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Ayotzinapa 2.0: los nuevos informes

La semana pasada se hicieron del conocimiento público dos informes acerca de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, llevada a cabo en septiembre de 2014 por policías de Iguala en combinación con grupos dedicados al narcotráfico.

El primero de estos informes, “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos Psicosociales del Caso Ayotzinapa”, fue publicado por FUNDAR con recursos de las fundaciones Ford, MacArthur, Hewlett y Open Society. Partiendo de los informes del GIEI, al que el gobierno mexicano contrató a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el documento formula varias recomendaciones. Entre las más importantes destacan la obligación del Estado mexicano para reivindicar y dignificar a las víctimas por el daño producido en razón de los cuestionamientos sobre su presencia en Iguala en los meses posteriores a los hechos. Demanda, además, el reconocimiento, a cargo de las autoridades, de la falta de sustento científico en la hipótesis que señaló que los estudiantes desaparecidos fueron incinerados en el basurero de Cocula, así como la remoción de cualquier aseveración al respecto en discursos y sitios web pertenecientes al Estado mexicano.

El segundo informe, “Doble injusticia”, fue elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En él se destacan violaciones a derechos humanos cometidas durante la investigación del caso Ayotzinapa. Se recabó información respecto a 63 procesados por los hechos ocurridos en Iguala. Según ella, en el periodo comprendido entre septiembre de 2014 y enero de 2016, 51 de los procesados afirmaron haber sido torturados. En 34 de los casos (33 hombres y 1 mujer) se presentaron lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, compatibles con las lesiones cometidas por tortura. Entre sus principales recomendaciones, la oficina internacional demandó realizar investigaciones para identificar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos; asegurar que dichas investigaciones se realicen de manera transparente, permitiendo su acceso tanto a víctimas como a sus representantes legales. Igualmente, exige excluir o declarar nulas todas las pruebas que hayan sido obtenidas bajo tortura y que las autoridades se abstengan de hacer declaraciones incriminatorias o descalificatorias contra las víctimas o las organizaciones que los representan.

Las consecuencias legales de la aceptación de las recomendaciones emitidas tanto por FUNDAR como por la Oficina del Alto Comisionado serán comentadas en otro artículo. Mientras tanto, vale la pena tener en mente que, de acuerdo con la Constitución mexicana, los órganos competentes para determinar la existencia de violaciones a estas garantías son las comisiones públicas de derechos humanos. En el caso de Ayotzinapa, tres años y medio no han sido suficientes para que la CNDH dé a conocer los resultados de su investigación. Este proceder no debería sorprendernos. El Ombudsman acostumbra emitir sus recomendaciones sin prisa: hace días emitió una recomendación sobre los desaparecidos de Allende, Coahuila, por hechos ocurridos hace siete años. A ese paso tendremos que esperar otros tres años y medio para conocer las violaciones ocurridas en Ayotzinapa.

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A 100 días de la elección

Hoy estaremos a 100 días de la jornada electoral nacional del 1º de julio de 2018. En general, en la parte logística, el proceso electoral marcha de manera adecuada. Con todo, hay temas de coyuntura puntual que ameritan análisis.

Las firmas de los independientes. Tras algunas especulaciones, el INE dio a conocer el viernes pasado un reporte sobre la validez de los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes por la vía independiente a la presidencia de la República. Del reporte presentado por el INE –y a pesar de que los tres aspirantes en principio habían rebasado ampliamente el número mínimo y dispersión regional de las firmas requeridas–, sólo Margarita Zavala estaría en condiciones de aparecer, eventualmente, en la boleta presidencial.

Un análisis recientemente publicado por Daniel Saavedra Lladó del Centro Lujambio del ITAM, para la Crónica de las elecciones federales 2018 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, presenta con los criterios de clasificación mostrados por el INE, un análisis gráfico de los apoyos válidos, las simulaciones y las duplicidades en las que presuntamente incurrieron los aspirantes y los auxiliares recolectores de apoyos. La referencia se puede consultar aquí:

Concluye el plazo de cinco días de audiencia que el INE otorgó a Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez, para presentar los alegatos que a su derecho convinieran para subsanar las irregularidades señaladas por el INE. Independientemente de que aún falta la validación del informe en materia de fiscalización, y que la decisión por lo que respecta al INE se dará a conocer en unos días más, es evidente que el asunto terminará en el ámbito del Tribunal Electoral. En todo caso, lo que creo que es importante al término de la compulsa es separar la paja del trigo: qué acciones realizaron los aspirantes independientes francamente con dolo para engañar a la autoridad electoral con el objetivo de conseguir el aval del INE, y cuáles pueden ser razonablemente explicadas.

