EDITORIAL

 

 

Los derechos humanos en 2018

 

 

El año recién comenzado presenta un escenario complicado para los derechos humanos. Debido a que se trata de un año electoral, la defensa de estos derechos —supuestamente ajenos a vaivenes políticos— ocupará un lugar preponderante en las agendas de los partidos políticos.

Es previsible que, en sus respectivas plataformas electorales, los partidos expongan la mejor manera de respetar los derechos humanos y combatir sus violaciones, así como sus propuestas para llevarlo a cabo. Sin embargo, en su afán por disputar tanto la Presidencia de la República como las 628 vacantes del Congreso de la Unión, los partidos también han celebrado alianzas con agrupaciones cuyos valores no sólo son divergentes, sino hasta excluyentes.

Es previsible que, en sus respectivas plataformas electorales, los partidos expongan la mejor manera de respetar los derechos humanos y combatir sus violaciones, así como sus propuestas para llevarlo a cabo. Sin embargo, en su afán por disputar tanto la Presidencia de la República como las 628 vacantes del Congreso de la Unión, los partidos también han celebrado alianzas con agrupaciones cuyos valores no sólo son divergentes, sino hasta excluyentes.

Es el caso de por “México al Frente”: una alianza que amalgama la defensa panista de las familias tradicionales con el impulso perredista a los matrimonios entre personas del mismo sexo. De manera similar, la asociación “Juntos haremos historia” combina la legalización del aborto, reivindicada por la izquierda que dio origen a Morena, con los valores del PES, los cuales excluyen la posibilidad de que las mujeres tomen decisiones respecto a su cuerpo. Estas alianzas evidencian que, con tal de obtener poder, los partidos están dispuestos a renunciar a los principios que han sido parte esencial de su identidad. Además de crear confusión entre sus simpatizantes, el desmedido pragmatismo que ha inspirado la concreción de estas coaliciones exhibe que la defensa de los derechos humanos pasará a segundo término si de alcanzar el poder se trata.

Otro factor que complicará seriamente el panorama será el aumento en la difusión de las violaciones a derechos humanos por parte de las distintas oposiciones, con el único fin de menospreciar la labor gubernamental. Si alguna lección puede obtenerse de las recientes discusiones suscitadas con motivo de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, es precisamente que el debate dentro de nuestra polarizada sociedad puede alcanzar posiciones aún más extremas. No se trata de negar la existencia de feminicidios en el Estado de México o de periodistas asesinados en Chihuahua. Tampoco de minimizar que hay desaparecidos en Veracruz, o policías asesinados en Guerrero; o tráfico ilegal de gasolina en Puebla. Sin embargo, no hay que perder de vista que las violaciones a los derechos humanos no reconocen fronteras estatales, ni son exclusivas de los gobiernos del PRI, PAN o PRD. A pesar de ser temporada electoral, debemos mantenernos alertas para no caer en el error de denunciar hechos violatorios de derechos humanos desde una perspectiva partidista.

La existencia de 33 comisiones públicas de derechos humanos (una por cada entidad federativa, más la CNDH) debería garantizarnos que las violaciones serán señaladas sin sospecha de sesgo partidista. No obstante, en una más de las paradojas que caracterizan nuestra vida pública, la proliferación de estas oficinas públicas no ha significado una mayor vigencia de los derechos humanos. En el debate acerca de la fuerza de estos derechos sería importante revisar integralmente el funcionamiento de estas comisiones.

EDITORIAL

 

 

Amnistía, clemencia e indulto

 

La propuesta de AMLO de perdonar a los narcotraficantes para alcanzar la paz en el país debe examinarse con sumo cuidado. Parece que lo primero que tendría que pedírsele al candidato es que fuera más claro acerca de qué es lo que pretende hacer, en caso de llegar al poder.

Conviene que distingamos tres conceptos diferentes: amnistía, clemencia e indulto. Estas tres instituciones jurídicas son tradicionalmente un privilegio del soberano que pone a la paz, la concordia y la reconciliación por encima de la justicia y del castigo. De esta manera se le podría pedir a AMLO que replanteara su propuesta con base en estos tres conceptos.

 

¿Qué se pretende?

