EDITORIAL

 

 

El INE, la simulación y la desconfianza

 

Uno de los riesgos de hacer preguntas es que a veces se obtienen respuestas. Es lo que está ocurriendo con las resoluciones del INE sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer durante el limbo de las intercampañas.

Los partidos quería precisiones sobre los encuentros en programas televisivos y de radio, y ya las tienen: están prohibidos si se trata de debates o confrontación de ideas.

Es absurdo, pero proviene de una lógica que se fue alimentando con la desconfianza. Como todo es sospechoso, hay que regularlo, aunque esos corchetes terminen por debilitar una de las premisas más importantes de la democracia: la discusión pública.

Seguimos atados, de algún modo, al fantasma de 2006, al que se le achacan leyendas sobre inequidad y trampas en la elección. La narrativa permeó en propios y extraños.

Por eso se tuvo que establecer un nuevo modelo de comunicación. El propósito era evitar que el dinero invertido en los medios influyera en el resultado; aunque en aquella contienda ganó el que menos recursos utilizó y quedó en tercero el que pautó con mayor empeño. Pero a partir de los pleitos y ajustes de cuentas posteriores a aquel proceso electoral, ningún partido puede comprar espacios para trasmisión de propaganda en medios electrónicos y los tiempos oficiales son administrados por el INE.

Se logró un esquema bastante aburrido, en el que los políticos se dan el lujo de enviar verdaderos bodrios a las estaciones de radio y a las televisoras, mal hechos, y que no le interesan a nadie.

Creen que no cuestan, pero en realidad significan millones y millones de pesos y una presión inaudita para los concesionarios, que tienen que pautarlos por ley.

No se trata, por supuesto, de volver a las épocas del dispendio que, por lo demás, también era pagado con dinero público, pero sí de avanzar a esquemas que permitan una verdadera confrontación y, sobre todo, que los ciudadanos tengamos más elementos para definir el voto.

Lo que sí ya es increíble, es cancelar, durante las semanas previas al arranque de las campañas, la oportunidad de observar y escuchar programas de análisis en los que participen quienes aspiran a gobernarnos.

Dicen en el INE que habrá debates en los tiempos previstos, pero los que organizan no suelen ser armados para que exista una verdadera discusión, que es la esencia de ese tiempo de encuentros.

En el fondo, esto favorece a quienes van arriba en las encuestas o son más conocidos. No moverle es la mejor forma de no cometer errores y de que las intenciones de voto no varíen.

Por ejemplo, para los candidatos independientes está cuesta arriba, ya que tendrán muy poco espacio para la difusión de spots; y habría sido interesante verlos frente a los otros contendientes.

Estamos pagando por persistir en la simulación. Ante la ausencia de proyectos, lo último que necesitamos es el silencio o la ambigüedad.

EDITORIAL

Gómez Urrutia, una confusa decisión

Pareciera que no hay manera de eludir el tema López Obrador en el día tras día. No es sólo porque esté al frente de las encuestas, las cuales lleva ya un buen rato encabezando sin objeción alguna.

Se habla también de él por sus desplantes, por lo que dice y no dice, porque es ocurrente y a menudo va un paso adelante de sus adversarios; porque impone la agenda, y porque ha logrado, a través de las redes, crear una especie de ejército que, con su anuencia o sin ella, se dedica a defender o a atacar a aquellos que piensan distinto o que son críticos con el líder de Morena.

López Obrador se ha logrado meter en el imaginario colectivo y lo llevamos a todas partes en nuestras conversaciones. Es el personaje político del país más conocido, está a la par de Peña Nieto, si no es que en algunos municipios o estados sea más conocido que el propio Presidente.

Los muchos años de campaña lo hacen parte de la cotidianeidad ciudadana. No se ocupó de que en la precampaña lo conocieran, porque es conocido en todo el país, se la ha pasado en ello.

