EDITORIAL

Migración, desaparición y discriminación

Y entonces el planeta Tierra se dividió, con fronteras, murallas y muros; y el derecho a la movilidad quedó sujeto a las leyes migratorias. Y después, las mujeres tuvieron que salir a buscar hijas e hijos desaparecidos, por el derecho a la verdad y la justicia.

En estas últimas semanas, Chiapas toma de la mano dos causas que se debaten en la opinión publica de nuestro país y en el gobierno entrante: la migración y las personas desaparecidas.

Como sociedad, nos hemos indignado con el muro que nos criminaliza y ofende por su racismo y, sin embargo, nos cuesta cuestionar nuestra coherencia frente a la frontera sur, al saber de la necesidad de quienes tienen que dejar su país y que se encuentran con que hace mucho que las personas dejamos de ser ciudadanos del mundo. Esto no es todo, además ellas y ellos, al transitar por México, se topan con una violencia inimaginable que las desaparece y ahí, nuevamente, surge ese dolor que nos conmociona al ver a las madres, padres, familiares y amigos preguntándose ¿dónde está?, ¿quién se la llevó?

Así llegan dos caravanas, una de migrantes y otra de las madres, que se juntan en un mismo espacio, Chiapas, y que recorrerán el país, aunque con fines diferentes. Unos rumbo a alcanzar el sueño de alejarse de la pesadilla que viven en su país para lograr una vida más digna, a sabiendas que el cruce por México los puede llevar a perderla y, otra, la de las madres que llegan para ver si terminan con su pesadilla y encuentran a quienes fueron a buscar un sueño de una vida mejor. No sólo es un encuentro de personas, sino un encuentro de derechos: derecho a la movilidad, derecho a solicitar asilo, derecho a la verdad y a la justicia, derecho al trato sin discriminación.

En temas de migración, estamos frente a un problema global que requiere soluciones regionales, pero que son los países los que toman las decisiones y aquí el gobierno entrante, ya tomó las primeras al respecto, con los nombramientos de Tonatiuh Miguel López, como comisionado del Instituto Nacional de Migración, y Andrés Ramírez Silva, como director de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar); y además, Alexandra Hass se mantiene en Conapred.

Cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, el pensamiento nos lleva a las mujeres, las personas jóvenes e infantes, así como personas LGBTTTI y personas con discapacidad. Hoy, temas de migración, refugio, desapariciones y discriminación que se entrelazan con dos causas que nos han desquebrajado: migración y desapariciones, que conlleva a personas que históricamente han sido excluidas por racismo, xenofobia, homofobia o misoginia. Ahora las tres instituciones tendrán que andar también en caravana, pues la tarea no es nada fácil.  Sin embargo, brindará la oportunidad de repensarse y avanzar como la caravana, con una perspectiva de derechos humanos.

EDITORIAL

Consulta de la ignominia

 

Como todo el mundo se enteró, el fin de semana pasado se celebró un ejercicio de opinión pública acerca del futuro de los aeropuertos de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Lo positivo. El beneficio de la duda a la intención de diversificar mecanismos de participación política.

Lo negativo. Prácticamente todo lo demás. Hay algo que se debe dimensionar en los antecedentes. A Andrés Manuel López Obrador le tocará encabezar el gobierno a partir de diciembre de 2018. No en 2006, 2012 o 2024 (a menos que proponga reformas constitucionales en beneficio propio). Esto significa que le toca asumir la responsabilidad de un proyecto que ni buscó ni quiso y cuyos réditos políticos, en su caso, serán asociados a otros, específicamente a Enrique Peña, que hizo del aeropuerto de Texcoco el proyecto insignia de su gobierno. O sea, será recordado como el aeropuerto de Peña; con todo lo que ello implica y de ahí, la necesidad de desvirtuar ese legado.

El punto es que, independientemente del nivel de avance de la obra de Texcoco (20% para unos, 30% para otros) y de la danza de los millones por los costos de su cancelación (alrededor de 100 mil millones), se trata de enfrentar compromisos del Estado mexicano que van más allá de la duración de un gobierno. López Obrador utilizó exitosamente el tema del nuevo aeropuerto en la agenda de campaña. Ahora, en vez de encontrarle una solución responsable –ahí está el inmenso boquete físico, financiero y político–, la deslindó y diluyó hacia “el pueblo bueno y sabio que no se equivoca”.