Mecanismo alterno para resultados oportunos. Asunto crucial para la capacitación que recibirán los ciudadanos que sean designados como funcionarios de casilla. Con todo, a pesar de los buenos oficios desplegados por el INE, el Partido Verde impugnó la propuesta alterna consistente en utilizar las hojas de operaciones en el escrutinio de casilla para dar a conocer los resultados del conteo rápido la misma noche de la jornada electoral. Ello, tras el revés propinado por el Tribunal Electoral sobre la propuesta inicial del INE para separar los eventuales votos depositados incorrectamente en las urnas correspondientes.

Inicio de campaña y debates. A diez días del arranque formal de la campaña presidencial y luego de que se levantara la restricción formal para realizar debates en inter-campaña, es evidente que no hay condiciones para realizar debates antes de los tres que ya estableció el INE. Sería lamentable –no sólo para el caso de la elección presidencial, sino en el resto de las contiendas– que no se celebren debates bajo formatos innovadores, que le permitan a la ciudadanía recibir información que le dé mejores elementos para emitir un voto razonado.

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Tenemos auditor

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un órgano toral en el marco jurídico e institucional, con el que ahora contamos para fortalecer nuestra democracia en materia de ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas, y es la única instancia que participa en los sistemas fundamentales de anticorrupción, fiscalización y transparencia.

Por ello, la elección de su titular constituye un acontecimiento relevante, tanto por la importancia de esta responsabilidad como por la calidad del proceso llevado a cabo desde la convocatoria emitida por la Comisión de Vigilancia de la ASF hasta su votación final en el pleno.

Luego de efectuar el registro de 42 aspirantes, la Comisión eligió por unanimidad una terna de profesionales probados y con experiencia: David Rogelio Colmenares, Salim Arturo Orcí y Ángel Trinidad Zaldívar, terna que el pasado jueves fue puesta a la consideración del pleno, cuyo resultado fue la elección del primero.

A este ejercicio democrático y de transparencia contribuyó el Canal del Congreso con la transmisión de las entrevistas a todos los candidatos y de la votación final.

Tenemos auditor. De ello resultan beneficiadas la fiscalización, la rendición de cuentas, la transparencia y, en consecuencia, la población y la institucionalidad.

Como se hizo notar durante las entrevistas con la Comisión de Vigilancia, especialmente las de los tres candidatos finalistas, la complejidad y magnitud de la fiscalización es enorme: mediante el gasto público, que es el principal instrumento de política económica, se proporcionan bienes y servicios a 120 millones de mexicanas y mexicanos, 53 millones en pobreza y 9 millones en pobreza extrema; sus destinatarios están dispersos en 190 mil localidades, de las que sólo 36 son mayores de 500 mil habitantes y 186 mil tienen menos de 2 mil 500.

En 2016 el gasto federal ascendió a 5 billones 400 mil pesos. Hay en México alrededor de 5 millones de servidores públicos, de los cuales cientos de miles participan en la administración de recursos en los tres órdenes de gobierno.

Las diversas instancias responsables de la fiscalización, entre federales y estatales, realizan cada año aproximadamente seis mil auditorías sólo de gasto federalizado.

Las recientes reformas constitucionales y legales ampliaron las facultades de la ASF, que cuenta con un presupuesto de dos mil 700 millones de pesos, de tal forma que ahora puede revisar el gasto en tiempo real, así como ejercicios anteriores, auditar las participaciones pagadas a los estados y revisar la deuda pública estatal, su destino y ejecución. Prácticamente la totalidad del gasto estatal y municipal forma parte del universo auditable.

Muchos son los retos que enfrenta su nuevo titular, David Rogelio Colmenares, y sus tres mil colaboradores, entre otros, consolidar la calidad del trabajo de la ASF y su autoridad moral, impulsar el enfoque preventivo y la participación de la sociedad civil, fortalecer las auditorías de desempeño, el Servicio Fiscal de Carrera y las áreas de seguimiento, y abatir los rezagos, así como establecer criterios y protocolos claros que aseguren la verticalidad de su actuación y den solidez institucional a su desempeño.