En estos meses se abocó a presentar en sociedad a personajes con quien gobernaría, se asume a menudo de manera errónea como seguro ganador de las elecciones. López Obrador presentó su gabinete y hasta candidatos a las fiscalías, siendo, por cierto, que no está en las atribuciones presidenciales.

Hizo, al igual que Meade y Anaya, de la precampaña actos de campaña. Quien sí tenía que recorrer el país para que supieran quien era, en algún sentido lo sigue siendo, fue José Antonio Meade. Aquello de que López Obrador debería recorrer el país para que lo conocieran es obvio que no tenía sentido.

El tabasqueño se ha estado saliendo de sus cánones. ¿Qué tanto le va a afectar? No hay manera de saberlo. Quizá en mayo tendremos una idea de los efectos que tengan sus inéditas decisiones.

El gran problema que tiene Morena es que, de no ser por el muy estrecho círculo de su líder, se cuenta con los dedos de una mano, el partido no tiene interlocutores internos.

López Obrador tiene información, decide sobre los militantes y sobre quienes se han estado integrando al partido bajo su anuencia y hasta perdón. Sus referentes e interlocutores válidos no están necesariamente entre sus colegas de partido.

¿Habrá consultado o comentado López Obrador, si es que lo hizo, la decisión de incluir en la lista de senadores plurinominales del partido a Napoleón Gómez Urrutia y a Germán Martínez?

El tabasqueño parte de la idea de que los medios están en su contra, a veces con razón, y en otras ocasiones lo ha convertido en una cantaleta, pero es evidente que en este caso las

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La amapola y sus guerras

La amapola es una maldición. Buena parte de la violencia que aqueja a Guerrero, Sinaloa, Durango y Chihuahua se explica por la guerra sin tregua para controlar las zonas de producción y las rutas de trasiego hacia Estados Unidos.

En el Informe Mundial sobre Drogas 2017, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se explica que el 79 por ciento de la heroína que se incauta en Estados Unidos tiene su origen en México.

En los últimos años, las organizaciones delictivas mexicanas desplazaron a las colombianas, sobre todo en el Este y en particular en California, Arizona, Colorado y Nuevo México.

Los patrones de consumo están cambiando y las sustancias opioides se abren camino, con todo lo que ello implica, porque suelen causar infinidad de problemas.

Los grupos que controlan el conjunto del negocio son muy poco refinados, y responden inclusive a lógicas de control territorial y no sólo de tráfico. Esto se refleja en los homicidios dolosos.

No es la primera vez que hay una guerra por la amapola, pero todo indica que puede ser mucho más cruenta. Esto también genera problemas de índole social, ya que muchos campesinos se ven obligados a colaborar con los traficantes.

A ello hay que sumar el carácter internacional del problema. En 2016 murieron en Estados Unidos 64 mil personas por sobredosis y la mayoría de ellas por consumir derivados del opio.

Estos números hicieron que el gobierno de Donald Trump declarara, en octubre pasado, una emergencia nacional, por lo que ya es considerada una epidemia.

Lo anterior se reflejará en programas de salud, pero también en estrategias y acciones de seguridad, y sobre todo las que se relacionan con la zona fronteriza y los lugares de ingreso de las drogas.

En nuestro país, en cambio, el costo de la demanda, sobre todo de heroína, se contabiliza en enfrentamientos violentos entre grupos del crimen organizado.

El Comisionado de Seguridad, Renato Sales, ha dicho que los repuntes en los índices delictivos tienen que ver justo con esta situación.

A ello hay que sumar que viene aumentando también el tráfico de fentanilo, que se utiliza de modo controlado, pero que ya tiene una alta demanda en los mercados ilegales y cuyos precursores químicos están llegando a las costas de Colima, provenientes de China.

Hace algunos años ya se percibía que las drogas de diseño tendrían un papel relevante y que su utilización iría en aumento.

Recordemos los grandes decomisos de anfetamina, desviados de su utilización legal e inclusive de sustancias como la ketamina, que obligaron a la Operación Púrpura, que coordinaron la DEA y las autoridades mexicanas en Baja California.

