EDITORIAL

Aideé, una víctima más

Las universidades públicas viven abiertas, no hay manera de entenderlas y concebirlas de otra manera; es su sino y una de sus definiciones.

Esto no sólo vale por sus discusiones, investigaciones y por su vida académica. Son el centro del conocimiento integral y la libertad de pensamiento, sus espacios físicos son parte de su definición y libertad.

Los muchos cambios que ha venido padeciendo y viviendo la sociedad han alcanzado inevitablemente a las instituciones de educación media superior y superior.

Los extraordinarios campus de CU y Zacatenco, para mencionar dos de los más identificados, se han  visto obligados a imponer mecanismos para controlar las entradas y salidas como nunca antes se hubiera imaginado. En algún sentido se rompió un encanto de años en que se podía entrar y salir con facilidad a ellos.

No es que antes se viviera en una especie de paraíso terrenal, lo que sucede es que la dinámica violenta del país terminó por alcanzar a instituciones que por definición son espacios abiertos y de  libertad.

No es que no pasara internamente nada, lo que sucede es que se tenía un diagnóstico que permitía atajar los problemas al tiempo que esto llevaba a prontas soluciones, y sin nostalgias eran otros tiempos.

Otra variable a considerar, es que todo lo que pasa al interior de los centros educativos adquiere gran relevancia y más si se trata de hechos violentos.

La comunidad de la UNAM y el IPN, entre otras, han hecho grandes esfuerzos por mantener un ambiente de tranquilidad interna y equilibrio para poder desarrollar sus actividades escolares. Sin embargo, es obvio que no hay manera de que estén aisladas del país que somos.

Desde siempre se ha tratado de utilizar los espacios universitarios para cualquier tipo de actividades. Al ser instituciones libres y abiertas muchos las han usado, y las siguen usando, para acciones abyectas sin importar lo que esté de por medio.

La UNAM ha batallado en los últimos años para controlar las actividades delictivas a su interior, en particular la venta de drogas. Existe una justificada sensibilidad en la UNAM contra una eventual presencia de las fuerzas de seguridad en su interior.

Para la comunidad es definitivo y si alguien sabe y se aprovecha de esto son los delincuentes, quienes desde su muy singular manera interpretan aquello de que la UNAM es un espacio autónomo, abierto y libre.

El lamentable asesinato al interior de un aula del CCH Oriente de una de sus estudiantes, Aideé “N”, se enmarca en este proceso. Pareciera que se va ganando la batalla contra la violencia, pero es cuestión que se presenten hechos como éste, perpetrados por quienes se aprovechan de la UNAM, para que las cosas se vuelvan a colocar contracorriente.

La muerte de Aideé nos lleva también a no perder de vista con lo que está pasando en la cotidianeidad de muchos jóvenes en el país. Independientemente de las muchas hipótesis del caso, se viene a confirmar el estado de indefensión en la que vivimos incluso estando en unaula.

Un hecho, hasta ahora definitivo, es que según la autoridad ninguno de los presentes en ese momento en el salón de clases es responsable de lo sucedido. Esto incrementa aún más las especulaciones y preguntas sobre la complejidad que se  vive en el CCH Oriente.

Lo doloroso, triste y brutal es la muerte de Aideé. Las autoridades deben explicar pronto lo que pasó. Se debe hacer por la UNAM, para aclararle a la comunidad lo sucedido y generar certidumbre.

Pero sobre todo se debe hacer por Aideé, por sus familiares, amigos y compañeros del CCH Oriente, y en el camino por los jóvenes del país.

EDITORIAL

Una reforma para nosotros

La historia de la vida sindical mexicana tiene todo tipo de rostros. Hay pasajes extraordinarios en que los trabajadores han defendido sus derechos en medio de presiones, intimidaciones y agresiones de los patrones y del mismo gobierno.

En los 50, 60 y 70 se vivieron momentos graves en los que los sindicatos fueron atacados y sometidos por parte del gobierno, lo que se quería era que los trabajadores se asumieran como parte del gobierno en lo que se llamó el corporativismo.

La paradoja era que los sindicatos que no querían formar parte del corporativismo, de hecho uno de sus principios era no formar parte de ello, se tenían que autodefinirse como independientes, como si de suyo, y, por definición, un sindicato no tuviera que ser autónomo e independiente.