 

1.- Amnistía. En este caso, el Congreso legisla para que los narcotraficantes dejen de ser perseguidos por algunos o por todos los crímenes que realizaron durante un periodo de tiempo.

 

2.- Clemencia. En esta otra situación, los narcotraficantes son perseguidos y capturados. Sin embargo, una vez que son llevados a juicio, el juez les otorga una reducción de algunas o todas sus condenas, o incluso un perdón, en caso de que haya una ley que se lo permita.

 

3.- Indulto. En esta circunstancia se juzgaría a los narcotraficantes con todo el peso de la ley. Sin embargo, una vez que hubiesen recibido su sentencia, la autoridad les concedería, con base en el Derecho, una reducción de algunas o todas sus condenas o, incluso, la libertad.

 

Será importante determinar si se ofrecerá amnistía, clemencia o indulto para todos o sólo para algunos de los crímenes cometidos por los narcotraficantes. Por ejemplo, supongamos que alguien es culpable de los delitos de narcotráfico, asesinato y extorsión. ¿Se le perdonará únicamente el delito de narcotráfico? ¿O también se le ofrecerá algún perdón por los demás delitos? Estas preguntas son de enorme importancia porque no son pocos los involucrados en el narcotráfico que, además, son responsables o cómplices de otros delitos.

La sociedad mexicana tiene que discutir si está dispuesta a que la autoridad declare amnistías o tenga clemencia u otorgue indultos a los miles de compatriotas que han participado en las actividades delictivas ligadas al narcotráfico. Pero también tiene que discutir si, por lograr la paz, aceptaría que narcotraficantes que han asesinado, secuestrado, violado, torturado, extorsionado, robado, golpeado y amenazado, no reciban castigo por esos otros crímenes. ¿Pretende AMLO otorgar perdón como si fuera un monarca absoluto? ¿Cómo lograría la concurrencia de los poderes Legislativo y Judicial? ¿Debería realizarse un plebiscito en el que las opciones estuvieran perfectamente claras?

La paz es quizá el mayor de los bienes sociales. Sin embargo, la paz puede costar demasiado. Cuando la paz se compra con amargura y silencio, no es una paz deseable. Es cierto que a veces no hay otra manera de alcanzarla. ¿Acaso esa es la situación que vivimos ahora en México?

EDITORIAL

 

Elecciones 2018, democracia y paz social

 

Partidos políticos, candidatos y equipos de campaña tienen una enorme responsabilidad en cómo habrán de realizarse y concluirse los comicios en los que se decidirán más de tres mil cargos de elección popular (más que nunca antes en nuestra historia), incluida la elección presidencial más disputada.

El hecho de encontrarnos en un proceso electoral muy dinámico y competido es una señal de nuestro avance democrático. Éste es un activo nacional, construido por todos, y hay que apreciarlo, conservarlo y, en su caso, defenderlo. La madurez cívica de una sociedad y de su clase política es una aportación imprescindible para la paz social.

Es deseable que los candidatos, que representan corrientes y plataformas políticas, actúen con responsabilidad y diseñen sus acciones y discurso con énfasis en su oferta política, sus propuestas y sus compromisos.

Desde luego, acentuar la diferencia de su trayectoria o de su plataforma respecto de las otras opciones es un derecho y ofrece a los electores claridad y elementos para su análisis y voto. Destacar la propuesta propia no implica descalificar dogmáticamente la del adversario y menos recurrir a la difusión de informaciones falsas o exageradas para denigrarlo.

México es mucho más que unas elecciones y más, desde luego, que las aspiraciones partidarias o individuales de cualquier político. El proceso electoral de 2018 es una etapa, después de la cual el país seguirá su curso. Hay que subrayarlo para que la aspiración de ganar no conduzca a sembrar divisiones, odios o exclusiones.

Así pues, debe prevalecer la cordura, el discurso de unidad, el respeto a las propuestas ajenas y al derecho de todos de exponerlas.

Convocar a la unidad no despoja a nadie de sus ideas; permite, en cambio, que en lugar del sobresalto de la retórica del rompimiento, se transmita certeza a los electores, a la población entera y a la comunidad internacional.