Tiempos difíciles, los que tendremos que enfrentar, por lo menos en el corto y mediano

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Ejército: un servicio de alto riesgo

Se han cumplido poco más de once años de la intervención del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y ahora, más ampliamente, en contra del crimen organizado.

En ese tiempo los soldados de México han recibido reconocimiento en general, así como reproches y reclamos en casos específicos. Puede entenderse esta proporcional combinación de  agradecimientos y acusaciones en una sociedad plural, a la que nadie puede dictarle sus opiniones. Más difícil de entender son las andanadas de imputaciones que periódicamente surgen, no ya para cuestionar sino para agredir a las Fuerzas Armadas sin siquiera exponer el sustento de sus afirmaciones.

Es exigible, desde luego, que los militares lleven a cabo sus acciones con apego al marco legal y con respeto a los derechos humanos y que, de ser el caso, los elementos que incurran en conductas irregulares sean sancionados.

Esta exigencia es cuestión de postulados constitucionales y principios del derecho internacional, por lo que no está a discusión.

Demandar o estar atentos a esta conducta no implica regatear, y menos desconocer, la aportación del Ejército en muchos y diversos ámbitos de la vida nacional, como el propio combate a la delincuencia organizada y la irremplazable ayuda que brinda a la población en caso de desastres naturales o de emergencia por diversos motivos, lo mismo en las grandes ciudades que en los rincones más apartados del país.

Hoy, es inimaginable la realidad que enfrentarían millones de mexicanos en los estados más acosados por la violencia extrema e irracional, que imponen los cárteles de la droga, cuyos empeños delincuenciales se han extendido y diversificado.

Los integrantes de las grandes bandas matan para proteger sus actividades, para arrebatar o conservar rutas o mercados, para abultar sus ganancias, para amedrentar o vengar, para extorsionar o secuestrar, para aumentar sus víctimas de trata y tráfico de personas. Al parecer no bastan la agresión o la muerte. Los cárteles han aumentado su violencia y brutalidad: cuelgan, decapitan, descuartizan, desuellan, disuelven en químicos, reducen a cenizas, desaparecen a personas o arrojan cadáveres y restos a lugares públicos. Se trata de exhibir la crueldad, la que pueden ejercer respaldados por arsenales que les dan una enorme capacidad de fuego, nunca antes registrada en los anales del crimen en México.

Es a esta fuerza destructiva, que asuela a gran parte del territorio nacional, a la que hacen frente los oficiales y soldados del Ejército y la Marina.

No es un juego y tampoco una batalla ventajosa. Los soldados, que son enviados a las regiones más conflictivas, que patrullan calles, carreteras, rancherías y parajes solitarios, hijos de alguien, hermanos de alguien, esposos y padres, viven todos los días condiciones de alto y latente riesgo. Su protección es sólo su preparación, su arma asignada y su ánimo de servicio, puesto siempre a prueba, todos los días, sin importar circunstancias externas o situaciones personales. Y en contra de la sorpresa de la ventaja que tienen los criminales en la emboscada que preparan.

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Cisen, hasta en la sopa

En Lomas Taurinas, la tarde en que asesinaron a Luis Donaldo Colosio había de todo: Líderes de colonias, sindicalistas, matraqueros, comerciantes ambulantes y agentes del Cisen.

Uno de estos últimos se metió en el lío de su vida porque tenía un cierto parecido con Mario Aburto, quien disparó en dos ocasiones al candidato presidencial.

En las asambleas de los zapatistas en Chiapas, en 1994, también había presencia del organismo encargado de estudiar y advertir sobre riesgos graves a la seguridad del país.

El candidato Vicente Fox acusó, en su campaña, a los agentes del Cisen de espiarlo. Es más, dijo que no quería saber nada de ellos y que si llegaba a Los Pinos tomaría cartas en el asunto.

Ganó la Presidencia y pronto supo para lo que servía el Cisen y no se habló más del tema.

