EDITORIAL

¿Qué viene en lugar de la “mal llamada”?

El Gobierno está en medio de un complejo dilema sobre la Reforma Educativa. El candidato, hoy Presidente, se la pasó a lo largo de varios años criticando con severidad la reforma de la pasada administración.

La expectativa que ha ido creando sobre una nueva reforma supone que las cosas van a ser por mucho diferentes de las que contenía la “mal llamada”. Se parte de que las discusiones y debates que se han tenido sobre una nueva reforma deberían llevar a nuevos elementos para su creación.

No todo entra en el terreno de lo administrativo,  lo cual fue uno de los aspectos que centraron la crítica y que se convirtió en uno de los elementos que llevaron a tener puntos coincidentes entre el entonces candidato y quienes fueron los principales críticos de la reforma, la CNTE.

Las coincidencias en el tiempo los llevó a aliarse en las elecciones. López Obrador recibió un caudal de apoyos, algunos por debajo de la mesa y otros abiertamente públicos. Pero es probable que uno de los más fuertes e influyentes haya sido precisamente el de la Coordinadora.

Todo indica que las coincidencias tenían que ver fundamentalmente con elementos y definiciones administrativos que contenía la “mal llamada”. No recordamos discusiones o debates que estuvieran en línea con aspectos metodológicos, de contenido educativo y de formas para la construcción de una nueva reforma educativa.

Los grandes temas que se debatieron fueron, por cierto lo siguen siendo para la CNTE, la asignación de plazas para los maestros y las evaluaciones, las cuales se calificaron con cierta razón como “punitivas”.

La prisa que le entró al desaseado y cuestionado gobierno de Peña Nieto, lo llevó a  suponer que si resolvía el tema administrativo iba a resolver el todo de la Reforma Educativa.

Como todos lo vimos, no fue así. En un primer momento daba la impresión que se iba a lograr; sin embargo, a partir de que se fueron aplicando las evaluaciones, las protestas y los problemas se intensificaron. Lo administrativo no se había resuelto.

La reforma de Peña Nieto enfrentó dos grandes problemas: la inminente liberación de la afamada profesora Elba Esther, con todo lo que esto podía provocar y, sobre todo, la casi segura derrota en las elecciones, la cual resultó abrumadora y contundente, no pudieron ni meter las manos.

¿Hasta dónde llega la alianza que establecieron en la campaña López Obrador y la CNTE? La respuesta va a estar en el tipo de Reforma Educativa que se termine por aprobar. Ahí se verá de qué tamaño es la fuerza e influencia de la Coordinadora y qué tipo de acuerdos se armaron.

El miércoles, la CNTE enseñó de nuevo su músculo. Cerca de  mil 500 maestros impidieron la entrada a San Lázaro por lo cual, se dijo: “no hay condiciones para sesionar” sobre la “nueva” Reforma Educativa. Los profesores amenazan con quedarse a las afueras de la Cámara de Diputados al menos 48 horas.

No se puede aprobar ningún tipo de reforma sin los maestros. La clave está en distinguir hasta dónde debe estar como centro de definición para la reforma los intereses gremiales de los profesores, está casi en el todo o nada, y hasta dónde deben plantearse opciones para que los maestros sean el eje de un sistema educativo que le permita al magisterio un desarrollo integral, en donde las componendas y las cuotas se hagan a un lado, para la transformación integral de la educación.

¿Hasta dónde llega el presunto compromiso presidencial con la CNTE, y hasta dónde llegan sus convicciones sobre lo que debe ser una Reforma Educativa, que no vaya a terminar al paso del tiempo también definida  como la “mal llamada”?

Es pregunta, reto y dilema.

EDITORIAL

 

 

La revocación presidencial en América Latina

 

Se debate por estos días la propuesta de revocación del mandato presidencial que han hecho diputados de Morena a la Comisión de Puntos Constitucionales. Si la propuesta gana, es muy probable que se introduzca ese mecanismo de democracia directa en las elecciones intermedias de 2021. Eso daría a dichas elecciones una competitividad mayor que la prevista.