El gran boom de sindicatos independientes en los sesenta y setenta en muchas universidades, tanto públicas como privadas, era una definición que tenía que ver con la forma en que se quería construir y entender el desarrollo del sindicato.

Hubo muchos otros casos de importancia que dejaron importante legado. Recordemos al SUTERM, la lucha de Othón Salazar con los maestros, la huelga de los médicos, Demetrio Vallejo, entre muchos otros. De alguna manera estamos entrando en nuevos terrenos sindicales por la lucha de personajes como los mencionados.

La definición de los sindicatos independientes buscaba asumir una clara toma de posición hacia lo que durante años había sido la vida de los sindicatos del corporativismo, los cuales terminaron siendo parte de los aparatos de gobierno.

Se entró en un círculo perverso en que la dinámica de la condiciones de trabajo se definían por los lineamientos del gobierno y, no por las demandas de los trabajadores, las cuales eran negociadas y atemperadas por los líderes, en muchos casos bajo un efectista contubernio con la autoridad.

En los últimos años muchos sindicatos empezaron a perder fuerza. La razón es que se fue rompiendo la cohesión y los trabajadores optaron por tratar directamente con los patrones. No es el mejor de los caminos, pero por lo menos así ellos negociaban directamente y entendían de qué se trataba su proceso, a diferencia de las negociaciones entre los aparatos burocráticos de los sindicatos y los empresarios, muchas de las veces hechas en lo oscurito.

Los trabajadores se fueron viendo y sintiendo cada vez menos representados. El valor y efectividad de los sindicatos se fue diluyendo por el uso que se les fue dando.

Un ejemplo es la vida interna del SNTE. Cuando el presidente Salinas de Gortari ya no quiso tener interlocución con quien era el líder del sindicato, Carlos Jonguitud, trajo a una de las discípulas del líder para ponerla como dirigente máxima de los maestros, Elba Esther Gordillo.

Tiempo después el turno fue para la resucitada profesora, Peña Nieto la metió a la cárcel y trajo a Alfonso Cepeda. Los trabajadores de la educación se la han pasado viendo cómo les quitan y ponen dirigentes desde el gobierno.

Estas breves referencias vienen a cuento porque esta semana se aprobó una muy interesante Reforma Laboral, que podría ofrecerles a los trabajadores una opción real en su vida sindical.

Van a poder decidir a qué organización sindical quieren pertenecer y tendrán la autoridad para elegir a sus dirigentes a través de voto secreto, con la transparencia como divisa obligatoria.

La reforma es parte de las negociaciones del T-MEC, pero más que “cumplirle” al gobierno de EU, se está organizando la vida de los trabajadores democráticamente, es hasta cierto punto histórico.

Se entiende la insistencia en hablar de que “cumplimos”, pero el gran valor de la reforma es que es de nosotros para nosotros.

EDITORIAL

El informe de Sipinna

La violencia que azota al país nos ha colocado en medio de un recuento de personas muertas, en el que pareciera que impacta más el número mismo, que las consecuencias sociales de lo que provoca.

Nos hemos ido acostumbrando a la muerte y al clima de violencia; ya forman parte de nuestro entorno. El alivio es que no nos toquen.

En algunos estados, las cosas se han deteriorado dramáticamente. Guanajuato, que tiene uno de los PIB más altos del país, es prueba de ello. La situación interna en el estado es cada vez más grave. Se han conjuntado varios elementos, entre ellos, el tema del huachicol, lo que ha colocado al estado bajo una presión cotidiana. No hay municipio que se salve; todos tienen que estar atentos y con la guardia en alto.

Como Guanajuato, hay también otros estados que tienen a la violencia en su cotidianeidad, lo que los ha llevado a cambiar sus formas de vida. El hecho de que en algunas escuelas enseñen a los niños qué hacer en caso de que se presente una balacera es la manifestación más acabada del estado de las cosas. Se entra en terrenos en los que se ve como “normal”  algo que es exactamente lo contrario.