En cuanto a la celebración de la mal llamada consulta nacional, el proceso no deja de extrañar. Si se considera que muchos de sus organizadores, promotores y defensores se han quejado históricamente de procesos electorales cuyos resultados no les favorecen y que desacreditan su organización al más tenue pretexto, llama poderosamente la atención la falta de cuidado que pusieron en los procedimientos y la logística de la consulta. Más allá de las descalificaciones a las críticas, quedaron plenamente exhibidas deficiencias como no conceder de forma universal el derecho a opinar en la consulta, la parcialidad entre árbitro y convocante, el uso de datos personales de los electores, la posibilidad de que una persona pudiera votar en múltiples ocasiones, los errores en la app, el escrutinio y cómputo de papeletas, el resguardo de los paquetes y un larguísimo etcétera. Adicionalmente, está el bajísimo número de votantes, si se compara con los 30 millones de votos que hace apenas unas semanas recibió AMLO en la elección presidencial.

En balance. La Real Academia Española define ignominia como afrenta pública. Eso fue justamente lo que generó la consulta: una confrontación que abona a polarizar aún más a la sociedad en un tema que debió resolver el próximo gobierno, que debe ser responsable de asumir decisiones de Estado, por más impopulares que sean, ya que para eso fue electo. Ojalá que en la narrativa exitista de los organizadores, no les genere la convicción de que son buenos organizando consultas… o elecciones.

EDITORIAL

Ganó Santa Lucía y perdió México

Ganó Santa Lucía, así lo dijo el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el discurso en el que avisó que la obra del aeropuerto de Texcoco se echaba para atrás, al mismo tiempo que aseguraba que la llamada consulta nacional sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) había sido un éxito.

Habló de que el pueblo había decidido que se hicieran los cambios y que no habría corrupción. ¿Acaso no es un acto de corrupción hacer una consulta en donde eres juez y parte, en la que se podía votar hasta en cinco ocasiones, en donde no había observadores más que los de Morena y en donde se contabilizaron los votos sin control alguno, por que nadie resguardó esas urnas?

Imaginemos por unos segundos si esta consulta se hubiera dado hace pocos años  con López Obrador en la oposición. ¿Acaso no cerró Paseo de la Reforma durante meses acusando un fraude electoral?

La estrategia de comunicación que ha venido trabajando el Presidente electo le ha funcionado muy bien. Mandar un mensaje sin ser cuestionado y que “el pueblo” lo crea.

El mismo Presidente electo reconoció que había errores en la consulta, pues ésta no había costado millones.

Y además, mencionó que habrá muchas más consultas  en donde incluso se cambiará un artículo en la Constitución para poderlo hacer. Esto preocupa y mucho.

Finalmente, tras cuatro días de una consulta ciudadana llena de errores e incertidumbre, “los ciudadanos” se inclinaron por la opción para reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.

Tras conocerse los resultados el dólar subió 37 centavos en relación al cierre del viernes, cuando se ubicó en 19.32 pesos, colocándose así en 19.73 pesos por divisa. Se llegó a vender el dólar hasta en 20.05 pesos por dólar en los bancos.

La Bolsa cayó 4.2 por ciento. Y calificadoras internacionales como Morgan Stanley le han retirado la calificación de inversión a México.

Por otra parte, el nuevo reporte del banco suizo UBS, dado a conocer tras la consulta, dice que el resultado a favor del aeropuerto de Santa Lucía lo ve como un primer paso para extender el mandato del Presidente de México, más allá de los seis años.

A su vez, la entidad financiera estadounidense Morgan Stanley recortó su recomendación para México de “sobrepeso” a “bajo peso”, argumentando que la baja en la calificación es por la cancelación del NAIM.

