EDITORIAL

 

La renuncia

 

Era cuestión de tiempo para que Miguel Ángel Osorio Chong dejara la Secretaría de Gobernación. Su posición era insostenible y en algún sentido ya estaba lejos del grupo cercano al Presidente, lo distanciaron y se distanció.

Ésta fue su dinámica desde poco antes que Peña Nieto decidiera que José Antonio Meade sería el candidato del PRI. El Presidente no sólo optó por un personaje que no tuviera que ver nada con su partido, sino también decidió que todo lo que tuviera que ver con pasados priistas sería descartado. El supuesto era y es que el PRI no gana con un priista.

Meade sabe que no se puede separar del todo del PRI, es un tema de sobrevivencia, pero también tiene claro que su mejor tarjeta política de presentación es que no es del PRI.

Quienes están en el PRI, sin importar los años de militancia y de meritologías, forman parte de los olvidados y, si me apura, hasta de los ninguneados. En el PRI los militantes se percataron que ser priista tenía y tiene, por cierto no casualmente, una alta dosis de incomodidad, para decir lo menos. Para el priista número uno del país, como demagógica se dice, su partido se convirtió en algo así como en ni contigo ni sin ti.

El PRI es la maquinaria, pero al mismo tiempo, para lo que viene estorba. El 60% de los votantes por ningún motivo sufragarían por el tricolor, los negativos del partido son dramáticos.

A algunos priistas esto les afectó más que a otros. Hay quienes se saben acomodar sin importar cómo les va en la feria, pero hay otros que estando en posiciones estratégicas entienden cuál debe ser su siguiente movimiento, no se pueden quedar donde están.

Algunos de estos personajes reaccionan y buscan salidas. Quedarse es sinónimo de algo que se acerca a la ignominia. Estos escenarios se presentan por lo general en la política, pero en particular cuando llegan los tiempos de las candidaturas y cuando se viene el final de una administración. Es el momento en que el uso del poder se va agotando y es altamente cuestionado, como es el caso de la actual administración.

Osorio Chong sabía que su destino estaba definido desde que se dio a conocer que Meade sería el candidato. La decisión no sólo lo hacía a un lado, también lo colocaba en una situación difícil porque si bien conoce y vive bajo las reglas, una cosa es verlas y otra que se las apliquen.

A esto se puede deber que haya quedado la impresión de que Osorio tardó en salir a apoyar a Meade y que durante algunos días se haya mantenido con un marcado bajo perfil. Se interpretó como la molestia del hidalguense por la decisión presidencial, y porque al PRI de plano se le hizo a un lado. Pocos como Osorio representan al tricolor para la militancia priista.

La campaña de Meade va a necesitar a Osorio. No como parte del equipo directo del precandidato-candidato, ahí simplemente no cabe, pero sí para ser vínculo con la férrea militancia, la cual a pesar de que se le menosprecie o se ironice con ella existe y sigue sin acabar por digerir que Meade, “el externo”, sea su candidato.

Quien debe de ponderar lo que hizo Osorio, con luces y sombras, debe ser el Presidente. Se tragó más de un sapo que en muchas ocasiones no tenía que ver con sus áreas de competencia. Osorio era cercano pero no era ni como Luis Videgaray ni como Aurelio Nuño para el mandatario.

Ahora la vida para el hidalguense va con rumbo al Senado y va a jugar el papel de bombero una que otra vez en la campaña.

El último secretario de Gobernación que duró seis años en el cargo fue, lo que son las cosas, Manuel Bartlett con Miguel de la Madrid en la Presidencia, el cual también se quedó a un suspiro para la grande.

A Osorio le faltaron once meses para terminar los seis años, pero entendió que con todo lo que había pasado se tenía que ir y no se podía quedar sentado en Bucareli.

EDITORIAL

 

¿La inflación a la baja en el 2018?

 

No cabe duda que los resultados del año pasado en materia de inflación fueron decepcionantes. No obstante, se anticipa una baja de la inflación anual a partir de enero, la cual es posible; lo que genera nerviosismo son los actuales riesgos inflacionarios al alza, que podrían generar un descenso de la inflación en este año menor al esperado.

En 2017 se alcanzó la tasa de inflación más alta de los últimos 16 años. El incremento mensual de 0.59% en diciembre pasado implica una tasa anual para la inflación general de 6.77%. La inflación subyacente (el elemento más estable del INPC) cerró el año pasado con una tasa anual de  4.87%; en tanto que la inflación no subyacente (el elemento más volátil del INPC) mostró un incremento anual mucho más acentuado de 12.62%, promovido principalmente por el incremento en los precios de los energéticos y de los bienes agropecuarios.

No obstante, la perspectiva para este año es más favorable. Si consideramos las estimaciones que los analistas financieros señalan en la más reciente Encuesta Citibanamex de Expectativas, vemos que el consenso del pronóstico de inflación para finales de este año apunta una importante baja de la inflación anual hasta 4.08%, es decir, un importante ajuste a la baja de 2.69 puntos porcentuales respecto al cierre de 2017. Incluso, a partir de las estimaciones de enero, plasmadas en la misma encuesta, se desprende la conclusión de que la tendencia ascendente de la inflación ha terminado. Si bien puede haber escepticismo acerca de esta previsión, existen razones para pensar que así será.

En primer  término, se anticipa una drástica reducción de la inflación anual en enero de 2018. El avance estimado por el consenso de la Encuesta Citibanamex de una tasa anual de la inflación general de 5.52%, está 1.25 puntos porcentuales por debajo de la inflación anual del cierre de 2017. La causa principal de esta caída está en la alta base de comparación, ya que el avance mensual  estimado de los precios en enero próximo de 0.58%  está sensiblemente por debajo del incremento mensual de 1.7% ocurrido el año pasado.  Hay que tener cuidado con esta interpretación; el hecho de que la tasa anual baje no significa que los precios bajen; más bien quiere decir que el incremento de precios en enero de este año respecto a diciembre pasado fue menor al incremento de enero.