El mensaje general que debemos darnos a nosotros mismos y al mundo es que gane quien gane las elecciones, los mexicanos estaremos más unidos que antes, en beneficio de nuestra paz social. Sólo con paz social tendremos probabilidades de enfrentar exitosamente nuestros múltiples y graves desafíos.

Si pasadas las elecciones nos encontramos divididos, con resentimientos y visiones excluyentes, todos perderemos.

En contraste, si luego de conocer los resultados tenemos la certeza de que por una parte, las mayorías ganadoras han actuado limpia y maduramente durante el proceso y la jornada electoral, y por otra parte, de que conducirán al país con absoluto respeto a las minorías, todos nos sentiremos incluidos y con espacios de participación.

De ahí la importancia de que vivamos campañas limpias, ajenas a la promoción de rencores, y orientadas al coincidente proyecto de país del que todos somos parte esencial. Aunque estas elecciones están lejos de darse en estos términos de madurez y responsabilidad política, es lo que los ciudadanos debemos exigir

EDITORIAL

 

 

 

Bicicletas japonesas

 

 

En el comienzo de “El laberinto de la soledad”, Octavio Paz relata la utilidad del contraste al estar fuera del país. Dice: “recuerdo que cada vez que me inclinaba sobre la vida norteamericana, deseoso de encontrarle sentido, me encontraba con mi imagen interrogante. Esa imagen, destacada sobre el fondo reluciente de los Estados Unidos, fue la primera y quizá la más profunda de las respuestas que dio ese país a mis preguntas”. Cuando uno encuentra que las cosas que da por sentado como “normales” no son así en otras latitudes, inevitablemente surge la reflexión alrededor de nuestras particularidades.

Traemos esto a la mesa debido a que durante los últimos días hemos sabido de muchos que han estado viajando por Japón y la experiencia ha sido abrumadora. Por eso, les compartimos un par de experiencias sencillas, pero reveladoras. En primer lugar, sorprendió que en los espacios públicos prevalece una obligación para comportarse de tal manera que se minimicen las posibles molestias a otros. Puede verse en que no sólo está prohibido fumar en el interior de los locales y oficinas, sino que incluso está prohibido hacerlo en la calle. Si se desea fumar, hay pequeños espacios esparcidos por la ciudad, aislados, separados, en los que el humo no puede llegar a los pulmones de nadie que no lo desee. Incluso en el metro uno encuentra una convención social que impide tomar llamadas en los vagones, no puede molestarse al otro con una conversación no deseada.

En segundo lugar, no asombra el hecho de que una buena parte de los japoneses se muevan en bicicleta, sino que lo hizo el ver que todos llegaban a su lugar de destino, estacionaban su bicicleta y se marchaban tranquilamente, sin asegurarla de ninguna manera. Uno encuentra miles de bicicletas protegidas simplemente por la confianza puesta en los otros. Esta, tal vez, fue una de las escenas más reveladoras. En los números fríos, uno sospecha el abismo que nos separa: mientras que la tasa de homicidios en México sigue rompiendo récords para llegar casi a 20 por cada 100 mil habitantes, en Japón esta cifra es de 0.31. Pero ver esa diferencia de criminalidad en los hechos es pasmoso.

Las explicaciones detrás de esta realidad claramente son complejas y atribuibles a la particularidad histórica de cada país; sin embargo, hay una variable interesante que parece estar detrás de resultados como este. Si revisamos la World Value Survey y comparamos la confianza que los ciudadanos tienen con sus semejantes, encontraremos que en México sólo 12.4% de las personas creen que pueden confiar en otras personas, mientras que en Japón esta cifra llega hasta 35.9%. Esto es lo que muchos académicos denominan capital social y, en nuestro caso, esto parece ir en picada, pues 18 años atrás ese porcentaje era de 29.4%.

En una sociedad democrática, la desconfianza hacia las autoridades resulta indispensable. Siempre hay que vigilar y controlar al poder. Pero lo mismo no debería de aplicar entre los ciudadanos. Sin esta red de confianza, será muy complicado poder avanzar en temas tan sencillos, pero complejos, como confiar en dejar una bicicleta sin protección en la calle.