Es curioso: hace apenas unos días el presidente López Obrador se quejaba de la manipulación que Donald Trump hacía del tema fronterizo en un proceso electoral que se volvía continuo. Decía el presidente que ya no había plazos intermedios entre una elección y otra en Estados Unidos, que Trump estaba siempre en campaña. Algo parecido podría suceder en México.

Es importante analizar la experiencia reciente de la revocación en América Latina. Lo primero que salta a la vista es que, como sostienen sus partidarios, el mecanismo no está necesariamente ligado a la reelección. En países latinoamericanos, como Perú y Colombia, la revocación de mandato se aplica en autoridades regionales y locales desde los años 90. Según algunos estudios, en Perú, desde 1993, se han realizado más de 5000 referéndums revocatorios y cerca de 2000 funcionarios han sido destituidos.

La cifra impresiona, sobre todo, si se compara con otros países como Estados Unidos y Suiza, con tradiciones más viejas de aplicación de mecanismos de democracia directa. Sin embargo, académicos como Fernando Tuesta Soldevilla de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consideran que, a nivel regional o local, esos referéndums han sido positivos para la consolidación institucional de la democracia peruana en las tres últimas décadas. En algunos casos, como el famoso de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, en 2013, ella fue confirmada pero la mayoría de sus regidores removidos, por lo que el gobierno mantuvo su continuidad.

Otra cosa es la revocación de mandato a nivel presidencial, porque ahí los plebiscitos pueden contribuir a la polarización, a la interrupción del gobierno o a la construcción de hegemonías aplastantes. Los tres casos más recientes en América Latina son los de los gobiernos bolivarianos de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Las tres constituciones, la venezolana de 1999, la ecuatoriana de 2008 y la boliviana de 2009, establecieron la revocación presidencial, aunque en el caso boliviano el mecanismo fue introducido antes de la Constitución misma.

En Venezuela se produjo un referéndum revocatorio en 2004, tras una negociación entre el gobierno de Hugo Chávez y la oposición, respaldada por la OEA, la ONU y el Centro Carter. Chávez ganó con 59% y a partir de entonces consolidó y radicalizó su régimen político. En Bolivia fue el propio Morales quien propuso el revocatorio de 2008, que ganó con 67%. Una consecuencia inmediata de ambos procesos fue que en los dos países se estableció la reelección indefinida. Pero eso no tendría que pasar a fuerzas en México.

EDITORIAL

Juguemos a matar

Las alertas terroristas se han disparado a su máximo nivel, luego de los ataques en Nueva Zelanda y Holanda. No sólo estamos inmersos en una época de radicalismo auspiciado por controversiales líderes políticos que parecen salidos de las peores épocas de las guerras religiosas de antaño, sino que la cultura del espectáculo y la debilidad de la identidad masculina nos han colocado en un escenario de degradación moral sin precedentes.

Matar está justificado. Millones de personas viven en la neurosis de los nacionalistas, catalizadas por las recientes crisis económicas y humanitarias y por el ansia de poder de populistas que ven en la migración y la globalización los chivos expiatorios perfectos para justificar los males del mundo y aterrorizar a la población para conseguir poderes ilimitados. A diestra y siniestra, las amenazas llegan por caravanas de migrantes (ficticias y reales), ataques a la identidad de las naciones (lo que quiera decir eso en cada caso) y por complots políticos internacionales (en general, imaginarios). Somos una sociedad inmersa en el miedo al otro, cuando ni siquiera sabemos bien a bien quiénes somos nosotros mismos.

Y en este escenario, llega la cultura del juego y del espectáculo. La banalización de las acciones y la falta de empatía ante el dolor humano. La guerra es un videojuego más y nosotros estamos entrenados para matar.

El ataque en Nueva Zelanda se transmitió en vivo por redes sociales. Facebook afirma que ha bajado más de millón y medio de videos del ataque de su plataforma tratando de evitar lo inevitable: la viralización y la exacerbación del odio. El resultado será, ojalá me equivoque, una proliferación de nuevos ataques tratando de “superar el puntaje” del anterior.