En esto anda el país desde hace tiempo. Si las cosas se agudizan en x estado, sólo cuando se logra controlar lo básico, la violencia en algún sentido se erradica; lo que acaba pasando es que ésta termine mudándose, junto con la delincuencia organizada, y busca dónde asentarse.

A lo que le hemos puesto poca atención en toda  esta dinámica es lo que puede estar pasando por las cabezas de las niñas, niños y adolescentes en todo el país. Cómo se están formando como personas y cuál va siendo su concepción de lo que ven en su casa o en los espacios que habitan.

El muy atendible informe de Sipinna (Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes) nos presenta un panorama de cómo es la vida de los menores y la gran cantidad de riesgos que corren. Le presentamos a continuación algunos datos del informe.

El documento reporta que en 2018 se registraron 2 mil 908 homicidios de infantes, de los cuales, mil 683 se presentaron en Guanajuato, estado que, como mencionábamos párrafos antes, está metido en un círculo perverso de violencia.

En el informe también se da a conocer que en el pasado se abrieron más de 13 mil carpetas de investigaciones de delitos por lesiones contra población menor de 17 años. El 90% de las denuncias por lesiones refieren como víctimas a niñas y adolescentes.

Un elemento que merece la mayor de las atenciones es el hecho de que seis de cada 10 menores han experimentado alguna vez un método de disciplina violenta.

El comparativo con años anteriores muestra una variable central que refleja uno de nuestros grandes pendientes sociales: la adversidad bajo la cual viven los menores en materia de salud. En 2016 se registraron 26 mil 782 defunciones de menores de un año de edad, de las cuales el 68% eran evitables. Los casos más graves de muertes evitables ocurren en Chiapas.

El informe de Sipinna llama la atención de lo que viven los menores y el estado bajo el cual están.

En el país, 20.4 millones de niños viven en pobreza; en general, los infantes son más pobres que los adultos y la casi totalidad de los niños que hablan una lengua indígena viven en pobreza; la cifra alcanza el 91.75%.

Por último consignemos que del total de la población, los niños son el 33% y se les destina apenas el 13% del presupuesto.

Lo importante del informe es que pueda ser la base de nuevas políticas públicas. Es un diagnóstico preciso, fundamentado y, sobre todo, doloroso.

Hoy sabremos muchas cosas sobre los menores de nuestro país en la sesión de Sipinna, institución que está dirigida por la sensibilidad y conocimiento de Ricardo Bucio.

EDITORIAL

¿Feliz Día del Niño?

El pasado martes 16 de abril, en un hospital de Oaxaca, nació por cesárea un bebé de aproximadamente 3 kilos de peso en excelente estado de salud. Él y su madre fueron dados de alta a las pocas horas. Coincidentemente, madre e hijo nacieron en la misma fecha; sin embargo, eso no es lo sorprendente. Lo realmente impactante es que la madre solamente tiene 11 años más que su primogénito. Ella, apenas una niña de 11 años de edad, como muchas otras en México, deberá hacerse cargo de su primer hijo.

Se acerca el Día del Niño, buen momento para reflexionar sobre el entorno por el que atraviesan los niños en nuestro país. En México viven 39.2 millones de niños y adolescentes menores de 17 años, que constituyen una gran reserva de juventud, sueños e ilusiones.

Este enorme grupo de población no atraviesa su mejor momento. De ellos, cerca de 3.5 millones trabajan para sufragar sus gastos o colaborar con la economía de sus familias. En materia de seguridad, se calcula que en México existen al menos 30 mil niños enrolados en las filas de la delincuencia organizada.

Aproximadamente la mitad vive en pobreza, situación que, si no se revierte con prontitud, seguramente se reproducirá en las siguientes generaciones. La pobreza infantil resulta la más dolorosa de todas, ya que sus efectos en los niños pueden dejar huellas imborrables a lo largo de su vida.

Cerca de 4 millones de ellos no han tenido la dicha de asistir a la escuela y los que sí se encuentran matriculados en una tienen grandes dificultades para asistir o sufren de diversas carencias en ellas.

Anualmente, cerca de 4 millones y medio de ellos son víctimas de abuso sexual, lo que coloca a nuestro país en el primer lugar mundial con base en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Más grave aún si tomamos en cuenta que sólo uno de cada diez de estos delitos se denuncia, siendo los abuelos, padres, hermanos, tíos, primos, padrastros y amigos de la familia los principales agresores.