La gran tarea de la ASF es contribuir de manera decisiva a dar operatividad al Sistema Nacional Anticorrupción, una instancia de coordinación diseñada para integrar los esfuerzos de las diferencias instituciones que la integran, incluida la participación de la sociedad civil.

Por el bien del país, que su desempeño sea exitoso.

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Campañas

Estamos a dos semanas del inicio de las campañas electorales. Llega puntero Andrés Manuel López Obrador, por debajo se encuentra Ricardo Anaya y le sigue José Antonio Meade. A partir de este momento, la lógica de reunir a las bases, de afianzar el voto duro y cicatrizar las heridas de los partidos se deja de lado y llega el momento de convencer a los ciudadanos indecisos y de apelar al voto blando.

La calidad de los candidatos y sus plataformas se debe observar en encuestas cada vez más cerradas; de lo contrario estaríamos frente a una ciudadanía que manifiesta un amplio rechazo a lo hecho en los primeros gobiernos democráticos del país.

Conforme avancemos en las campañas veremos qué es lo que pesa más: si el miedo al cambio radical que representa AMLO o el hartazgo de dieciocho años de gobiernos del PAN o del PRI.

La plataforma de Anaya da la espalda a los panistas que han gobernado la nación, afirmando que el manejo del país fue equivocado. Se coloca justo en medio del cambio que propone Andrés Manuel López Obrador, quien genera más dudas que certezas, y la llamada continuidad de Meade. Lo que Anaya propone es un cambio diferente, moderado, producto del consenso entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. El resultado es un programa de trabajo poco identificable. El panista apuesta por conseguir los votos de lo que queda del blanquiazul luego de la salida de Margarita Zavala y su equipo; los votos de lo que queda del PRD y los que pueda reunir Movimiento Ciudadano, así como los de los indecisos. Creo que su plataforma no ha establecido una propuesta clara de gobierno y ha diluido la marca PAN en materia de política pública.

Por su parte, Meade representa los beneficios de los regímenes panistas y priistas. Depende de su capacidad de comunicación y de su estrategia de campaña para, primero, argumentar los beneficios que los gobiernos democráticos del país han traído respecto a los años pasados y, segundo, demostrar el crecimiento y desarrollo alcanzados durante los sexenios del PAN y el del PRI. Si el candidato del PRI tiene una oportunidad de competir con AMLO, es aprovechar ser el portavoz de lo que se ha hecho bien en estos gobiernos, de tener la capacidad y el conocimiento acerca de lo que significa gobernar y admitir los errores que se han cometido en estos años, y transmitir la solución que propone desde su plataforma.

Durante la campaña, es la candidatura de Meade la que tiene el mayor potencial para crecer. Creo que con el primer mes y los primeros debates veremos que las encuestas se empiezan a cerrar y será más claro establecer un segundo lugar hacia el que se reunirá el voto estratégico que hará frente a AMLO.

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Los riesgos de la sospecha razonable