Sin ningún pudor, la mayoría de los noticieros retransmitieron partes del infame video, abonando a la intención de los perpetradores: propaganda y entronarse como héroes nacionales. Y todos caímos en su juego.

El presidente Turco, Erdogan, incluso usa esas imágenes en sus mítines buscando generar una reacción en la comunidad musulmana, ofendida al ver los muertos caer dentro de una mezquita. ¿Vale la pena incitar al odio por ganar un par de votos? Parece que sí, puesto que también es la estrategia, desde otro lado del espectro político, de Trump, al justificar con estos actos que protejan los derechos a las armas de sus correligionarios. Ojalá tuviéramos más líderes como Jacinta Ardern, en Nueva Zelanda, quien ha decidido abrazar a la comunidad musulmana en su país y lanzar inmediatamente una estrategia para fortalecer el control de armas.

El terrorismo no tiene raza o religión. El terrorismo no tiene partido político. El terrorismo es una infamia que debe señalarse siempre y con decisión.

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AMLO a 100 días: la aprobación, la forma y el fondo

Se cumplieron 100 días de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las encuestas presentadas en diversos medios de comunicación confirman un amplísimo respaldo ciudadano a su administración.

¿Qué ha pasado en estos 100 días para que la aprobación de AMLO toque el 80 por ciento en muchas mediciones? ¿Es sostenible este número?

Primero, vale la pena diferenciar los elementos que valoran los ciudadanos para aprobar o rechazar a un gobierno. Dicho de manera simple: las formas, y el fondo.

AMLO entiende y utiliza, como nadie, las formas. Sabe que una buena parte de su victoria tuvo que ver con el hartazgo ciudadano a elementos intangibles como los excesos, la lejanía y la percepción generalizada de corrupción entre la élite gobernante.

Desde hace años, le construyó símbolos a estos males, que hoy sigue aprovechando. Anunciar la venta del avión presidencial, cancelar las pensiones de expresidentes, abrir Los Pinos al público o simplemente mostrarse en situaciones de vida cotidiana, aunque no resuelve ningún problema de fondo, le permite comunicar que México ha entrado en una nueva era. Una nueva forma de gobernar.

La otra parte es mucho más compleja: el fondo. Las acciones, las decisiones y los programas que atiendan los problemas reales de la vida de los mexicanos.

En este rubro AMLO ha sido muy estratégico en su comunicación: ante cada crisis u obstáculo, hay una vacuna: los responsables de ese mal son los neoliberales, los conservadores, el PRIAN, la Mafia del Poder. Así ha comprado tiempo.

Pero si bien la comunicación estratégica es una de las herramientas más importantes para gobernar, nunca podrá suplir lo que viven los ciudadanos en su día a día.

Por eso, el peor error que podrían cometer en Palacio Nacional es creer que el 80 por ciento de aprobación significa conformidad con la situación de fondo del país y la vida real de las personas.

Para muestra, el desglose de la encuesta de El Universal: aunque el 79.4 por ciento aprueba en términos generales su actuar, no hay ningún rubro específico que genere un respaldo similar.

El apoyo cae desde el 65 por ciento al combate a la corrupción, 53 por ciento al combate a la inseguridad, o 50 por ciento al manejo de la economía; hasta el 28 por ciento al manejo de marchas y plantones. El número que sí se acerca al 80 por ciento, es el 73 por ciento que cree que el país mejorará con AMLO en la Presidencia.

¿Qué significa esto? Que, si bien la aprobación del nuevo gobierno se basa en parte del respaldo al cambio en las formas, la mayor parte descansa en la expectativa o esperanza de que el fondo mejorará eventualmente.

Y para esto, las conferencias mañaneras no serán suficientes. Tarde o temprano se agotará la paciencia y en ese momento deberán estar listos para presentar resultados.

Por su parte, la tarea de la oposición es acortar la paciencia de los ciudadanos, dejar la reactividad en el debate público, marcar la agenda, y provocar que ésta se trate cada vez más del fondo, no de las formas.