EDITORIAL

 

El torbellino de la gasolina y la tortilla

 

México arranca 2018 —año mundialista y electoral— con turbulencia económica, tras los anuncios, casi simultáneos, tanto de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas (Unimtac), como de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), acerca del posible incremento en los precios de la tortilla y la gasolina, respectivamente, que se pronostican para este año.

Estos hechos generaron un efecto especulativo a lo largo de la semana, lo cual provocó un aumento súbito en el precio de ambos productos, sin que existiera claridad en su justificación.

Por lo que respecta a la tortilla, las razones esgrimidas se relacionan con el aumento de precios de otros insumos a lo largo del año pasado —maíz, gas LP y la propia gasolina, entre otros—, lo cual elevó el costo de producción de este producto, mismo que ahora resultaría insostenible. De mantenerse el abrupto incremento en el precio de la tortilla, representaría un duro golpe para la economía de los sectores más vulnerables de la población, pues forma parte de la alimentación básica de millones de mexicanos.

En el caso de la gasolina, debemos hacernos a la idea de la nueva forma en que se establecen los precios de este hidrocarburo, tras la Reforma Energética de 2013. Luego de que el año pasado se eliminara el subsidio del que era objeto, entraran nuevas empresas al mercado y comenzara la liberalización de precios —con lo cual se eliminaron topes máximos controlados por el gobierno—, el precio de los combustibles quedó en función de la oferta y la demanda, lo que depende de la libre competencia entre empresas, los precios internacionales de hidrocarburos y los costos de transportación, entre otros factores. Si bien, teóricamente, este esquema podría traer beneficios al consumidor, la realidad es que difícilmente los precios se ajustarán a la baja, pues durante años vivimos bajo un modelo en el que el precio de la gasolina era fijado de forma artificial y con condiciones en el mercado petrolero completamente distintas.

Llama la atención que tanto la Secretaría de Economía —en el caso de la tortilla—, como la Comisión Reguladora de Energía —en el caso de la gasolina—, hicieron pronunciamientos en el sentido de que los aumentos anunciados por ambas asociaciones gremiales resultan injustificados, pues los precios de insumos de los que depende la producción y venta de ambos productos, no han variado. Incluso, dieron pie a la intervención de la Profeco y la Cofece para prevenir abusos en contra de los consumidores y evitar prácticas monopólicas, respectivamente.

Sin embargo, el hecho es que estamos inmersos en un torbellino inflacionario en el que éstos y otros aumentos se están dando de manera sostenida, perceptibles de forma instantánea e inequívoca en el bolsillo de los ciudadanos de a pie, que conforman la amplia mayoría de este país. La realidad para millones de mexicanos es muy diferente y resultan innecesarios complejos razonamientos que justifiquen por qué sí o por qué no deben incrementarse los precios.

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Corea del Norte y la izquierda latinoamericana

 

 

Corea del Norte y su estrategia de defensa nuclear es tema que divide de manera soterrada a la izquierda latinoamericana. La posición que se asuma frente a la carrera armamentista de Pyongyang define, en buena medida, el lugar de cada gobierno frente a los esquemas de la Guerra Fría y el viejo comunismo de raíz estalinista. Quienes justifican el programa nuclear de Kim Jong-un y sus constantes pruebas, violatorias de la soberanía de Japón, Corea del Sur y Guam, son, por lo general, contrarios a las nuevas formas democráticas de la izquierda hemisférica, predominantes en las tres últimas décadas.

Un artículo de mayo del año pasado, del sociólogo argentino Atilio Borón, en Página 12, resume esa posición. El autor reproduce las tesis del analista Mike Whitney en Counterpunch y concluye que “el problema es Washington, no Corea del Norte” y que si un país “necesita armas nucleares es ese”. Todo lo que hace Pyongyang contra la seguridad de sus vecinos en el Pacífico y contra sus propios ciudadanos, está justificado por la hostilidad de Estados Unidos. El trasfondo de la tesis es contrafactual: el programa nuclear de Corea del Norte la salvó de una invasión de Estados Unidos.