Andrés Manuel López Obrador también tiene una muy mala opinión de los agentes de inteligencia y ha anunciado que si triunfa en la elección los días del Cisen estarán contados.

Ricardo Anaya, el candidato de Por México al Frente, reveló y difundió un video en el que muestra que lo seguían. Encaró al persecutor y éste confesó que era agente del Cisen.

La Secretaría de Gobernación confirmó que se realizan seguimientos de los precandidatos, pero negó que se trate de espionaje.

Es un tema delicado, y el abanderado del PAN tiene todo el derecho de estar enojado, pero hay algunas variables que se deben tomar en cuenta.

La protección de quienes aspiran a la Presidencia de la República es un asunto, o debería de serlo, de seguridad nacional. Una de las premisas para una buena elección es la tranquilidad y para que esto ocurra se deben anticipar riesgos.

Cuando ocurren incidentes de alto impacto, una de las primeras preguntas que solemos hacernos es sobre la información previa al hecho, ya que suponemos que hay quienes se encargan de estar alerta o de alertar en el momento adecuado.

Por desgracia para quienes laboran en el Cisen, o en otros organismos similares en el mundo, sus logros quedan ocultos y sus pifias son como tsunamis.

Nunca sabremos de la utilidad de los seguimientos, o al menos no en el mediano plazo, pero ya conocemos el problema que puede generar que los agentes sean sorprendidos mientras vigilan a un político que no fue enterado de que existía un operativo en su entorno.

En el fondo lo que urge es discutir sobre la política de seguridad nacional y su institucionalización. A estas alturas debería existir cierto consenso sobre la utilidad de un órgano civil de inteligencia.

Todo ello, por supuesto, sin dejar de investigar y sancionar lo que pueden ser excesos o conductas contrarias a la ley.

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La epidemia de homicidios

 

El número de homicidios en el país se ha intensificado de manera dramática; Ernesto López Portillo lo llama “epidemia”. Pareciera que el sentido de la vida adquiere nuevas formas de verse y asumirse. Se van acabando los temores ante un asalto para dar paso a la indignación y a reacciones, que llevan en muchos casos a dolorosas tragedias.

Es el hartazgo y el tratar de poner personalmente un hasta aquí. Es la manifestación de la indignación y la búsqueda de la defensa de uno mismo y la de los nuestros. Conocemos los riesgos de lo que puede pasar, pero a pesar ello existe una abierta molestia contra la impunidad.

Los diagnósticos sobre lo que está pasando son en lo general precisos. Muchos investigadores han hecho un gran trabajo y han alertado e informado sobre lo que se vive, el entorno y cuál está siendo el papel de la autoridad. Es evidente que no hay mejor diagnóstico y testimonio que el que ofrecen los afectados. Ellos y ellas viven pesadillas que no terminan con el asalto mismo, o con el eventual homicidio de una persona cercana.

Las secuelas tienden a ser brutales, se pierde el equilibrio personal y llegan a durar más tiempo que el que uno quisiera, aparecen por nuestra cabeza una y otra vez.

Lo importante de los estudios de los investigadores y estudiosos de estos temas es que su trabajo permite tener claridad, con base en su visión general e integral en los ámbitos sociales, económicos y políticos. Llevan a menudo el remedio y el trapito a sabiendas que todo será al mediano y largo plazos.

Las autoridades saben también lo que pasa. Por más que muchos ciudadanos opten por no denunciar los delitos que les cometen, suponemos que tienen claro lo que se vive y padece, es además su primer deber.

Saben de la impunidad, de cómo los Ministerios Públicos dan largas y a menudo confunden y se confunden, y también tienen el pulso de la red de corrupción. Tienen los instrumentos para hacerlo, más allá de lo que registran cotidianamente en los ministerios públicos.

Los diagnósticos muestran las razones de la descomposición, dónde se presenta el mayor número de delitos, cuáles son las causas y las zonas sensibles del delito, pero al final las evidencias muestran poco o nulo avance en la lucha contra la delincuencia.