Por si esto fuera poco, nuestro país ocupa el primer lugar entre los integrantes de la OCDE en cuanto al número de embarazos en niñas. El 70 por ciento de las menores de 14 años embarazadas lo están de hombres mayores de 18 años; un dato contundente que deja al descubierto el gran deterioro por el que atravesamos.

Es claro que nuestro país tiene hoy diferentes retos que enfrentar en diversas materias; sin embargo, ésta, la que atañe a nuestra niñez, es de las más urgentes de todas. La política social que emprende el Gobierno de México tiene su espíritu y corazón en elevar el bienestar de las familias y, por ende, el de los niños; sin embargo, es urgente que juntos fortalezcamos todos los esfuerzos en pro de los niños de nuestro país para, en un futuro cercano, estar en condiciones de realmente celebrar esta fecha, más que enmarcarla en el calendario como un llamado de atención sobre lo que no hemos hecho o hemos dejado de hacer.

EDITORIAL

Como sea, primero los pobres

Puede no gustar la forma en que está haciendo las cosas el Presidente, pero nadie se puede decir engañado o sorprendido por lo que ha hecho y anuncia que hará.

Todo está en el guion que nos adelantó en su campaña y desde hace al menos 18 años. Informó, entre otras cosas, que si ganaba, organizaría conferencias de prensa matutinas diarias, en las que iba a reportar acciones de su gobierno, y que también le servirían para responder a sus adversarios, “los conservadores”. Dijo además que no se “iba a quedar callado” y utilizaría “su derecho de réplica”.

Una cosa es que se diga lo que viene y se promete, y otra, que todo esté formalmente entre nosotros. Los escenarios han pasado por una suerte de montaña rusa, lo único definitivo es que el Presidente tiene la última palabra, así le sea adverso lo que se dice o se le venga encima la terca realidad.

Da la impresión de que la crítica a López Obrador ha perdido de vista una de las razones por las cuales ganó las elecciones: el hartazgo hacia los sexenios anteriores, que colocaron al país en el centro de la lacerante pobreza, la desatada corrupción y la incontrolable inseguridad y violencia.

El nuevo gobierno no ha podido hacer mucho de lo que prometió. Es cierto que el tiempo está siendo un factor en contra, el cual le está impidiendo cambiar el estado de las cosas.

Sin embargo, un tema para detenerse es que sigue prometiendo y se autoimpone plazos en ello, los cuales se ve difícil que se puedan cumplir; lo último fue que la violencia se erradicará en seis meses.

López Obrador ganó sin duda por méritos propios en donde, reiteramos, el entorno jugó un papel destacado. Esto que es muy sabido es bueno recordarlo bajo lo que ya es el nuevo ejercicio del poder por parte del tabasqueño.

Querer que le vaya mal es un sinsentido, porque a los primeros que les va a terminar yendo mal es a todos, empezando, una vez más, por los más pobres.

Nos está costando entender y acostumbrarnos a lo que estamos viviendo. No sólo es lo hasta cierto punto inédito del momento histórico; es también que el Presidente tiene formas muy suyas; por cierto, son de siempre, las cuales en el marco de muchos años de lucha por la democracia, la crítica y la participación ciudadana se llegan a  ver palidecidas e incluso menospreciadas.

Los mismos seguidores de López Obrador a menudo optan por mejor quedarse callados o emitir sus necesarias críticas para un mejor ejercicio del poder y gobernabilidad en voz baja; prefieren esto antes que aparecer como críticos del Presidente.

No se aprecia que las cosas a lo largo del sexenio vayan a ser muy diferentes de lo que han sido desde el inicio. Vamos a seguir entre jaloneos, confrontaciones y, en pocos casos, reconocimientos entre la crítica y el Presidente.

En medio de todo lo que se vive, haciendo a un lado filias y fobias, chairos y fifís, es fundamental que la lucha contra la pobreza pueda ofrecer resultados tangibles. Se requiere de un gran apoyo y compromiso en un país con una abrumadora, y hasta grosera, concentración de la riqueza.