La Coparmex desconoció la validez legal de la consulta ciudadana y pidió al Presidente electo continuar la obra. “No le reconocemos validez legal, ni legitimidad, ni mucho menos validez estadística a la consulta nacional”, aseveró Gustavo de Hoyos, dirigente de la Coparmex.

Los industriales del país también se manifestaron en desacuerdo con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

“No podemos aceptar el resultado porque existe un principio de derecho que establece que los cambios no pueden ser retroactivos, especialmente cuando se han invertido ya más de 100 mil millones de pesos, ¿qué caso tiene tirarlos?”, señaló Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

En este sentido, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, lamentó la decisión y afirmó que el costo real está “en la confianza y la certidumbre”.

Aseguró que el cancelar las obras en Texcoco manda un mensaje de incertidumbre al mundo con respecto a los compromisos del Estado mexicano para el cumplimiento de una obra transexenal y de proyectos a largo plazo.

En tanto, Alexandre de Juniac, presidente y director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), señaló que la decisión de cancelar la construcción del NAIM es una mala noticia para México y para la aviación: “México y la Ciudad de México necesitan desesperadamente incrementar la capacidad del actual aeropuerto. El aeropuerto está congestionado, necesitamos un nuevo aeropuerto y lo necesitamos rápido”.

IATA destacó que la cancelación del NAIM generará la pérdida de 20 millones de pasajeros al año, 200 mil empleos y 20 mil millones de dólares anuales en el Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2035.

Por lo pronto, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco tendría un costo de 100 mil hasta 120 mil millones de pesos, de acuerdo con cálculos del Gobierno federal.

De acuerdo con Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, 307 empresas sufrirán daños económicos que tendrán que ser reparados. Del total de las compañías involucradas en el proyecto del NAIM, 90 por ciento son mexicanas.

Para Morena sólo se trataba de una campaña de desprestigio contra la consulta. Aunque también hay morenistas que apoyan la construcción del aeropuerto en Texcoco, como el caso de Higinio Martínez, senador de Morena por el Estado de México.

El legislador desestimó las versiones de comuneros e integrantes del equipo de transición sobre supuestos daños ambientales generados por la obra.

“Se dice que con el aeropuerto va a desaparecer el lago de Texcoco y eso no es cierto, el lago desapareció desde hace 200 años, lo que queda es un lago de aguas grises, el ‘Nabor Carrillo’, que se alimenta del drenaje y de los ríos de Texcoco, Teotihuacán y Chicoloapan, que han sido contaminados por decenas de años”, explicó.

No es entendible la verdad que el Presidente electo tome una decisión como cancelar la obra del NAIM. La realidad es que es un tema de pesos y centavos. En efecto, hay personas que compraron terrenos alrededor del aeropuerto de Texcoco sabiendo que ahí finalmente se iba a construir el aeropuerto, seguramente habrá asignaciones de contratos a personas allegadas al actual gobierno, como siempre se da en todas las administraciones y con personajes de todos los partidos.

¿No sería más fácil recomprar los terrenos que beneficien a algunos? ¿Revisar los contratos y reasignar aquellos, si es que los hay, que no cumplan con toda la transparencia?

¿Por qué poner en riesgo la estabilidad económica que tenemos en este momento? Una estabilidad que es indispensable si se quiere tener tantos programas sociales. Porque para poder cumplirlos se necesita dinero y mucho.

Éstas son muchas de las preguntas que nos hacemos los mexicanos.

EDITORIAL

La razón de los populistas

Sobre el populismo han corrido ríos de tinta en todo el mundo y han incrementado particularmente debido a su ascenso en latitudes y contextos tan distintos como los de Estados Unidos, Brasil, Francia, Turquía o México, así como a la multiplicidad de formas que ha adoptado: desde nacionalismo de derecha xenófobo hasta expresiones radicales de izquierda.   

Sin embargo, no deja de resultar interesante cómo en los lugares en donde ha triunfado el populismo, repentinamente mucha de la capacidad de análisis político suele salir por la borda y las explicaciones para entender su ascenso, triunfo y operación suelen limitarse al señalamiento de la incoherencia alrededor de los movimientos populistas y la crisis de la oposición. La descalificación y el relegamiento del análisis riguroso del populismo ha hecho que, más que comprenderlo, lo veamos con asombro y pasmo.