El problema está en el modelo en su conjunto. No se trata de sólo de ir tras los delincuentes detenerlos y meterlos a la cárcel. Quienes ingresan a los penales salen, en la mayoría de los casos, corregidos y aumentados.

La mirada de esta epidemia debe ser integral. Son muchos los componentes del problema. Es un todo que requiere de una cirugía mayúscula. No estamos haciendo lo que se debe, se sigue con la idea de que metiendo a los delincuentes a la cárcel se va resolviendo el problema y no es así.

Las historias diarias están matando la esperanza, el equilibrio personal y la confianza.

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Las guerrillas: Colombia y México

Las bombas en nuestro país son un recurso poco utilizado y menos aún por grupos que expresan reivindicaciones sociales en sus agendas.

A diferencia de Colombia, donde las FARC y el ELN cuentan con atentados de gran calibre, en México las guerrillas han mantenido, por fortuna, un perfil menos estruendoso.

Los colombianos, para construir la paz, han tenido que enfrentar a grupos con un alto poder de fuego y con presencia y control de amplias zonas del territorio.

Con las FARC se estableció un acuerdo que los tiene participando en elecciones. No fue sencillo y significó un alto costo político para el presidente Juan Manuel Santos; pero se dio un paso importante para cerrar un conflicto interno que ha causado múltiples estragos.

El ELN es, desde hace tiempo, una organización pulverizada en pequeños grupos que actúan por su cuenta y que se dedican a la “guerra”, porque de eso viven y de desde hace décadas.

Hace días hicieron estallar un aparato explosivo en un cuartel policial de Barranquilla, con un saldo de cinco policías fallecidos y otros 40 heridos.

Lo paradójico es que estaba por iniciar la segunda ronda de conversaciones, que sostienen con el gobierno colombiano, en Quito, para avanzar en un acuerdo de paz.

Las diferencias de México y Colombia son notables, sobre todo porque aquí no hay un saldo de sangre tan elevado. Es más, el zapatismo, que es por mucho el grupo con mayor alcance, inició conversaciones a las pocas semanas de iniciado el conflicto y en la actualidad buscan tener en la boleta a una candidata presidencial independiente.

Pero las cosas no siempre fueron sencillas. El 9 enero de 1994, una bomba estalló en el estacionamiento subterráneo de Plaza Universidad. El artefacto había sido colocado en un auto Volkswagen, previamente robado.

En principio se pensó que se trataba de una acción del EZLN, que días antes se había alzado en armas en la región de las cañadas en Chiapas.

Los autores del ataque al centro comercial eran integrantes del Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo (PROCUP), una organización en la que militó Lucio Cabañas y que sobre todo tenía presencia en Guerrero.

El atentado tenía el propósito de establecer una negociación con las autoridades, para que algunos de sus integrantes fueran presentados ante el Ministerio Público, ya que habían sido detenidos semanas antes.

El PROCUP no se andaba con finuras y siempre jugó en una lógica violenta, muchas veces concentrada en ajustes de cuentas internos y en purgas sistemáticas.

De ahí nació el Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes en junio de 2007 hicieron estallar ocho ductos de Pemex en Guanajuato y Querétaro, también para exigir la presentación de dos de sus dirigentes.

EDITORIAL

 

 

Las precampañas e intercampañas

 

Con el primer minuto del lunes 12 de febrero, dio inicio el periodo de las llamadas “intercampañas”.

Para la gran mayoría de la gente que no está muy familiarizada con la materia electoral, no hay ninguna distinción y siente que ha estado sometida a un bombardeo inclemente de spots de campaña desde hace meses.

Pero, legalmente, el periodo que arrancó este lunes y que concluirá el 29 de marzo separa a las “precampañas” (que iniciaron el 14 de diciembre y concluyeron apenas el domingo pasado) de —ahora sí— propiamente las campañas federales, las cuales darán inicio, en el caso de la presidencial, el 30 de marzo y concluirán tres días antes de la jornada electoral del 1 de julio de 2018 (otro breve periodo de “silencio”, conocido como “veda electoral”).