Lo de “primeros los pobres” quizá sea una de las causas por las cuales López Obrador tuvo un gran apoyo nacional. Mucha gente se vio identificada por primera vez en sus vidas con un político que les habla directamente y, además, piensa en ellos para gobernar.

Vamos a tener que convivir seis años, nos gusten o no, las formas de unos y otros. La gran mayoría que tiene el Presidente puede ser un subibaja; no tiene garantizado el apoyo. Para que las cosas sigan como las quiere el Presidente requiere de resultados y si bien la lucha contra la violencia es clave, lo primero, primero, primero son los pobres.

EDITORIAL

Educación, no todo está resuelto

Se entiende el por qué buena parte de la discusión sobre la Reforma Educativa esté centrada en los temas administrativos y en la situación laboral de los maestros.

Las condiciones bajo las cuales han vivido a lo largo de años han sido adversas. Han sido mal pagados y cuando llegaban a recibir algún tipo de aumento, a duras penas les alcanzaba para medio equilibrarse.

Para lo que sí han sido utilizados a lo largo de años ha sido para la rentabilidad política. Cuando en el 2000 llegó Vicente Fox a la Presidencia se creyó que las condiciones para los maestros serían diferentes y alentadoras.

Sin embargo, lo único que cambió fueron las alianzas. La afamada profesora líder del SNTE estableció acuerdos con Fox y luego con Calderón, lo cual le duró hasta que de nuevo llegó el PRI, el mismo que la había ungido en tiempos de Salinas, que la metió a la cárcel.

Mientras todo esto pasaba, los maestros eran “conminados” por sus líderes, particularmente por la líder la cual está afanosa por regresar, para que apoyaran y se movilizaran a favor de candidatos que hubieran hecho alianzas con el sindicato; fue el caso de Fox, Calderón, y en algún sentido también el de López Obrador.

Los maestros han sido utilizados en infinidad de ocasiones. Insistimos, no son casuales las arduas discusiones sobre temas laborales y administrativos. Los profesores han sido defendidos de manera desigual por sus líderes, los cuales tienden a aprovecharse de su posición de fuerza y capacidad de decisión.  Al final presionan e intimidan abajo y negocian arriba, tienen dos caras.

Decía el sociólogo estadounidense Wright Mills, que los líderes se encumbraban por el apoyo de los trabajadores, y que por lo general se mantenían en sus cargos debido al apoyo que les proporcionaban los patrones, con quienes al final se acababan entendiendo.

En varios sentidos, muchos de los temas administrativos que ocupan y preocupan a los maestros han sido debatidos. No todo son las demandas de la CNTE, por más que quiera hacerse ver como interlocutor único o como si fueran sólo ellos quienes defienden a los profesores.

Pareciera que estos temas están siendo subsanados. La aprobación de la nueva Reforma Educativa y la abrogación de la “mal llamada”, en San Lázaro deja todo bajo una suerte de nuevo round para la discusión sobre las leyes secundarias. Habrá que ver qué se dice en el Senado, con todo y que se augura la aprobación.

Partiendo de que de alguna manera los temas laborales y administrativos caminan —lo de las plazas sigue siendo un enigma—, se debe pasar al verdadero eje de discusión: el contenido de la reforma.

Hay temas que por ahora no quedan claros. Las evaluaciones, por ejemplo, en todos los niveles siguen siendo un asunto controvertido. Es uno de los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje que permite conocer el nivel de conocimiento y aprovechamiento que tienen los estudiantes en lo cotidiano y de un ciclo escolar a otro.

El diagnóstico sobre los alumnos se debiera tener en el día con día. Sin embargo, sin que se trate de meter a los estudiantes en procesos que pueden llegar a ser “traumáticos”, se requiere conocer de manera precisa en qué van bien y en qué van mal. Las evaluaciones sirven en buena medida para ello, todo depende del criterio en que se sustenten y cómo se hagan.

Éste es uno de los instrumentos de la educación que merece un gran debate, nos somos de la idea de que se haya dicho la última palabra al respecto.

La educación está en constante movimiento y transformación, ésta es una de sus condiciones que la definen.

En el debate de las leyes secundarias urge que se hagan otras tareas, y que aparezcan quienes realmente saben de educación; que se discuta sin atavismos y sin filias ni fobias.