Por las rendijas se cuela el diablo. La Suprema Corte acaba de validar las revisiones policiales a personas y vehículos, sin que medie una orden judicial. Es un error inmenso.
La CNDH se había quejado de las nuevas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permiten que los agentes policiales actúen si existe una sospecha razonable de que se ocultan instrumentos y que PUEDAN realizar registros forzosos si la persona no coopera o se resiste.
Los ministros señalaron que se busca proteger a la colectividad por razones de seguridad jurídica, y a las propias víctimas.
Si bien las revisiones sólo pueden ser realizadas cuando hay posibilidad de que se cometa un crimen o en plena flagrancia, se está abriendo una puerta para la arbitrariedad, que puede generar, con el tiempo, problemas muy graves.
En el fondo, la disposición contradice el espíritu del nuevo sistema de justicia y rompe, aunque sean en determinados casos, con la presunción de inocencia.
La actuación de las policías requiere de controles, y más aún en contextos en que los requisitos para fundar acusaciones aumentan.
Como suele ocurrir, en el Código de Procedimientos se trata de subsanar un problema que tiene que ver más con la situación de seguridad que con el esquema con que se persiguen las conductas delictivas.
Se trata de atajar los reclamos de impunidad y de falta de eficacia para enfrentar a los criminales; pero se hace dotando de instrumentos que antes sólo tenían los jueces.
Esto es así porque uno de los bienes más preciados es el de la libertad y por ello sólo los juzgadores pueden cancelarla, sujetos a la propia legalidad.
Nadie quiere que los bandidos se salgan con la suya, que puedan extorsionar a la sociedad y que anden libres por las calles, pero no será con disposiciones más duras con las que se terminarán los agravios, sino con policías más preparadas.
El primer ombudsman del país, Jorge Carpizo, argumentó desde los años 90, que una eficaz labor policiaca no está reñida con los derechos humanos y que, por el contrario, los robustece y apoya.
Lo que requerimos es buenas investigaciones, que se puedan defender en el nuevo sistema de justicia, y eso se logra con trabajo científico y ministerial.
Alguna vez, el procurador Jesús Murillo dijo que “se tiene que investigar para detener y no detener para investigar”. Ahí está el meollo del asunto: cuánta seguridad a cambio de cuánta libertad.
Ojalá los legisladores revisen el tema y le den un cauce distinto en el futuro, para que no terminemos arrepintiéndonos todos y acaso fortaleciendo, de nueva cuenta, la impunidad, al amparo de medidas que sólo van a arriesgar a la sociedad y, para colmo, a los propios policías.

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Comercio exterior: regreso a las bases

No fue bien recibida en ningún lugar del mundo la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de 25% a las importaciones de acero y el 10% sobre las compras foráneas de aluminio. México y Canadá fueron países que en un inicio y temporalmente fueron excluidos de la medida proteccionista por encontrarse en medio de las negociaciones del TLCAN.

No obstante, la medida en sí misma representa un enorme riesgo para la estabilidad y el fortalecimiento del libre comercio mundial. No se trata de una medida que afecte de manera considerable los volúmenes de comercio mundial —los bienes afectados representan sólo el 2.0% de las importaciones y el 0.2% del PIB de los Estados Unidos.

Lo importante de la medida y de toda una serie de declaraciones y acciones, es que quebrantan el actual paradigma económico mundial, basado en lo fundamental, en el libre comercio entre las naciones.  El presidente Trump se ha manifestado en contra del libre comercio desde principios de su administración, cuando decidió que los Estados Unidos no participarían en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). A ello se suma la reciente renuncia de Gary Cohn, ahora exasesor económico principal del presidente Trump, y que representaba uno de los partidarios del libre comercio en la actual administración.

¿Por qué  no se exagera cuando se afirma que la actual actitud del presidente de Estados Unidos altera el orden económico mundial? Mucho se ha usado el término “Globalización” para caracterizar la actual fase del capitalismo, que principalmente hace referencia a un poderoso proceso de integración a escala global de las economías nacionales a través del comercio, la tecnología y la inversión. Mucho se avanzó en los procesos de apertura económica, donde México es un claro ejemplo de integración a este esquema globalizador al ser una de las naciones más abiertas del mundo y con una gran cantidad de tratados comerciales.

La consolidación de este proceso globalizador se ubica en la Organización Mundial de Comercio (OMC), que es el pilar fundamental sobre el cual descansan las relaciones comerciales de casi todo el orbe. La OMC garantiza el orden en materia comercial haciendo más fluido y libre el comercio entre las naciones.

Si continúa esta tendencia hacia un mayor proteccionismo impuesta por el presidente Trump, la economía global puede verse afectada en su capacidad productiva y su dinámica de crecimiento. Es un peligro real no visto en décadas. La mayor tensión en las relaciones comerciales puede llevar a la economía mundial un desenlace poco favorable. Medidas como la imposición de aranceles al acero y al aluminio podrían desencadenar una respuesta de las economías afectadas equivalente a la medida norteamericana, es decir, imponiendo aranceles que frenen la exportación de productos de Estados Unidos que sean competitivos en el mercado internacional.

Además, otro elemento que quebranta el orden económico global se refiere a las razones que da Trump para imponer los aranceles, es decir, alude a la “seguridad nacional”, hecho que de igual forma cualquier otro país podría responder alterando de nueva cuenta el acuerdo global. En consecuencia, hay muchas probabilidades de que respuestas de este tipo desencadenen una escalada proteccionista sin sentido, sometiendo a la OMC a una verdadera encrucijada.