Simulación de la “spotiza” fraccionada. Antes de que se contemplaran en la ley las “precampañas”, el argumento era la iniquidad en la contienda y que las campañas eran demasiado largas. Con las sucesivas reformas, la solución que los partidos políticos y los legisladores han definido, hasta llegar al esquema actual, es claramente insatisfactoria. Puntualmente, en el proceso electoral en curso, como lo sabemos todos, ninguno de los nueve partidos políticos nacionales realizó ningún tipo de elección primaria al conformar tres coaliciones que postulan a respectivos candidatos “de unidad”. A pesar de ello, el periodo de “precampaña” fue utilizado para que todo aquél que sintonizara radio y viera televisión estuviera expuesto a un aluvión de spots, dizque “dirigidos exclusivamente” a militantes, simpatizantes, delegados, concejales o cualquier figura equivalente encargada de ratificar a los precandidatos, quienes no competían realmente contra nadie, y como si la mayoría de la población —ajena a esos colectivos a los que se dirigían “exclusivamente”— pudiéramos ignorar esa propaganda, tan obviamente destinada a posicionar a los futuros candidatos. Propaganda de la que, además, muy poco (prácticamente nada) es rescatable en términos de contenidos. Así transcurrieron dos meses. Quien defienda este modelo dirá que “mala tarde” que para estas elecciones no se presentaran contiendas internas, que en el pasado sí se dieron, como en el caso del PAN, hace seis y 12 años.

Intercampaña. Aquí la simulación es todavía peor. Se supone que viene un periodo de “enfriamiento y reflexión”, antes de que “estallen” las campañas, durante el cual los partidos sólo pueden difundir mensajes “genéricos”, con “contenido institucional”, sin, de ninguna manera, llamar al voto ni promocionar candidaturas, ya que eso constituiría “actos anticipados de campaña”, lo que —dependiendo de la gravedad de la falta— pudiera ser sancionado hasta con la negativa del registro de la candidatura. Pero ello contrasta con la libertad que tienen los medios de comunicación de hacer cobertura informática de actividades y eventos privados de los precandidatos (quienes ciertamente tienen prohibido apelar al voto), amparados por la libertad de expresión y el derecho a la información. Una amplia zona de grises que se presta a decisiones discrecionales. Y todo por tener un modelo de comunicación sumamente abigarrado y restrictivo, que sin duda será necesario simplificar, en caso de una eventual (en nuestro país, altamente predecible) reforma electoral en el próximo sexenio.

EDITORIAL

 

 

Veracruz: el reino del espanto

 

Hace ya varios años, Miguel Bonasso describió, en Recuerdo de la Muerte, el esquema que la Junta Militar Argentina estableció para desaparecer a quienes consideraban un riesgo por su liderazgo social o por lo que pensaban.

Muchas de las víctimas permanecieron detenidas en centros clandestinos durante meses o años, antes de ser ejecutadas.

Por estos hechos se iniciaron procesos y se dictaron sentencias, pero queda la marca de una espiral de terror sin límites y amparada en la fuerza.

En los años setenta, en nuestro país, al menos unas 300 personas fueron detenidas de forma arbitraria por alguna autoridad y ya no se supo de ellas.

Aquí también se iniciaron indagatorias durante el gobierno de Vicente Fox, pero con resultados bastante magros, sobre todo porque no existía una legislación adecuada para perseguir este tipo de delitos y porque el paso del tiempo hizo que la búsqueda de pruebas se complicara mucho.

Hay que recordar, sin embargo, que un expresidente fue consignado por estos hechos y estuvo en arresto domiciliario, y la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla.

Pero el universo de casos estaba acotado y tenía que ver, sobre todo, con los saldos del combate a la guerrilla.

Con la irrupción de la violencia a gran escala, las desapariciones se multiplicaron y en la actualidad son un problema persistente, al grado de que se tuvo que elaborar una ley para enfrentar la crisis y una fiscalía para encargarse de ello.