Si alguien votó por Trump, Bolsonaro, el Brexit, el Frente Nacional, Morena o cualquiera de las expresiones globales del populismo, se asume la absoluta irracionalidad de los votantes, del movimiento y de la situación política en su conjunto. Por ello vale la pena rescatar a uno de los analistas que ha partido de negar esta ausencia y, por el contrario, ha buscado ofrecer una explicación más clara: se trata de Ernesto Laclau, en particular, en La razón populista.

El punto fundamental para Laclau ha sido explicar cómo el populismo puede tener tantas variantes y expresiones, a la vez que comparte un elemento único sin importar el lugar del que se trate. El punto fundamental no se encuentra en un tipo de ideología o en la simple creación de discursos incendiarios con la palabra “pueblo” o “gente”, sino en que el populismo surge como consecuencia, respuesta y oposición a algo que Laclau denomina “significantes vacíos”.

En el juego democrático de las reglas liberales, un elemento fundamental consiste en la creación de mecanismos para garantizar la libertad individual, el libre comercio y para la defensa de los derechos. Pero lo que Laclau nos recuerda es que existen una serie de demandas de las personas que, si son ignoradas de manera sistemática y generalizada, pasan de ser demandas democráticas y convertirse en demandas populares. Estas demandas no atendidas pueden tomar la forma de agravios y reclamos de justicia, equidad, libertad, etc., pero el punto fundamental es que el discurso populista toma estos espacios vacíos que ha dejado el status quo y los llena.

El populismo no surge de la nada. Por el contrario, posee una lógica propia en la que los significados políticos que construye pretenden ocupar estos huecos. Así, los agravios de la pobreza generalizada y rampante o la corrupción desmedida, por ejemplo, en la medida que no son realmente atendidos por el sistema, permiten justificar y articular el discurso populista si se ligan a una explicación de quién o qué es el responsable. Llegar a los contornos de esos espacios vacíos pasa por reconocer que los éxitos populistas surgen de los fracasos de las democracias en que nacen, pero mientras sigamos arrojando la idea de que el populismo simplemente es irracional, sin un ejercicio de auto-crítica, no podremos dar ni siquiera el primer paso para entenderlo y responder.

EDITORIAL

La madre de todas las caravanas

Honduras es el país más violento del mundo; en 2012, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes rebasó los 90; en 2017 el indicador disminuyó a 43. En 2018, en México, el índice de homicidios hasta julio del año más violento de la historia llegó a 25.

La migración de centroamericanos es oleaje humano constante que, en su ir y venir, escribe tragedias cotidianas, invisibles a los ojos de organismos gubernamentales o no, prensa y sociedades inmersas en otras angustias.

Hace 10 días se consignó una caravana de dos mil hondureños que partía de San Pedro Sula con destino a Estados Unidos, escala en Guatemala y larga travesía por México. A 650 kilómetros y una semana de distancia, el río migrante llegó a Tecún Umán, frontera de Guatemala con Ciudad Hidalgo, Chiapas, contaba ya con siete mil seres humanos. Y vienen más.

Las raíces de la obligada migración son las de siempre, lo que cambia es el contexto. Trump, en modo campaña, de cara a la elección intermedia del 6 de noviembre; y México, en pleno traspaso de poderes y deberes.

El portazo de hondureños en el cruce fronterizo, el fin de semana, fue el golpe mediático que dimensiona la tragedia migrante, diplomática, legal y humanitaria que enfrentamos.

En México, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, imponiendo personalmente las urgencias xenofóbas de su jefe; en Guatemala, cumbre trilateral urgente con Enrique Peña Nieto al teléfono para armar un andamiaje logístico y político que le reste fuelle a esta caravana que, desde Tecún Umán, empuja.

Naciones Unidas, a través de la ACNUR aceptó el auxilio que solicitó el canciller Luis Videgaray para armar el rompecabezas; ley migratoria que impide el paso sin documentos, la ética humana que manda solidaridad y asistencia, el miedo genético de centroamericanos que desconfían de cualquier censo en que pretendan inscribirlos, la presión de Washington y el populismo humanista de la futura administración federal.