Bajo ninguna circunstancia hoy en día el halo proteccionista puede brindar mayor crecimiento y bienestar a la economía mundial, una guerra comercial sólo limita las capacidades productivas globales. Quizá sea hora de recordar lo que aprendimos de los economistas clásicos: no necesariamente el signo positivo de la balanza comercial es la ventaja que genera el comercio exterior,  sino más bien el aprovechamiento de las ventajas que cada nación tiene, lo que expande las fronteras de producción.

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Teoría y práctica del poder moral

El más claro antecedente de una “constitución moral” en la historia de América Latina es el llamado “cuarto poder” propuesto por Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, en 1819. Bolívar compartía con otros republicanos de la primera generación hispanoamericana la idea de que nuestras naciones no estaban preparadas para la democracia, luego de tres siglos de colonialismo y esclavitud. En América Latina, según Bolívar, se requerían ejecutivos fuertes, senados hereditarios y un cuarto poder moral para regenerar la sociedad y producir en poco tiempo ciudadanías virtuosas.

Bolívar llamaba a retomar instituciones antiguas: el Aerópago de Atenas, con sus “guardianes de las costumbres y de las leyes”, los “censores y tribunales domésticos” de Roma, y los “austeros establecimientos de Esparta”. Esos tres “manantiales” antiguos eran la fuente de una política moderna de la virtud, encarnada en el poder moral: “una cuarta potestad cuyo dominio sea la infancia y el corazón de los hombres, el espíritu público, las buenas costumbres, y la moral republicana”.

El republicanismo bolivariano tenía, como sabemos, un acento antiliberal que luego aprovechó la tradición conservadora latinoamericana del siglo XIX. Al menos en Venezuela, aquel republicanismo nutrió la ideología del “cesarismo democrático” de Laureano Vallenilla Lanz y el dictador Juan Vicente Gómez, a principios del siglo XX, y del chavismo a principios del siglo XXI. Hugo Chávez introdujo en la Constitución de 1999 un cuarto poder, el Poder Ciudadano, que es ejercido por el Consejo Moral Republicano.

En Venezuela el Consejo Moral Ciudadano está integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o la Fiscal General de la República y el Contralor o Contralora de la República. A diferencia del cuarto poder de Bolívar, que se concebía como un organismo supervisor de la educación y la moral, el poder ciudadano chavista es, en realidad, una estructura paralela al poder judicial, subordinada al gobierno. Chávez utilizó esa estructura para instaurar el reeleccionismo por medio de mecanismos plebiscitarios.

Nicolás Maduro, en cambio, se ha servido del Consejo Moral Ciudadano para justificar la represión contra los opositores venezolanos y para imponer una Asamblea Constituyente perpetua, que no fue sometida a consulta popular como establece la propia Constitución. Supuestamente, el objetivo de aquella constituyente era reformar la Carta Magna chavista de 1999, pero al cabo de diez largos meses no hay tal reforma constitucional sino un evidente robo de funciones del poder legislativo legítimo, electo por la ciudadanía venezolana.

En teoría, la idea del cuarto poder, en la tradición republicana, suena bien, siempre y cuando se le despoje de sus elementos conservadores o autoritarios. Nadie, en América Latina, dice ya que el pueblo no está preparado para la democracia, pero sí que la democracia es tan defectuosa y corrupta que el pueblo no la merece. Se llega por esa vía al mismo autoritarismo conservador, ya que las instituciones acaban sujetas al control de un gobierno cada vez más personalizado.

No cabe dudas de que la democracia está en crisis, en América Latina y el mundo. Y la crisis proviene, en buena medida, de los presupuestos liberales clásicos en que se sustenta ese régimen político. El verdadero reto de los ciudadanos y los políticos del siglo XXI es renovar esos presupuestos, de acuerdo con el ritmo acelerado del cambio social, y no desecharlos. Desechar las premisas liberales de la democracia, por la vía comunista o populista, republicana o conservadora, es poner en riesgo la democracia misma.

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El nuevo orden internacional

El sistema internacional se rige por instituciones y normas. Por ejemplo, el sistema de cortes internacionales que regulan el intercambio económico; acuerdos bilaterales y multilaterales que regulan las relaciones tanto económicas como de seguridad entre países; o documentos que establecen cómo debemos actuar en tiempos de guerra y cómo definir el estatus de refugiados.