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El gabinete y el pararrayos

Los vertiginosos meses que lleva López Obrador en la Presidencia se han distinguido, entre muchas cosas, por la forma en que ha concentrado de manera apabullante la atención del país.

Suponemos que a estas alturas los integrantes de su gabinete ya les dio tiempo suficiente para saber qué hacer y cuál es el estado de las cosas en sus oficinas.

El seguimiento que se le hace a diario al Presidente raya en lo excepcional, no hay antecedente que se le parezca a pesar de que a lo largo de años nos la hemos pasado bajo el rito y la pleitesía.

En otros sexenios, detrás de los presidentes estaba el gran aparato de difusión que se encargaba de transmitir todo lo que hacían.

Los encargados de su imagen vivían en el límite. Se les iban encima si el Presidente se veía con mala cara, si la corbata no estaba en su lugar o algo parecido, era el cuidado extremo cercano al absurdo.

Se aceptaban las reglas y las formas porque todo se encuadraba en complicidades y convenios entre los dueños de los medios y la Presidencia, era una singular forma de vida y entendimiento. Así se hizo por años y nadie se quejaba, de no ser por la sistemática crítica de analistas y observadores.

Lo que estaba en el fondo eran acuerdos en las formas de cogobernar. Se cuidaban unos a otros y en un buen número de casos cuando había diferencias, tenían que ver con si llegaba el cheque a tiempo a los medios. La frase de López Portillo refleja una práctica viciada y desafortunada que permaneció durante décadas: “no te pago para que me pegues”.

Hoy se sigue al Presidente por todos lados, pudiera haber algunos acuerdos sobre coberturas, pero da la impresión que no las necesita, le caen por doquier.

López Obrador está en todas partes, está en los medios y las redes que se encargan de hablar de él y estar con él. Se le ve en aviones, en carreteras, en las calles, en las mañaneras las cuales se siguen a lo largo de todo el día, se le ve bateando y hasta bebiendo agua de coco con todo y los señalados y fustigados popotes.

Teniendo el Presidente la atención total si alguien lo debiera aprovechar es su gabinete. Les quita los reflectores y cuando hay errores o desaciertos les enmienda la página con cuidado, por lo menos públicamente.

La sobreatención presidencial les debiera permitir claridad para hacer su chamba. Han sido tres meses de trabajo forzado en que la atención no ha estado cerca de ellos, en algunos casos han pasado auténticamente de largo y por ello no se conocen los nombres de la mayoría de quienes integran el gabinete.

El tiempo del aprendizaje se está acabando. Los errores y desaciertos en que han incurrido han tenido el favor del periodo de gracia. También caminan bajo la benevolencia de la sociedad, la cual cotidianamente le otorga todo su apoyo, reconocimiento y aceptación al Presidente y a todo lo que le rodea.

Al Presidente le va a ayudar mucho tener una especie de pararrayos en el mediano plazo. Entre otras razones por el desgaste inevitable al que se va a ver sometido al paso del sexenio. El gabinete seguramente se mueve al ritmo que impone el Presidente, pero está obligado a hacer públicamente su parte y a ser pararrayos.

No hay manera que alguien le pueda quitar los reflectores y la atención a López Obrador, no pareciera necesitar de ninguna complicidad ni acuerdos con medios o con quien sea para ello, como sucedió en otros sexenios.

El gabinete tiene que darse a conocer, algunos dan la cara a menudo y eso es bueno para el Presidente, pero la gran mayoría no actúa de esta manera.

Un proyecto como el que está tratando de instrumentar López Obrador requiere de muchas voces, no sólo la de él por más potente y reconocida que sea.

EDITORIAL

Por más que duela

Algunas de las investigaciones que se hicieron sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala deben ser consideradas y atendidas.

En Gobernación lo saben y van a tener que dar la batalla para recuperar lo que es válido. Si bien hay que cambiar el concepto de “verdad histórica” no se puede soslayar la investigación que se hizo estos años.