Problema inasible, incontrolable; la caravana que cruzó por el puente se multiplicó a lo ancho del río Suchiate el fin de semana, ahora se reagrupa en Tapachula y prepara su avance. Los gobiernos locales evaden la letra dura migratoria y se refugian en asistir a los más vulnerados.

Donald Trump agradeció el sábado a México por frenar a los indeseables; el domingo machacó que, ahora sí, los mexicanos respetan su rudo liderazgo y ayer declaró emergencia nacional. Manoteó para militarizar su frontera sur, al tiempo que reprochó la incapacidad de los mexicanos para frenar la escurridiza vanguardia centroamericana.

Por encima de las más de mil solicitudes de refugio que Migración procesa, o las visas de trabajo que el Presidente electo imagina para centroamericanos, construyendo el Tren Maya, enfrentamos una realidad inédita que demanda coordinación, interna y externa, mucha seriedad, aplomo y tamaños para resolver todo lo que implica esta particular caravana migrante.

EDITORIAL

¿Vuelve la vida a ser normal después de una depresión?

Uno de los obstáculos para atender la depresión es pensar que quien pide ayuda es débil e incapaz de superar sus problemas con pura fuerza de voluntad y deseos de sentirse bien.

Una vida que no parece terrible e incluso se ve funcional puede tener como protagonista a una persona desolada, con sentimientos de minusvalía y vacío. La depresión está asociada estadísticamente a trastornos de personalidad o de alimentación, pero puede aparecer espontáneamente aunque alguien parezca tenerlo todo.

Es difícil comprender que la depresión es una enfermedad con manifestaciones distintas en cada persona, que los caminos hacia la recuperación no son tan claros y que como la medicina en general, se basan en el ensayo y el error.

Mucha gente deprimida se resiste a iniciar un tratamiento con antidepresivos por temor a que su vida vuelva a ser miserable cuando dejen la medicina. Éste es un pensamiento típico de alguien que está deprimido: si no inicia un tratamiento se siente miserable y si inicia un tratamiento también se siente miserable, porque sus predicciones de futuro son catastróficas y la esperanza de mejorar escasa.

La gente inicia un tratamiento esperando que tenga un principio y un final y que la vida vuelva a recobrar cierta normalidad al concluirlo. En el campo de la salud mental los esfuerzos de investigación y tratamiento suelen dirigirse a los que sufren. Se tienen mucho más claras las variables asociadas a la depresión que las razones por las que algunos se recuperan mejor que otros en el largo plazo.

Una investigación reciente de Rottenberg, Kashdan y Disabato, concluyó que se tiene mucha información de las primeras seis a ocho semanas de tratamiento enfocadas en reducir los síntomas negativos como la baja autoestima, el cansancio y los pensamientos suicidas, pero lo que ocurre en los meses y años subsecuentes en términos de logros positivos es territorio desconocido. Sería muy útil dar seguimiento de largo plazo a la gente que logró recuperarse de una depresión, aunque es posible que estas personas no hayan estado nunca demasiado graves.

Un estudio sobre desarrollo en la mediana edad en Estados Unidos reportó que una de cada cinco personas diagnosticadas con depresión (el 10 por ciento) tenía una buena vida una década después: se sentían bien internamente, con sus relaciones y con su trabajo.

Es un hecho que hace falta dar seguimiento e investigar sistemáticamente a quienes lograron recuperarse de depresión en el largo plazo para entender las estrategias que utilizaron para mantenerse estables. De este modo estarían más claros los mejores caminos para apuntalar la recuperación: los buenos amigos, la psicoterapia semanal o algunas otras alternativas idiosincráticas que sean útiles para quienes dudan si valdrá o no la pena intentar recuperarse de una enfermedad del afecto, que puede ser leve o muy grave, que a veces es crónica, que es una presencia indeseable que entra a la casa sin invitación pero que debería tratarse como cualquier otra enfermedad, con diagnóstico, tratamiento, paciencia y esperanza en la recuperación.