EDITORIAL

Como sea, primero los pobres

Puede no gustar la forma en que está haciendo las cosas el Presidente, pero nadie se puede decir engañado o sorprendido por lo que ha hecho y anuncia que hará.

Todo está en el guion que nos adelantó en su campaña y desde hace al menos 18 años. Informó, entre otras cosas, que si ganaba, organizaría conferencias de prensa matutinas diarias, en las que iba a reportar acciones de su gobierno, y que también le servirían para responder a sus adversarios, “los conservadores”. Dijo además que no se “iba a quedar callado” y utilizaría “su derecho de réplica”.

Una cosa es que se diga lo que viene y se promete, y otra, que todo esté formalmente entre nosotros. Los escenarios han pasado por una suerte de montaña rusa, lo único definitivo es que el Presidente tiene la última palabra, así le sea adverso lo que se dice o se le venga encima la terca realidad.

Da la impresión de que la crítica a López Obrador ha perdido de vista una de las razones por las cuales ganó las elecciones: el hartazgo hacia los sexenios anteriores, que colocaron al país en el centro de la lacerante pobreza, la desatada corrupción y la incontrolable inseguridad y violencia.

El nuevo gobierno no ha podido hacer mucho de lo que prometió. Es cierto que el tiempo está siendo un factor en contra, el cual le está impidiendo cambiar el estado de las cosas.

Sin embargo, un tema para detenerse es que sigue prometiendo y se autoimpone plazos en ello, los cuales se ve difícil que se puedan cumplir; lo último fue que la violencia se erradicará en seis meses.

López Obrador ganó sin duda por méritos propios en donde, reiteramos, el entorno jugó un papel destacado. Esto que es muy sabido es bueno recordarlo bajo lo que ya es el nuevo ejercicio del poder por parte del tabasqueño.

Querer que le vaya mal es un sinsentido, porque a los primeros que les va a terminar yendo mal es a todos, empezando, una vez más, por los más pobres.

Nos está costando entender y acostumbrarnos a lo que estamos viviendo. No sólo es lo hasta cierto punto inédito del momento histórico; es también que el Presidente tiene formas muy suyas; por cierto, son de siempre, las cuales en el marco de muchos años de lucha por la democracia, la crítica y la participación ciudadana se llegan a  ver palidecidas e incluso menospreciadas.

Los mismos seguidores de López Obrador a menudo optan por mejor quedarse callados o emitir sus necesarias críticas para un mejor ejercicio del poder y gobernabilidad en voz baja; prefieren esto antes que aparecer como críticos del Presidente.

No se aprecia que las cosas a lo largo del sexenio vayan a ser muy diferentes de lo que han sido desde el inicio. Vamos a seguir entre jaloneos, confrontaciones y, en pocos casos, reconocimientos entre la crítica y el Presidente.

En medio de todo lo que se vive, haciendo a un lado filias y fobias, chairos y fifís, es fundamental que la lucha contra la pobreza pueda ofrecer resultados tangibles. Se requiere de un gran apoyo y compromiso en un país con una abrumadora, y hasta grosera, concentración de la riqueza.

Lo de “primeros los pobres” quizá sea una de las causas por las cuales López Obrador tuvo un gran apoyo nacional. Mucha gente se vio identificada por primera vez en sus vidas con un político que les habla directamente y, además, piensa en ellos para gobernar.

Vamos a tener que convivir seis años, nos gusten o no, las formas de unos y otros. La gran mayoría que tiene el Presidente puede ser un subibaja; no tiene garantizado el apoyo.

Para que las cosas sigan como las quiere el Presidente requiere de resultados y si bien la lucha contra la violencia es clave, lo primero, primero, primero son los pobres.

EDITORIAL

Damnificados de la 4T

La 4T enarbola el combate a la corrupción. Al mismo tiempo, el desprecio a la meritocracia “fifí” la lleva a depender más de redes personales que del reconocimiento de capacidades profesionales. Meritocracia significa pagar a las personas de acuerdo con el trabajo que hacen, pero la 4T pone topes a ese pago.