En el imaginario colectivo ronda un descrédito de todo lo que se hizo, lo cual tiene su dosis de razón. La muy comentada conferencia de prensa que ofreció la PGR, por quien era el titular Jesús Murillo Karam, fue un conjunto de luces y sombras que terminó mal por aquella expresión de “ya me cansé”, la cual si bien tenía que ver con el estado de salud del procurador, fue expresada en el peor de los momentos. La otra expresión para la controversia fue la referida “verdad histórica”.

Algunos elementos parece que ya no pasan por tantos cuestionamientos. El secuestro hecho por la autoridad local para entregar a los normalistas a la delincuencia organizada es el punto de partida para todas las versiones.

El resto de esta lamentable y triste historia se mueve entre versiones contradictorias, intereses creados; una pésima comunicación de los hechos por parte del gobierno de Peña Nieto; personas que han lucrado con los hechos; un buen número de detenidos sin ser sentenciados; declaraciones bajo tortura y presiones, sólo por mencionar parte de lo que hemos vivido estos años en el doloroso y brutal caso.

¿Qué tantos elementos nuevos se podrán encontrar por la Comisión de la Verdad creada por el gobierno, la cual va a ser instalada en un máximo de 30 días?

En función de lo que se ha investigado y es del dominio público es probable que se confirmen algunas de las versiones de lo que ya se conoce. La clave del asunto y lo que hará las cosas diferentes está en que haya certezas para todos, pero sobre todo para los padres de familia, amigos y para la comunidad de la Normal Isidro Burgos.

Por más que todo sea brutal y doloroso, digamos que una vez más para las familias, no hay nada como conocer la verdad de los hechos.

En este marco, la decisión del gobierno, de crear una comisión sobre el caso, es un acierto. Quizá al final de los trabajos se mantengan cuestionamientos, algunos de ellos probablemente derivados de la impotencia y el dolor, pero de alguna forma todos estaremos un poco más “tranquilos”, por decirlo de alguna forma.

Podría de una vez por todas quedar claro que se hizo todo lo que estaba a la mano poder hacer teniendo a un lado a los padres de familia, y que además las cosas se hicieron como ellos lo solicitaron, lo que incluye la integración de la CIDH, la cual ha estado en varios momentos en el centro de la controversia.

Pensar el país de manera diferente, en medio de una gran crisis de violencia, tiene en el caso de la desaparición de los normalistas un gran reto y una oportunidad. Conocer a detalle lo que pasó puede ser ocasión de que muchos otros casos que tenemos entre nosotros tengan salidas similares. Quiere decir que creando comisiones para casos emblemáticos —con solidaridad, convicción y profesionalismo—, que se han presentado estos años, podríamos estar desarrollando condiciones para la reconciliación y justicia que tanto le urgen al país.

El gran reto para la Comisión de la Verdad anunciada ayer está, paradójicamente, en llegar a la verdad. No tiene sentido crear una comisión a modo o para tratar de atemperar ánimos y justificados enconos. Se trata de que esta comisión sea una especie de punto de partida para futuras investigaciones. Se trata de tener mecanismos válidos y creíbles, es por ello que se deben hacer bien las cosas, por más que nos duela.

EDITORIAL

Aborto, ¿debate o consulta?

Las consultas son para el Presidente eje de la y su gobernabilidad; desde que era candidato lo perfiló y a estas alturas ya nadie puede decirse sorprendido cada vez que nos aparece una.

No todo es susceptible de pasar por las consultas; algunas veces se deberá a la complejidad y lo delicado de los temas; y en otras ocasiones, porque hay que cuidar el mecanismo.

No podemos estar todo el tiempo bajo consulta, porque muchos asuntos son competencia del Gobierno; finalmente para eso se le eligió. Las consultas que se han hecho hasta ahora han provocado controversias y, en otros casos, serias dudas, más allá de las metodológicas.

La consulta que se hizo sobre la construcción del nuevo aeropuerto, independientemente de su resultado, si a alguien convenció fue a aquellos que estaban en contra de la construcción. Al final pareció que si de algo se trataba, era de cumplir una importante promesa de campaña.

