedar en el perfil de aquellos sujetos a deportación por “situación irregular”. Esto hace que las 106 mil personas que cada año salen del estado de Chiapas para emplearse en otras entidades, corren el riesgo de ser detenidos, en una clara violación al derecho constitucional de todo ciudadano mexicano: el libre tránsito. El artículo 11 de nuestra Constitución claramente señala que “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”. La Clínica de Acción Legal del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC. han documentado más de 20 casos que se pudieron denunciar de mexicanos que han sido discriminados y humillados por la actual Ley de Migración, en la que varios artículos, —principalmente los que permiten las revisiones carreteras— resultan violatorios de los derechos más elementales. ¿Dónde dice que México tiene que pagar ahora una cuota determinada de deportaciones? Porque esa pareciera ser la instrucción para muchos elementos de la Guardia Nacional que claramente no tuvieron la preparación necesaria —porque ni tiempo hubo— para identificar correctamente a una persona en situación irregular. Ya resultan demasiado humillantes las escenas de las revisiones a migrantes, aun cuando para los indocumentados estar en territorio nacional se considera una falta administrativa, no un delito. En días pasados la Organización Internacional para las Migraciones señaló que México “rompió récord” en devolución de migrantes centroamericanos. Las aprehensiones en los primeros 7 meses del 2019 superan en 16% al total del año 2018. México ha regresado este año a 130, 985 migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que lejos de generarse políticas efectivas para la protección de migrantes centroamericanos, las medidas adoptadas se enfocan en el control migratorio y utilizan la detención generalizada, así como los procesos de deportación para desestimular la llegada de otros ciudadanos sudamericanos, sin haber comprobado que estas medidas son efectivas. Dichos protocolos tan mal aplicados ponen en riesgo a los propios ciudadanos mexicanos en México, porque ¿con qué criterio un agente migratorio, sólo de observar, puede determinar que una persona es mexicana o extranjera? Esta semana (el 4 de septiembre) se tenía previsto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisara y se pronunciara sobre el reclamo de inconstitucionalidad de las revisiones migratorias en carreteras. El tema aparecía en la página 15, de las 26 de temas en espera para la Primera Sala, y hasta el momento no ha habido comunicación oficial al respecto. No se debe quitar el dedo de ese renglón. En 2015 fueron Amy, Alberto y Esther, porque el caso saltó a los medios. Después ha seguido ocurriendo y no siempre lo sabemos. Hoy circulan, gracias a organizaciones y colectivos de la sociedad civil, decenas de denuncias de ciudadanos mexicanos víctimas de atropellos similares. Porque puede pasarle a cualquier ciudadano que no cargue con un papel oficial en cada kilómetro que recorra, dentro de un México que hoy es capaz de desconocer a sus propios hijos mexicanos……..Y POR HOY ES TODO.