La meritocracia supone que los ingresos sean de acuerdo con la experiencia y los grados académicos, pero la 4T sospecha que detrás de ellos siempre hay privilegios de clase social. La parte positiva de la política de la 4T es que busca la igualdad social, pero algunos incentivos al trabajo duro ya han desaparecido ¿Para qué estudio o trabajo más si ganaré lo mismo que otros que no saben y sólo hacen grilla?

Sabemos que muchas personas exitosas lo son principalmente por sus ventajas familiares e, incluso, por el tono de su piel y el color de su cabello. Pero este último hecho no borra otro alarmante: antes de la 4T, los mejores profesionistas ya se quejaban de la falta de meritocracia en México, debido al amiguismo y al intercambio de favores. Lo llamábamos corrupción. Y la 4T es aún menos meritocrática.

Que un servidor público gane más que el Presidente ya está prohibido. Ese principio no sólo ha expulsado hacia el sector privado o, incluso, al extranjero, a algunos de los mejores profesionistas mexicanos, sino que en una versión similar, pero aplicada a los beneficiarios de los servicios de salud, está poniendo en peligro de muerte a algunos enfermos. Que en el sistema de salud público un enfermo reciba tratamientos igual o más costosos que el salario del Presidente les parece intolerable a los funcionarios de la 4T. Incluso para atender una enfermedad grave que el paciente no provocó. Pero ¿debe estar prohibido? ¿Incluso si la persona moriría sin esos tratamientos? En caso de que usted, querido lector, responda afirmativamente, asuma claramente que está poniendo al Presidente de la República no sólo como medida de la medianía republicana, sino de la vida y de la muerte.

En concreto, las personas con hemofilia están en riesgo. No son pacientes ordinarios. Cuando llegan a un centro de salud con una hemorragia y los hacen esperar, pueden desangrarse en media hora o, incluso, morir de dolor. En el pasado, cuando sus medicamentos han sido sustituidos por otros chinos, para ahorrar, contrajeron hepatitis C. Hay pánico entre personas con hemofilia porque la 4T pretendería cerrar la mejor clínica de hemofilia de México, ubicada en el Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Al enviarlos a hacer la cola en hospitales menos especializados, habrá tragedias. Que ningún funcionario gane más que el Presidente tiene daños colaterales, pero es moralmente defendible. Pero usar el mismo patrón de medida para poner topes a los subsidios a algunos enfermos es dejarlos morir. No es acabar con privilegios, sino con vidas.

EDITORIAL

¿Contrarreforma constitucional?

El desempeño de la economía depende más de las instituciones (reglas del juego, comenzando por las normas jurídicas), que de las políticas económicas (medios utilizados por el gobierno para modificar los resultados de los mercados, consecuencia de los acuerdos entre oferentes y demandantes).

Ejemplo de políticas económicas son las políticas de precios, con las cuales el gobierno modifica el precio al que oferente y demandante están dispuestos a intercambiar (precio de mercado), imponiendo un precio por debajo (precio máximo) o por arriba (precio mínimo), generando escasez (precio máximo) o sobreoferta (precio mínimo), distorsionando el mercado.

Cito a Douglas C. North: “Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana (…) El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico (…) Es innegable que las instituciones afectan el desempeño de la economía (…) (y) el desempeño diferencial de las economías a lo largo del tiempo está influido fundamentalmente por el modo en que evolucionan las instituciones”.

Las dos rondas de reformas estructurales, las del sexenio de Salinas de Gortari (autonomía del Banco de México, TLC, privatizaciones, por citar las más importantes), y las del gobierno de Peña Nieto (telecomunicaciones, competencia, financiera, laboral y energética, [no incluyo la fiscal porque no fue reforma sino contrarreforma]), lo que hicieron fue modificar el marco institucional en esas áreas de la economía con una triple intención: lograr mayor estabilidad (menor inflación), mayor competitividad (para atraer más inversiones directas), y mayor crecimiento económico (que depende de las inversiones directas, dando como resultado una mayor producción de bienes y servicios, una mayor creación de empleos, y una mayor generación de ingresos).