La consulta acerca de la terminación de la termoeléctrica de Huexca se desarrolló bajo los mismos parámetros. El resultado fue favorable para que se terminara la obra, pero da la impresión de que el tema no está cerrado.

Un grupo importante de habitantes de la zona se manifestó en contra de la consulta en torno a la obra, entre quienes están el nieto de Emiliano Zapata. Parece que la salida más sensible al problema podría pasar por Palacio Nacional.

No tanto porque el Presidente decida directamente, sino porque escuchar a los ciudadanos sobre el tema le va a permitir entender, en una nueva dimensión, cómo ven las cosas, reconociendo el valor que tiene; no bastó con la consulta.

En este asunto no se trata sólo de indemnizar y así resolver las cosas para dejar a todos más o menos “contentos”; como es el caso del nuevo aeropuerto, ante lo que ya se vio que ni así andan muy “contentos” que digamos. En Huexca se trata de ciudadanos que defienden con razones atendibles sus raíces y el medio ambiente.

Con estas experiencias, sin quitarle valor alguno al mecanismo, pensar en una consulta nacional para determinar el sí o no al aborto se ve muy peliagudo, para decir lo menos.

Estos días nos hemos podido dar cuenta, diríamos que una vez más, por obvio que sea, que el tema coloca a la sociedad en plena confrontación. No hay medias tintas ni se ve punto alguno de encuentro.

La sesión del jueves pasado en el Senado muestra el nivel al que llegan las cosas. Las diferencias son grandes y no sólo se dan entre los partidos; se dan también al interior de los mismos.

Las marcadas diferencias entre las morenistas Malú Micher y Lilly Téllez dan la dimensión de cómo se ve un tema que es de todos, pero que particularmente es de las mujeres. Es un tema social, político, económico, religioso, pero, por sobre todo, de derechos humanos.

El Presidente aseguró de manera singular, pues sabe muy bien cuál es el tamaño del asunto, que no es un tema prioritario para el país; de la misma manera también lo ve el avezado e influyente senador de Morena Ricardo Monreal.

Estamos en medio de un galimatías. ¿Cuándo va a ser el mejor momento o cuándo deberá ser prioritario debatir sobre el sí o no al aborto? A este paso, nunca llegará el día, porque lo que hay de fondo es que no se quiere discutir algo que, de suyo, nos va a confrontar seriamente.

El Presidente ha tenido cuidado en no dar a conocer lo que piensa acerca del aborto; es un hombre de profundas creencias religiosas, lo que no permite conocer bien a bien qué es lo que quiere, piensa y cree.

Un factor a considerar es que López Obrador tiene en su entorno a un grupo de mujeres que están a favor del debate y del aborto. Tarde que temprano tendrá que decir lo que piensa y quiere. Una consulta sobre el sí o no al aborto no va resolver nada.

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Represión y “diálogo” en Nicaragua

La periodista Gabriela Selser ha relatado para Associated Press las últimas incidencias de la crisis nicaragüense. Cuenta Selser que el pasado fin de semana, estudiantes de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) denunciaron que un operativo militar disolvió violentamente una manifestación pacífica con balas de goma en Managua. La periodista de la cadena Univisión, Tifani Roberts, habría sido alcanzada por unos disparos.

Cada manifestación opositora en Nicaragua culmina con varios muertos, heridos y la detención de decenas de activistas. De acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde que estallaron las protestas en abril de 2018, han muerto, al menos, 325 personas, más de 2000 han resultado heridas y unas 770 son identificadas como presos políticos. El propio gobierno de Daniel Ortega no hace mayores esfuerzos por negar esas estadísticas, y admite que cerca de 200 personas han fallecido en los enfrentamientos.