Tan acostumbrados estamos a ese orden internacional que se construyó en la posguerra y se consolidó en la década de 1990, que nos parece como si fuera natural. Sin embargo, estas instituciones y normas dependen de un acuerdo constante entre los países para sostenerlas y respetarlas. En el momento en que actores poderosos deciden irrumpir ese orden, los documentos e instituciones de los que tan seguros estamos pierden toda validez.

Es decir, que el orden internacional está estrechamente vinculado al equilibrio de poder.

Desde la llegada de Trump a la presidencia, este orden peligra más que nunca antes. Por un lado, Estados Unidos se ha replegado paulatinamente, dejando espacios para otras potencias; por el otro, las alianzas más cruciales, que mantenían este orden internacional —por ejemplo la alianza entre Europa y Washington— se resquebrajan.

No es coincidencia que, desde la llegada de Trump, los líderes autoritarios de los países más poderosos se han sentido con la libertad de aumentar el control de sus países y expandir su poder en el ámbito internacional. La semana pasada, Xi Jinping, el presidente chino, modificó las reglas que lo limitaban a dos periodos de cinco años para poder reelegirse indefinidamente; lo mismo ha sucedido con Putin en Rusia y con Erdogan en Turquía.

Aunque estos procesos son internos, no cabe duda que estos actores se sienten empoderados por el debilitamiento de Estados Unidos y la Unión Europea y por el aumento de la derecha extrema en Europa. Por años, muchos desearon que Estados Unidos se debilitara, pensando que esto resultaría en un orden internacional más justo; sin embargo, el resultado parece ser casi el opuesto. Aunque es verdad que EU ha violado históricamente muchos de los acuerdos e instituciones del orden internacional, paralelamente Washington ha cuidado, por interés propio, la estabilidad de estas reglas.

A Putin, Xi y a Erdogan les interesa poco sostener este orden; al contrario, se benefician de la inestabilidad. A diferencia de lo que sucede con el presidente estadounidense, que tiene que lidiar con la presión interna de un sistema de contrapesos, estos líderes tienen mucha más libertad de conducirse en el mundo, a su parecer, sin temor a que esto afecte su supervivencia.

Por unos meses parecía que Macron y Merkel tomarían el vacío que dejó Estados Unidos. No obstante, Merkel, líder de un sistema democrático, ha salido enormemente debilitada del proceso de elección interna. Quedan muchas dudas sobre el nuevo reacomodo del poder. Sin embargo, mientras el mundo occidental lucha contra el nacionalismo y la xenofobia de la derecha extrema, las potencias autoritarias se apresuran a construir un nuevo sistema que les beneficie; y es así como varias de las normas que dimos por sentadas amenazan con desaparecer.

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Fantasmas rusos y venezolanos

Esta semana circuló en las redes un documento de las juventudes bolivarianas de Venezuela, divulgado por el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, en la que se dice que “el año 2018 es un año de batallas electorales, por lo cual el canciller camarada Jorge Arreaza ordena crear cuentas con perfiles independientes para darle apoyo a las campañas en redes sociales de nuestros aliados políticos en el continente”.

Se citan a continuación las cuentas de Twitter que deben ser apoyadas en lo sucesivo: la de Gustavo Petro, en Colombia; la de Fernando Lugo, en Paraguay; y la de Andrés Manuel López Obrador, en México.

“La juventud —concluye la circular interna de las juventudes bolivarianas— tiene la responsabilidad de promover los ideales de Chávez en los países hermanos para elegir un destino mejor para los pueblos de nuestro continente”. El texto lo firma Freddy Gutiérrez, presidente de la comisión de agitación, comunicación y propaganda del partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV).

En Colombia, que tiene elecciones presidenciales el 20 de julio próximo, son conscientes de la intervención venezolana no sólo en los comicios, sino en muchos otros ámbitos. La paz con el ELN no se puede acordar, por ejemplo, porque Venezuela le permite tener a ese grupo armado, involucrado también con el narcotráfico, una amplia retaguardia para operar en Colombia, tras la frontera común de ambos países.

Yo no digo que exista una suerte de complot entre López Obrador y el gobierno venezolano, pero la simpatía mutua es indudable.