A falta de posicionamientos claros, el único gobierno de la región que comparte esa postura es el cubano. Es sabido que Venezuela tiene colaboración militar con Corea del Norte, pero Caracas evita declaraciones públicas a favor de Kim Jong-un. Otros gobiernos de la Alianza Bolivariana, como el boliviano, han llamado expresamente al diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte en foros internacionales, como Naciones Unidas y la Corte Penal de La Haya. La posición del gobierno boliviano, a diferencia de la del cubano, es favorable al desarme nuclear en la península coreana.

En varios editoriales recientes del periódico La Jornada se reitera el mismo enfoque: el doble rasero de Estados Unidos y las amenazas de Donald Trump deben ser rechazados por la comunidad internacional, pero la agresividad de Kim Jong-un tampoco está justificada. “El desarme de Pyongyang es un imperativo ético, además de la única perspectiva aceptable en términos de la seguridad internacional”, decía el editorial del 11 de diciembre. En esencia, la histórica posición de México en el Tratado de Proscripción de Armas Nucleares de Tlatelolco de 1967.

Justificar la escalada nuclear de Corea del Norte, como legítima defensa frente a la hostilidad de Estados Unidos, conduce a otro doble rasero, tan peligroso como el que se le cuestiona a Washington. Se trata del doble rasero que, por intereses geopolíticos, respalda las amenazas a la paz y la seguridad internacional y la violación sistemática de derechos humanos que ejercen potencias rivales de Estados Unidos como Rusia, China o Corea del Norte. En resumidas cuentas, la misma filosofía antidemocrática y belicista de la Guerra Fría, que evidenció sus terribles costos y peligros hasta la caída del Muro de Berlín.

EDITORIAL

 

Cuando atacan a periodistas

 

Jesús Blancornelas, director de la revista Zeta, tenía en la piel las huellas del periodista de raza. Lo habían intentado matar por órdenes de los hermanos Arellano Félix, entonces jefes de uno de los grupos criminales más poderosos. Blancornelas, quien vivió custodiado por elementos del Ejército Mexicano hasta su muerte, se había ocupado de la irrupción, en los bajos fondos, de los narcojuniors, jóvenes con dinero e influencia que se sentían (y de algún modo eran) impunes.

Tiempos duros los que se vivían en Baja California, al grado de que la vida y muerte estaban en manos de personajes caprichosos y sanguinarios.

José Luis Santiago Vasconcelos, desde que era titular de la Unidad Especializada en Combate al Crimen Organizado, contaba una anécdota:

Unos amigos toman cerveza en un bar cercano a Rosarito. Una jovencita pelea con su novio y decide bailar con uno de ellos. Se divierten un rato.

Nada especial, o eso parece. Afuera del local, el joven bailarín recibe un balazo en la cabeza. El verdugo es uno de los sicarios del cártel de Tijuana.

“Bailó con quien no debía”. Así eran las reglas, atroces, que habían impuesto los narcotraficantes.

En esas coordenadas hacía su trabajo Blancornelas, advirtiendo, dando cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Cuando presentaron, con Jorge Carpizo Asesinato de un cardenal, el director de Zeta participó con un video. No pudo viajar a la Ciudad de México por cuestiones de seguridad.

El libro se ocupa, entre otras cosas, del papel del cártel de Tijuana en la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y Blancornelas era uno de los periodistas que más sabía del tema.

A Guillermo Cano, director de El Espectador, lo mandó matar Pablo Escobar Gaviria. El diario se había convertido, por su información y reportajes, en un dolor de cabeza para el cártel de Medellín, en Colombia.

Dos sicarios que viajaban en motocicleta alcanzaron el auto del periodista y ahí atentaron contra su vida en las vísperas de las navidades de 1986.

Miroslava Breach dio cuenta de la complicidad del poder y el narcotráfico, sobre todo en la sierra de Chihuahua, y por eso la mataron.

Sabía de los riesgos, pero era más fuerte su indignación por lo que estaba ocurriendo, que su propia seguridad. Una historia dura, como pocas, y más aún porque autoridades municipales estuvieron en posibilidad de alertar, de impedir el crimen.

Se requiere del periodismo para que las cosas no sean peores de lo que son y por eso importan, y mucho, quienes tienen las agallas de contarnos historias que están más cerca de lo que quisiéramos admitir.