Mientras la represión, como en Venezuela y en Cuba, se incorpora a una estrategia de resguardo de la soberanía del Estado frente a la presión nacional e internacional a favor de la democracia, el gobierno orteguista abre una línea de diálogo con la oposición, que sobrevive a un nivel muy precario. Wilfredo Navarro, diputado del Frente Sandinista, pero que proviene, en realidad, del Partido Liberal de Arnoldo Alemán, que pactó con Daniel Ortega en los años 90, ha sido nombrado al frente de la delegación oficial que negocia con los opositores.

Del lado de la oposición interviene el economista Miguel Arana, miembro de la Alianza Cívica y Presidente de la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense. También participa la abogada Azahálea Solís, también de Alianza Cívica, quien ha llamado la atención sobre el doble comportamiento de un gobierno que, a la vez que se dice dispuesto al diálogo, no deja de reprimir manifestaciones pacíficas. Tanto Arana como Solís insisten en la fragilidad de la plataforma del diálogo en Nicaragua, mientras Ortega mantenga el mismo trato despótico frente a las acciones estudiantiles.

En Nicaragua, a diferencia de Venezuela, gobierno y oposición pueden sentarse en la misma mesa. Pero el dilema de lo innegociable emerge de un modo muy parecido, toda vez que el fin de la represión es una prioridad opositora y el cese de las manifestaciones populares es la primera demanda del gobierno. Típico dilema de los autoritarismos del siglo XXI: una seguridad artificial a cambio del derecho a la protesta legítima.

Como único puede aplacarse el malestar popular en regímenes que han perdido la legitimidad frente a la ciudadanía y frente a la oposición es por medio de reformas políticas concretas o nuevos procesos electorales que conduzcan a una alternancia en el poder. Lamentablemente, ahí se ubica el límite de lo negociable para élites decididas a mantener el control de las riendas del Estado a cualquier precio.

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Las causas del enojo

El enojo es una emoción indispensable para la vida social, porque nos permite defendernos de las injusticias y afirmar nuestra dignidad. Sin embargo, carga con un estigma, tanto en Occidente como en Oriente, por su capacidad de destrucción, por los deseos de retribución o venganza de quien se siente denigrado, violentado o herido.

Por lo tanto, la moderación del enojo es un objetivo de mejoramiento humano muy popular. Tanto así, que se considera sabios a quienes se enojan poco y perdonan mucho, aunque también pueda tratarse de miedo a la confrontación y falta de carácter.

El enojo permite el autoconocimiento porque nos revela lo que es importante para nosotros. Lo que a algunos enciende, a otros les parece irrelevante, así que habría que hacer distinciones: la primera es si el enojo proviene de una transgresión al respeto por la dignidad humana o si surge de un sentido exagerado de importancia personal: “a mí nadie me hace esto”.

El enojo es una extraña mezcla de dolor y placer. El placer aparece cuando nos imaginamos a quien nos hizo daño o le hizo mal a quienes amamos, sufriendo.

Las personas somos raras. Algunas se enojan contra objetos sin vida como una máquina de refrescos que se ha descompuesto. O contra una puerta que no podemos abrir o contra una cama porque nos hemos golpeado un dedo del pie con ella. También hay quienes sufren de enojo súbito, como el de un niño de dos años que grita hasta que la dan helado, que se enfurecen en segundos por el tránsito, porque la sopa que le trajeron está fría o por cualquier otra nadería.

Hay algunos humanos que siempre se están comparando con los demás, midiendo su poder e intentando prevalecer para ser el macho o la hembra alfa del lugar. El concepto de honor es un pretexto para la violencia en muchos países donde los asesinatos por honor son una práctica normalizada.

Muchos feminicidios surgen de una falsa herida en el honor masculino. En la competencia por el dominio de una mujer, un hombre puede llegar a matarla porque la prefiere muerta que verla con otro. La prefiere muerta que desobediente.

Si al analizar las razones del enojo aparece una preocupación preponderante por el estatus social, es posible que el origen sea narcisista: alta inseguridad personal y alta vulnerabilidad.

El pensamiento mágico le hace daño a nuestra capacidad de pensar. Creer que hay un orden cósmico y que por tanto la venganza lo restituye, sólo genera la amplificación del enojo y luego de la violencia. Recibir el justo castigo (comeuppance, en inglés) es el final que deseamos para el asesino serial, para el malo de la película o de la novela.