EDITORIAL

Entre el ejercicio democrático y la imposición

Por más que la consulta sobre el nuevo aeropuerto tenga sus serios cuestionamientos, no puede dejar de considerarse como parte de lo que el nuevo gobierno está buscando. A través de mecanismos como la consulta se quiere conocer, de manera directa, qué es lo que piensan y quieren los ciudadanos en asuntos que les competen, los cuales tienen que ver con la gobernabilidad del país.

La atribulada consulta que hoy inicia puede ser igualmente piedra de toque o un muy mal inicio que termine marcando el sexenio. La relación entre gobernantes y gobernados se ha anquilosado y desgastado ha dejado de ser efectiva y productiva.

De suyo existe una complejidad real y tangible para esta comunicación, pero en los últimos años, no pocos por cierto, los gobiernos y los Congresos, con todo y su representatividad democrática, han dejado de tener el conocimiento y sensibilidad para medir la temperatura de la sociedad.

Las consultas no son la panacea, pero son mecanismos que ayudan a la gobernabilidad. Son utilizados en muchos países, que los tienen constitucionalmente establecidos. Son parte de su democracia y se han ido educando en ello. Hay naciones en el mundo que llevan a efecto consultas anuales a nivel nacional.

López Obrador se ha propuesto hacer consultas de todo aquello que particularmente le genere dudas. Detrás de ello puede estar no querer tomar decisiones que le puedan traer consecuencias a su gobierno y a su imagen; o también, las dos caben, una genuina actitud democrática que busca mayor participación que derive en decisiones colectivas.

La votación del 1 de julio tuvo que ver, entre otras cosas, con el hartazgo hacia los gobiernos del PRI y del PAN y, sobre todo, con sus formas de decidir en el ejercicio del poder, lo que incluye al Congreso.

La sociedad votó para echar a unos, pero, de paso, quizá esto sea lo más importante, para que el nuevo gobierno haga las cosas de manera diferente. No sólo se trata de imaginar un nuevo gobierno; se trata, sobre todo, de que los ciudadanos puedan ver que existen nuevas formas de ejercer el poder, lo que al menos amaine la desesperanza y el hartazgo social.

Detrás del voto también estaba, y está, la exigencia de que la sociedad sea considerada como sujeto activo y se le rindan cuentas. López Obrador, como opositor que fue durante muchos años, lo sabe, y suponemos que en la gira que está llevando a cabo, la cual ha llamado de “agradecimiento”, habrá entendido que una cosa es ser candidato y opositor, y otra, ser Presidente electo, a quien ahora le llegan otras demandas y exigencias.

La construcción de nuevas formas democráticas es el gran reto. No se puede ser nuevo gobierno haciendo lo mismo que los gobiernos anteriores; hablamos de fondo y forma. Sin embargo, también resulta un sinsentido llegar y suponer que el país debe partir de cero, como si la verdad de las cosas estuviera del lado de quien llega.

La consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto hay que verla bajo este entorno. De por medio está una gran decisión, sin duda de enorme trascendencia; pero también están en juego las convicciones democráticas del nuevo gobierno.

Si no se ha entendido así, se vendrán las funestas complacencias y una serie de graves consecuencias, quizá irreversibles, sin haber entrado formalmente a la cancha.

Está en juego la búsqueda de la mejor opción para un nuevo aeropuerto, pero también las formas y convicciones democráticas que quiere construir el gobierno de López Obrador.

La consulta es vinculante, pero es claro que él, y sólo él, va a decidir. Lo que importa es con qué criterio lo va a hacer y hasta dónde van a llegar sus convicciones democráticas.

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Alto al nepotismo judicial

El 11 de octubre se registró en el Senado una iniciativa para adicionar dos párrafos a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El hecho es relevante por haber sido presentada por el coordinador de la mayoría, lo que permite suponer que la iniciativa pronto se convertirá en ley.