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Los héroes del 2017

 

 

El último editorial está dedicado a las mujeres y a los hombres cuyas acciones políticas contribuyeron en la construcción de los ideales de la convivencia democrática conforme a los derechos humanos.

En 2017 los principios de igualdad, libertad y legalidad que inspiran y dan cuerpo al lenguaje de los derechos fueron vapuleados, ignorados y ofendidos. Estos 365 días han sido un periodo de resistencia, de valor y de lucha constante. Nuestro silencio no será cómplice de las tropelías de las palabras de la discriminación y la violencia que inundaron los titulares y las legislaciones globales.

He de reconocer la valentía y la honestidad del fiscal especial para la interferencia rusa, Robert Mueller, cuyo trabajo es la vía que abriría el proceso de destitución de Trump. Mueller es un sabueso que ha obtenido evidencia de los círculos más cercanos al presidente; con ello no busca demostrar la intervención rusa en sí, sino el delito de obstrucción a la justicia. Se trata del mismo modelo judicial —inculpar al sospechoso por un delito menor— que puso tras las rejas a Al Capone. El patriotismo y la integridad de Mueller han mostrado ser inquebrantables pues sus simpatías políticas no se inclinan por el partido demócrata, sino por los republicanos. A pesar de ello, su lealtad está con América, no con el presidente.

Angela Merkel, la premier alemana, dio duras batallas durante este año; enfrentó el despotismo de Trump y de Putin. La garante del pacifismo comunitario no ha conseguido hacer gobierno y esto la ha debilitado en Bruselas. Todo indica que el carisma del presidente francés, Emmanuel Macron, habrá de tomar el liderazgo de la Unión. Esperemos los cálidos días de una primavera en Berlín pero que anuncian que será la última.

Michelle Bachelet, la todavía presidenta de Chile, dio una lección de educación y democracia al llamar telefónicamente —en televisión nacional— al presidente electo, Sebastián Piñeira. En ambos privó el amor por su país sobre sus intereses partidistas o su proyecto de Estado. Y eso es algo que desde México se extraña mucho.

Al preguntar a personas canadienses su opinión sobre el primer ministro Trudeau, respondieron: “un liberal más”. Ojalá tuviéramos muchos así en México. Trudeau representa, en efecto, la apuesta de gobierno liberal: incluyente, multicultural, tolerante. Y eso, hoy, se necesita tanto como en 1939, al inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Lo que más podemos celebrar de estos cuatro héroes es que actúan por principios; que no tienen el mal gusto de venderse al capricho de los intereses del poder. Y, sin duda, de vez en cuando tomaron alguna decisión equivocada pues sólo son héroes: ni santones ni mesías salvadores.

EDITORIAL

 

El indulto de Fujimori

 

Alberto Fujimori fue un político emblemático de los 90 latinoamericanos. Pocos presidentes de la región combinaron tan perfectamente populismo y neoliberalismo y acapararon el poder en aquellos años. Privatizó la economía y, a la vez, aumentó el gasto público, combatió a las guerrillas y dio un golpe parlamentario, reprimió a la oposición y recompuso el sistema político. El efecto divisorio que su figura sigue ejerciendo en la política peruana, dos décadas después, es evidente.

En 2009, siendo presidente Alan García, Fujimori fue procesado y hallado culpable por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta en 1991 y 1992, que organizó su Jefe de Inteligencia Vladimiro Montesinos. A esa sentencia se agregaron otras por corrupción y malversación de fondos, que decidieron su prolongada reclusión. Un fenómeno distintivo de la política peruana en el siglo XXI ha sido que, mientras Fujimori permanecía preso, sus hijos Keiko y Kenji adaptaban las banderas del fujimorismo al siglo XXI y se convertían en la principal fuerza política del país.

Keiko perdió las elecciones de 2016, frente a Pedro Pablo Kuczynski, por poco más de veinte puntos porcentuales. Su partido Fuerza Popular es la organización más poderosa del sistema político peruano. Su hermano Kenji encabeza la bancada parlamentaria en el Congreso, pero en diversos temas ha tomado posiciones distintas a las de la líder de Fuerza Popular. El diferendo más evidente ha sido en torno a la destitución política de Pedro Pablo Kuczynski. Mientras Keiko favoreció la vacancia presidencial, su hermano se opuso a cambio del indulto de su padre.