La mayoría de los casos documentados responden a acciones de la criminalidad organizada, pero hay una franja en la que tienen que ver corporaciones de seguridad.

Por eso es relevante la consignación de 19 expolicías del estado de Veracruz, por la desaparición forzada de 15 personas durante la administración del gobernador Javier Duarte.

Están implicados dos secretarios de Seguridad (uno prófugo) y los directores generales de Prevención y Readaptación Social y de la Fuerza Especial, esta última, en teoría, encargada de combatir a los criminales más peligrosos.

Lo bueno del asunto es que se combate la impunidad y se da respuesta a quienes estuvieron buscando a sus familiares por años, en condiciones de hostilidad en su contra y, ahora sabemos, arriesgándose cada vez que contactaban con la policía.

Lo malo es que profundiza la desconfianza, al observar que los encargados de proteger y servir son en realidad unos bandidos.

Por lo pronto, la Fiscalía del Estado y la PGR están tras la pista de otros 145 casos, lo que podría abrir un verdadero socavón en las fuerzas de seguridad y en particular en quienes las comandaron en el sexenio anterior.

Tenemos que saber qué ocurrió, aunque esto signifique entrar en el reino del espanto.

EDITORIAL

 

 

Los últimos coletazos del dragón

 

El que uno de los líderes históricos de Los Zetas haya sido detenido, sin disparar un tiro, en la Ciudad de México, da cuenta de lo que ha ido ocurriendo con esa organización criminal.

José María Guízar, El Z43, pasaba las tardes en el Hipódromo. Estaban ya lejos los días de plomo, cuando la organización se convirtió en una de las más poderosas y llegó a controlar todo el Golfo de México.

A finales de los años noventa, Osiel Cárdenas Guillén le hizo el encargo a Arturo Guzmán Decena de conformar un grupo de sicarios que brindara protección y que tuviera una alta capacidad de fuego.

Guzmán Decena lo hizo con exmilitares (como él)  que provenían, algunos,  del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES). Entre los convocados de aquellos días estaban  Heriberto Lazcano,  El Lazca, Mateo Díaz López, El Z26, y Jesús Enrique Rejón, El Mamito.

Iniciaba una oleada de violencia que tuvo su punto más alto en 2011, cuando Los Zetas, ya convertidos en cártel, controlaban la franja costera que va de Quintana Roo a la frontera con Estados Unidos.

Los Zetas cambiaron el panorama del crimen organizado porque establecieron un control territorial con un alto uso de la fuerza.  Fueron de los primeros en utilizar mecánicas de propaganda y organizaron quemas de autos y camiones.

Sometieron, en sus zonas de influencia, a una dinámica de miedo y amenazaron a periodistas, determinando, inclusive, lo que se podía publicar y lo que no.

Rompieron límites y cometieron atrocidades, como el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

Como suele ocurrir, generaron su propio antídoto: Los Matazetas, que son uno de los antecedentes del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Y algo similar ocurrió con la Familia Michoacana, con quienes disputaron los mercados ilegales y el control de la extorsión a la sociedad, expresada en venta de protección.

Las guerras con otras bandas criminales y los operativos permanentes de las autoridades federales, y de modo destacado la Marina Armada, han ido debilitando la capacidad de Los Zetas y en la actualidad están divididos en organizaciones pequeñas, como Grupo Operativo Zeta, Fuerzas Especiales Zeta y Sangre Zeta, entre otras células.

La detención de José María Guízar es un eslabón importante, porque se saca de circulación a un sujeto que, a decir de las autoridades, es responsable de mucha de la violencia que ocurre en Tabasco, Puebla y Veracruz.

Los Zetas ya no son lo que eran, pero las células en las que actúan, como en los últimos coletazos de un dragón, son violentas y peligrosas; de ahí que sea importante no bajar la guardia.

Recordemos que se dedican, entre otras actividades ilegales, al secuestro de migrantes, contra quienes suelen cometer fechorías inauditas.

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