El proyecto es muy simple. Por un lado, propone adicionar el artículo 112, obligando a quienes buscan ser parte de la carrera judicial a publicar su declaración de intereses, incluyendo vínculos de familiares y de afinidad con integrantes del Poder Judicial. Por otro lado, agrega al artículo 131, como causa de responsabilidad para los servidores públicos judiciales, realizar o gestionar nombramientos cuando exista un interés personal, familiar o de negocios.

Algunas voces han considerado esta iniciativa un ataque a la autonomía del Poder Judicial. Para formarnos una opinión equilibrada, resulta pertinente recordar que en julio de 2017 se publicó un estudio que mostró cómo la mitad de jueces y magistrados federales tenía parientes laborando dentro de la Judicatura Federal. Tras visitar durante un año 31 entidades federativas (la Ciudad de México quedó excluida) y revisar 1,031 perfiles, se comprobó que los parientes de 501 de ellos ocupaban plazas en diversos órganos jurisdiccionales. El informe, realizado a instancias del consejero Felipe Borrego, señaló la existencia de redes clientelares entre casi la mitad de los juzgadores, quienes permitían “enroques” en diferentes circuitos. Así, 112 titulares de órganos jurisdiccionales obtuvieron posiciones para sus cónyuges; 180, para sus hijos; 136, para sus hermanos; y 27, para sus padres.

A pesar de las revelaciones acerca del nepotismo prevaleciente, el Consejo de la Judicatura Federal se limitó a emitir un comunicado de prensa, precisando que la autoría del informe era exclusiva de un consejero, no del órgano colegiado, y que, con ánimo de propiciar reflexiones, fue entregado a sus integrantes, quienes lo analizarían.

Hace dos meses, un profesor del CIDE publicó una investigación titulada: “Nepotismo y Redes Familiares en el Poder Judicial Federal”. En ella, Julio Ríos muestra que poco más de la mitad de los jueces y magistrados tiene, por lo menos, un pariente trabajando en órganos jurisdiccionales federales. Señala también que 93% de los cargos ejercidos por los parientes consanguíneos carece de filtros meritocráticos. Esto quiere decir que muy probablemente obtuvieron el puesto en razón de su parentesco. Esto, a su vez, les otorga una posición ventajosa, en caso de que decidan concursar por una plaza de juez o magistrado, pues la competencia se encontraría sesgada a su favor. La publicación del estudio no mereció la emisión de comunicado alguno. El 9 de octubre, no obstante, el presidente del Consejo de la Judicatura Federal anunció que había ordenado una investigación, a fin de identificar vínculos familiares entre sus servidores públicos. Da la impresión de que este órgano no hizo nada para combatir el nepotismo, sino hasta que se enteró de que el senador Monreal presentaría una iniciativa dos días más tarde.

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El colapso migratorio mundial

Los migrantes siguen siendo carne de cañón de la política. Tanto a nivel nacional como internacional, las caravanas de migrantes — entre ellos, los hondureños que actualmente se agolpan en nuestra frontera sur— son utilizadas como argumentos políticos y electorales. En medio de este caos, quedan las personas vulnerables in otra opción que aceptar ser utilizadas por múltiples bandos, sin que su dolor amaine.

La ONU y distintas asociaciones pro Derechos Humanos han levantado la voz para recordarle a los gobiernos que el trato a los migrantes debe ser digno y conforme a sus derechos, además de que se tiene el deber —por reglamentaciones internacionales— de aislar cada caso en su consideración para evitar decisiones en masa. Cada persona tiene derecho a presentarse ante la autoridad y pedir la entrada a otro país, ya sea con un visado estándar o como refugiado, según sea el caso. Sin embargo, la presión política lleva a consideraciones en conjunto, en las que se criminaliza a la gente sin consideración, cayendo en xenofobia y provocando la desesperación y la violencia.

En este sentido, el gobierno mexicano ha optado por controlar el ingreso. Justificadamente, ha puesto orden para evitar la violencia y la vulneración de la frontera. El proceso tendrá que ser lento para analizar cada caso. Esto podría llevar meses y los grupos políticos no están dispuestos a esperar tanto.