De manera que Kuczynski ha indultado a Fujimori para que una franja del fujimorismo lo mantenga en la presidencia. Las implicaciones de ese canje son múltiples, pero la más importante es que la débil gestión del actual mandatario peruano dependerá, de aquí en adelante, de la propia oposición fujimorista. Kuczynski podría convertirse en un presidente rehén de la oposición legislativa, incapaz de generar consensos o de producir las políticas públicas que requiere el país.

Desde un punto de vista regional, el indulto es otra evidencia de la fragilidad de las instituciones del poder judicial y de la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos para enfrentar los retos de la justicia y la verdad, por crímenes del pasado. Se trata de un déficit heredado desde el periodo de las transiciones que, ante el incremento de la violencia y la inseguridad en el siglo XXI, se reproduce a niveles peligrosos para la gobernabilidad.

Tanto Keiko como Kenji Fujimori han sido implicados en la misma trama Odebrecht que se le imputa a Kuczynski. El indulto a Fujimori parecería una decisión de gobierno que coloca a los principales políticos del país en la misma zona de impunidad. Si todos son culpables, no hay inocentes en la política peruana y, lo que es más grave, no hay forma de aplicar la justicia a quienes hayan cumplido funciones de gobierno.

EDITORIAL

 

 

Jerusalén: el drama continúa

 

 

Como era de esperarse, la determinación de Trump de mover la embajada estadounidense a Jerusalén, decisión que tomara sin consultar y a pesar de la oposición de sus aliados, ha suscitado una revuelta diplomática internacional. Arabia Saudita manifestó de inmediato su desacuerdo; la decisión de Trump amenaza con destruir así el enorme trabajo que sus asesores, incluido su yerno, hicieron para construir una buena relación con el reino frente a Irán.

La Unión Europea, liderada ahora no por Merkel, que se encuentra ocupada en asuntos internos, sino por Macron, que se perfila como el nuevo líder de Europa, manifestó explícitamente su desacuerdo; de la misma manera lo hicieron China y la Gran Bretaña, el aliado natural de Estados Unidos. Ante la imposibilidad de superar el veto estadounidense en el consejo de seguridad, Turquía y Yemen han convocado a un voto en la asamblea general de Naciones Unidas para oponerse a la decisión. El voto, que subraya la importancia de la creación de dos Estados y de la negociación del estatus de Jerusalén entre las dos partes, pasará fácilmente. Al final el acto simbólico de Trump, que algunos vieron como una victoria, terminará en una humillación diplomática.

Ante esta posibilidad, Trump decidió hacer lo que generalmente hace con sus rivales políticos: tratar de amenazarlos. El día de ayer Trump amagó con cortar la ayuda humanitaria y militar a aquellos países que voten por la resolución: “esas naciones reciben millones de dólares de nuestra parte y luego votan contra nosotros. Estamos observando esos votos. Déjenlos votar en contra de nosotros. Nos vamos a ahorrar mucho. No nos importa”.

Las declaraciones de Trump muestran su completa ignorancia de cómo funciona el sistema político internacional y el sistema de alianzas. La ayuda militar de Estados Unidos es una de las herramientas más importantes de la diplomacia estadounidense. Egipto, por ejemplo, es el segundo receptor de ayuda estadounidense en el mundo. ¿Estaría Estados Unidos dispuesto a perder esta importante alianza a cambio de una victoria simbólica?

Parece improbable que Trump cumpla sus amenazas, pues eso significaría debilitar enormemente a su país en la arena internacional. Sin embargo, esto es precisamente lo que ha hecho desde el inicio de su presidencia. La decisión de cambiar la embajada ha enemistado a Trump con sus aliados tradicionales en Europa y dificultado la ya de por sí complicada relación con los países árabes, en una coyuntura donde la cooperación es clave para enfrentar el ascenso de Irán. En su intento de poner a “América primero” Trump ha aislado cada vez más a su país. Mientras, las otras potencias, que ansían tomar el papel de Estados Unidos como el nuevo árbitro internacional, se regocijan en silencio.

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