Dado que con las reformas estructurales se modificó el marco institucional de la economía se les debe llamar reformas institucionales mismas que, en términos generales, tanto las de Salinas de Gortari como las de Peña Nieto, apuntaron en la dirección correcta. El problema, con muchas de ellas, es que se aplicaron a medias y/o de mala manera, por lo que los resultados, sobre todo en términos de crecimiento de la economía, han dejado mucho que desear. ¿Cómo subsanarlo? Aplicándolas correctamente, corrigendo sus excesos y defectos, no eliminándolas para regresar al marco institucional anterior, tal y como ya está sucediendo con la reforma energética.

¡Cuidado con la contrarreforma institucional!

EDITORIAL

El debate de las cifras

Los graves remanentes que tiene el país en materia de violencia e inseguridad, y que afectan de manera tan dolorosa a los ciudadanos, requieren de mucho tiempo y de diversas estrategias que puedan revertir el actual orden de las cosas.

Es importante saberlo y reconocerlo, porque permite entender los tiempos y delimitar de la mejor manera responsabilidades y conocer las razones y orígenes de ello.

Efectivamente, las cosas no van a cambiar en cinco minutos. El Gobierno ha sido insistente en esto, pero se le están juntando en el tiempo las promesas hechas en campaña y ha estado apareciendo, como le decíamos la semana pasada, la impaciencia en unos y otros.

El Gobierno no puede lanzar responsabilidades y culpas a diestra y siniestra, porque el tiempo ya le corre en su contra, o en su favor, según se quiera ver, desde hace meses.

Quiere decir que la pelota está en su cancha y que debe asumir la responsabilidad de lo que está pasando. Esto se ha dado en algunos casos, pero en otros, el silencio o meterse en los terrenos de la guerra de cifras sobre el número de personas muertas tiende a diluir y hasta banalizar el necesario debate.

La agudización de la violencia en estos meses tiene muchas formas de interpretarse. Si bien venimos de situaciones al límite, no se ha visto en este periodo que las cosas estén cambiando.

Lo que si se está padeciendo es una agudización de la violencia. El discurso y los hechos están siendo muy distintos en los terrenos de la llamada “terca realidad”.

Este fin de semana volvió a ser fatal y terrible. Lo de Minatitlán confirma la descomposición. No hubo la más mínima consideración en el ataque de sicarios en una fiesta privada. Todo indica que éstos se metieron a una fiesta en la que entró una persona a la que perseguían. No les importó que el perseguido nada tuviera que ver con la fiesta; dispararon sin ton ni son, incluso contra una mujer que llevaba a su hijo de menos de un año en brazos.

Los hechos merecían una respuesta diferente de la que se ha dado hasta ahora; estamos, además, en medio de una absurda lucha entre el fiscal y el gobernador de Veracruz.

El debate de hace unos días que tuvo el Presidente con el periodista de Univisión-Televisa sobre el número de personas muertas en el país por hechos violentos es más importante y significativo de lo que a simple vista se vio.

Buena parte de la mañanera se centró en cuestiones de forma, más que de fondo. Parte de lo que pasó se limitó a señalar si el periodista se comportó de una manera u otra, y si el Presidente se incomodó.

El tema es de mayor profundidad. Llama la atención porque andamos en medio de filias y fobias alrededor del Presidente. Pareciera que el número de personas muertas por hechos violentos fuera secundario. No es la primera vez, por cierto, que le presentan estas cifras al Presidente; quizá lo que se dio es que estaba en terrenos en que no pudo evitar la controversia con el protagónico periodista.

Si el Gobierno no tiene cifras precisas no va a ser posible que sean efectivas sus políticas públicas; es por ello que éste es, debe ser, uno de los ejes del verdadero debate. Tener información precisa es el fundamento de cualquier acción de gobierno; lo que ha pasado es que el Gobierno es reacio cuando se habla de cifras y estadísticas.

Revertir la violencia e inseguridad requiere de tiempo, todos lo sabemos, incluso quienes despotrican con cualquier pretexto contra el Presidente.

Uno de los problemas está en la forma en que reacciona el Gobierno ante la crítica y ante información que no le gusta o parece.

En el tema de la violencia e inseguridad todos estamos bien metidos. El Presidente debe entenderlo y hacernos partícipes para ir juntos, en esto no hay verdades absolutas; ya se debieron dar cuenta.

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