Lo que sucede en América se suma a la ola internacional de migraciones, que nos llevan a cuestionar los fundamentos mismos del derecho internacional y del trato humanitario. La crisis en el Mediterráneo, por ejemplo, ya no alcanza los titulares por la costumbre que hace que esas vidas ya no sean noticia.

¿Quién tiene derecho a ser acogido? Cuando la guerra, el hambre, las catástrofes medioambientales, la falta de libertad, etc., hacen imposible la vida honesta, las personas huyen buscando oportunidades. Son reclamos legítimos. ¿Quién tiene el deber de acogerlos? Legalmente, todos y ninguno. Las leyes actuales son ambiguas y provocan los casos desgarradores que vemos en los noticieros. La realidad nos indica que las causas de la migración son multifactoriales y, en un mundo global, son responsabilidad moral de todos.

No se afirma que se deban abolir las fronteras, sino que se debe evitar ver al extranjero como un enemigo. Se cuida más el libre tránsito de mercancías que el de personas, es una vergüenza. La migración parte de la desigualdad que hay en el mundo. Frenarla violentamente sólo acarrea más desigualdad y desesperación. Es una responsabilidad compartida que necesita una visión humanitaria y comprensiva. No podemos ser indiferentes al dolor y caer en la paranoia torpe y simplista de la crueldad xenófoba.

EDITORIAL

El espejo de la caravana migrante

Una caravana con miles de migrantes centroamericanos huyendo de la barbarie, de la tragedia y de la falta de oportunidades se acercaba a la frontera mexicana. En un episodio lamentable, la respuesta consistió en enviar a un contingente de elementos de seguridad que cerraron el paso fronterizo y convirtieron al puente internacional en un campo de batalla.

De inmediato la opinión pública internacional se volcó a señalar la incongruencia. ¿Cómo era posible que un país que tiene 11 millones de habitantes viviendo en los Estados Unidos y que todos los días se indigna con el racismo, la discriminación y el ataque a sus connacionales reaccionara de esta manera ante la migración? Una parte importante de la respuesta a esta pregunta se encuentra en la política anti-migrante que México ha tomado para congraciarse con los Estados Unidos, negociando la cooperación binacional a cambio de endurecer la frontera sur y reducir la cantidad de personas que llegan hasta el río Bravo.

Sin embargo, no todo se trata de geopolítica regional. De manera paralela al desarrollo de los eventos, en diversas redes sociales saltó el debate debido a que más de una persona parecía conforme con lo que sucedía. Y repentinamente, muchos mexicanos se dieron cuenta que existía el racismo en su propio suelo.

Hay que reconocer con tristeza que esto no es ninguna novedad. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) que levantó el INEGI en 2017 nos reveló que hay 19.6 millones de mexicanos (23.4% del total) que cree que cuando hay desempleo debe negarse el trabajo a las personas extranjeras. Peor aún, cuando se les pregunta a las personas con quiénes no estarían dispuestos a vivir, la respuesta que está en primer lugar, incluso por arriba de las personas con otras preferencias sexuales, de otras religiones, indígenas o infectados con el virus del SIDA, es la que corresponde a las personas de otra nacionalidad. 32,815,230 mexicanos, 39.1% del total de la población, no estarían dispuestos a que un extranjero viviera con ellos. Este número es incluso más grande que la cantidad de votos que recibió el actual presente electo.

Para tener un punto de comparación, incluso en los Estados Unidos de Donald Trump, donde la xenofobia cabalga de manera desbocada, sólo 26% de los norteamericanos cree que los migrantes dañan la economía de su país, de acuerdo con el Pew Research Center. La encuestadora Gallup reportó un número similar en junio de este año: 75% de los norteamericanos creen que la migración, tanto legal como ilegal, es buena para su país.

Nuestra política de migración responde fuertemente a la extensión de las políticas norteamericanas, pero otra parte fundamental tiene un asidero en la propia idiosincrasia mexicana. Todavía no está en nuestros pensamientos cotidianos el respeto o la inclusión igualitaria de todas las personas, sin importar ningún tipo de identidad, condición o nacionalidad. La caravana migrante debe servir como un espejo ante el que tenemos que mirarnos. Aún tenemos mucho que hacer.

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