Ver una venganza gore en televisión, aunque para algunos sea disfrutable ya que por fin el malvado ha recibido lo que merece, va en contra de un principio fundamental del orden social: el respeto por la dignidad y la vida debe ser idéntico para todas las personas.

EDITORIAL

Abucheos, silbatinas y aplausos

Siendo presidente electo López Obrador les planteó a los gobernadores, en la Conago, que les pedía que lo acompañaran a todos los actos públicos en los que él participara en sus estados.

No pusieron buena cara. Permeó la idea de que no les iba ir nada bien junto al Presidente. Decían que les iban a silbar y que al final sólo el Presidente nos “salvaría de la quema”.

Varios gobernadores le hicieron ver a la gente cercana a López Obrador que no iban a ser escenarios nada favorables para ellos debido, entre otras cosas, a la gran popularidad del Presidente y a los ánimos y reacciones que provocó entre la gente el resultado de la elección.

Las cosas no cambiaron y se quedaron como originalmente las había planteado el entonces presidente electo. Todo lo que hemos visto en estos tres meses en al menos 17 estados del país era algo previsible. Por más que ahora el Presidente diga que “lo que sí está mal es que piensen que yo promuevo eso, eso sí está mal”, es evidente que bajo las actuales circunstancias en el país era previsible que lo que está pasando sucediera.

El Presidente no necesariamente lo provoca pero tomando como base su amplia experiencia en la acción política, resulta difícil que no haya visualizado, o que se le pasara de largo, lo que puede suceder, es un hombre que percibe bien y es un buen lector de escenarios presentes y futuros.

Lo que ha hecho el Presidente en este tipo de actos es dejar pasar un poco el tiempo hasta que decide entrar en acción para frenar los impulsos de sus furibundos seguidores. Está claro que la gente si a alguien quiere ver y escuchar es al Presidente y no a los gobernadores.

A éstos no les queda de otra que estar, esperar y ampararse en López Obrador, quien de alguna forma es quien determina el tiempo de duración de la rechifla y la silbatina. Lo vivido por el gobernador de Colima muestra la dinámica que se ha ido estableciendo en los actos públicos del Presidente. Los gobernadores van, en un buen número de casos, a su propia quema, en su propio estado y ante su propia gente.

Independientemente de todo lo que se especule, está claro que lo que está pasando no recae sólo en el Presidente. Él sabe hasta dónde alargar la liga para luego atemperar las cosas, pero de manera paralela habrá que identificar que esto es solamente uno de los elementos de varios que confluyen en lo que pasa.

En un buen número de casos los gobernadores se han ganado el abucheo y la rechifla. Lo que pasa es que quizá no se veía porque tenían el control de los escenarios, con López Obrador presente todo cambia porque no hay forma de controlar a la gente en los actos.

Los ciudadanos en la mayoría de los estados llegan con enorme antelación para ver a “su” Presidente. Ellos son los que aplauden, chiflan y abuchean, en muchos casos de la mano de la línea que les dictan los dirigentes locales de Morena.

La llegada de López Obrador ha puesto en la mesa muchos más temas de los que originalmente se pensaba. El encono, el cual a veces llega a pasar por un  sentido de venganza social, prevalece en el país, lo sabe el Presidente y también los gobernadores y en general la clase política.

Se juntan una infinidad de escenarios producto de las muchas dolencias y adversidades que ha acumulado el país a lo largo de décadas. Todo ha adquirido otra dimensión desde el triunfo de López Obrador; para buena parte de la sociedad estamos entre la esperanza y sin olvidar lo que se hizo durante años, sobre todo en el pasado sexenio.

Los gobernadores son una de las partes más visibles de la representación de ese pasado. El Presidente lo sabe, tiene claro que hay enojo contra ellos y que él es lo nuevo y diferente. Esto va a durar un rato más, está en el Presidente buena parte del asunto.

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