Dirigentes de Morena lo expresan públicamente y el gobierno de Nicolás Maduro, también. López Obrador lo niega y dice que jamás conoció a Chávez o, ahora, a Maduro; y probablemente es cierto, pero desde las elecciones de 2006, cuando incluso una de las hijas de Chávez viajó a México con un pasaporte con otro nombre (fue retenida por Migración en el aeropuerto hasta que el gobierno venezolano aceptó que tras una falsa identidad se escondía la hija de Chávez), hasta la visita esta misma semana de Gerardo Fernández Noroña al aniversario de la muerte del exmandatario venezolano, la relación ha sido constante.

Tampoco prestamos demasiada atención a la intervención rusa en las elecciones y López Obrador bromea con la espera del submarino ruso con el oro de Moscú, o con Andrés Manuelovich; pero lo cierto es que esa intervención existe, ya está detectada y se ha dado no sólo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, con el Brexit: se ha dado en todos y cada uno de los procesos electorales de los últimos años, desde Holanda hasta Cataluña, pasando por Francia y ahora, en Italia.

¿Por qué podrían tener interés en nosotros? Porque no terminamos de asumir que somos una pieza central del engranaje globalizador, porque somos el principal socio comercial de Estados Unidos, porque tenemos acuerdos comerciales con todas las prin

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Tiempo de fantasmas

La intercampaña presidencial devino en reyerta entre fantasmas. José Antonio Meade sentencia que mientras uno de sus adversarios lava dinero a través de empresas fantasma, el otro es un idem fiscal, que no existe en el ecosistema fiscal y bancario nacional.

Ricardo Anaya pasó de la risa loca al mensaje adusto, amenazante, ofrece comisión de la verdad, lupa futura sobre los presentes del poder, de Enrique Peña para abajo, y quiere en ello próceres extranjeros imaginando lo ocurrido en Guatemala con su expresidente (Otto Molina) tras las rejas. Anaya y porristas espantan con el petate del muerto.

El panista enfrenta, es esa su vocación y promoción. Ha enfrentado, presume, a Estados Unidos en inglés, of course, a Canadá en francés, aunque no sabemos bien por qué, y al PRI con su endémica corrupción, sólo de un tiempo para acá. Sí, porque su cruzada tiene raíces tiernas.

Enfrentar es lo suyo (otros dicen que traicionar); sin embargo, respecto a las inconsistencias más visibles entre su ritmo de vida, familiar y profesional, Anaya ha optado por la omisión como estrategia. Exige que el Ministerio Público federal una de dos, o actúe en su contra o lo exima, y hace bien; pero de cara a los votantes, Anaya se limita a la oratoria victimista, y de cuentas claras, nada. Se escabulle entre declaraciones patrimoniales mochas.

Andrés Manuel López Obrador está curado de espantos. Lo que hoy le ocupa es un blindaje antifraude de convocatoria global vía la senadora expanista Gabriela Cuevas, para que ojos extranjeros observen y juzguen nuestra elección.

Navaja de doble filo, ya que si AMLO logra semejante arbitraje moral y, contra todo pronóstico, pierde, entonces enfrentará a su peor fantasma, su talante antidemocrático que lo incapacita para reconocer una sola derrota. Sólo cuando ganó en la Ciudad de México no pataleó, pero en Tabasco y dos presidenciales acusó fraude, complot, mafia. Eso sí lo espanta, paraliza y activa en modo eterno campeón sin corona.

José Antonio Meade no exorciza a los prehistóricos fantasmas tricolores o a los del clan Toluca-Atlacomulco. En el 89 aniversario del PRI y en festejo para él solo, los espectros de poderosos militantes que lo acompañarán en sufrida campaña, con escaños y curules garantizados que no arriesgan, como él su futuro, evoca tiempos de Colosio, Labastida y Madrazo, fantasmas que aterran al capaz y eficiente funcionario en un mundo de vivos y vivales.

En tanto, la sala regional del TEPJF revocó el convenio de candidatura común entre PRI, Verde y Nueva Alianza por considerar desproporcionada la relación entre candidaturas y porcentaje de votos para cada partido, que es de 30 por ciento. Los magistrados les dan cinco días a los partidos para reunirse, negociar y establecer parámetros equitativos. El PRI mexiquense minimiza a quienes hicieron posible su triunfo en las pasadas elecciones.

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