En segundo lugar, además de la menor tasa anual de enero, el consenso de analistas anticipa una  reducción en lo que resta del año hasta 4.08% arriba mencionado. Probablemente, otro factor que apoya un pronóstico de menor inflación anual es la expectativa de una apreciación de la paridad, ya que el consenso anticipa un nivel de 18.68 pesos por dólar al término de 2018 versus  19.3 de su nivel actual. A ello hay que incorporar el hecho de que la demanda interna ya está dando señales de mayor debilidad, lo cual aliviana las presiones sobre la inflación.

A la luz de los recientes incrementos en los energéticos, de los alimentos y de la volatilidad de tipo de cambio, considero que el escenario marcado por el consenso de analistas es conservador, los riesgos al alza de la inflación se han incrementado de manera importante, lo que sí parece posible por la aritmética de la inflación que es  una baja de la tasa anual importante en enero.

EDITORIAL

 

Precampañas que terminan en campañas

 

José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador no están todavía en campaña, la ley se los prohíbe, pero actúan como si ya estuvieran en ella. Así es y va a ser hasta que en febrero den inicio formalmente los tiempos de las campañas.

La complejidad de definir las formalidades de cuándo se está en precampaña y cuándo en campaña lleva a que se confundan las etapas y que los precandidatos, los cuales en muchos casos ya son candidatos de sus partidos, se la pasen jugueteando con los tiempos.

Como sea, lo importante es lo que puedan presentar en sus campañas y sobre todo sus propuestas y programas de gobierno. Es en ello en donde está buena parte de lo que puede llevar a los ciudadanos por optar por uno u otro candidato.

El eje de cualquier campaña debe estar en la definición de la gobernabilidad. En una sociedad dividida electoralmente, ya sea en tercios o mitades, la cohesión se hace muy difícil porque si algo nos ha rodeado en los últimos años son los graves signos de intolerancia.

No se ve por el momento cómo se pueda elevar el nivel de debate. La intolerancia que muestren los candidatos terminará influyendo entre sus militantes. Si hay respeto por el otro, sin por ello dejar de defender los principios y las propuestas de campaña se podrán dar algunos pasos, pero en función de lo que se ha visto no se ve cómo pudiera cambiar el estado de las cosas.

El pasado fin de semana tuvimos los primeros escarceos de lo que puede venir. José Antonio Meade hizo referencia en varias ocasiones, en su discurso ante el priismo nacional, a López Obrador, sin hacerlo por su nombre.

El tabasqueño se lanzó contra Meade días antes cuando fue destapado como precandidato del PRI a la presidencia; le dijo “señoritingo”. Si algo tiene López Obrador como virtud es que sabe cómo usar el lenguaje para que sea retomado por los medios. Digamos que sabe muy bien cómo y hacia dónde apuntar, es sarcástico, irónico y llega a ser hiriente.

No hay manera de que cambie y quizá de nuevo el uso del lenguaje se convierta en su virtud y al mismo tiempo en su carga y en su propio enemigo, recordemos el “cállate chachalaca”.

No fue un buen fin de semana para López Obrador. Su propuesta de pensar en una amnistía para los líderes de los cárteles de la droga, para presumiblemente pacificar al país, cayó no sólo mal sino que fue abiertamente repudiada.

En las redes el fin de semana fue severamente criticado y para muchos fue la ratificación de que se mueve a menudo con base en ocurrencias, a lo que se suma que no se da tiempo para pensar lo que dice y por ello le acaban pasando cosas que bien puede evitar. No hay manera de amnistiar a los líderes de los cárteles con la muerte y violencia que siembran a diario en todo el país.

Con Meade en precampaña-campaña los escenarios se van a mover. López Obrador ya lo tiene en la mira, en tanto que el no priista-priista va a seguir al de Morena sin mencionarlo por su nombre, tratando de evidenciar sus planteamientos hasta que inevitablemente llegue el día de la confrontación directa.

Uno va caminando con la evidencia de la intolerancia y las ocurrencias, pero muy bien arropado por sus seguidores incondicionales, muchos de ellos recalcitrantes; en tanto que el otro si algo quiere es que sepan quién es y que lo vean como “externo”, más que como parte de un partido con una muy mala marca.

Están ya en las precampañas que realmente terminan siendo campañas.

 

EDITORIAL

 

 

Los derechos humanos en 2018

 

 

El año recién comenzado presenta un escenario complicado para los derechos humanos. Debido a que se trata de un año electoral, la defensa de estos derechos —supuestamente ajenos a vaivenes políticos— ocupará un lugar preponderante en las agendas de los partidos políticos.

Es previsible que, en sus respectivas plataformas electorales, los partidos expongan la mejor manera de respetar los derechos humanos y combatir sus violaciones, así como sus propuestas para llevarlo a cabo. Sin embargo, en su afán por disputar tanto la Presidencia de la República como las 628 vacantes del Congreso de la Unión, los partidos también han celebrado alianzas con agrupaciones cuyos valores no sólo son divergentes, sino hasta excluyentes.

Es previsible que, en sus respectivas plataformas electorales, los partidos expongan la mejor manera de respetar los derechos humanos y combatir sus violaciones, así como sus propuestas para llevarlo a cabo. Sin embargo, en su afán por disputar tanto la Presidencia de la República como las 628 vacantes del Congreso de la Unión, los partidos también han celebrado alianzas con agrupaciones cuyos valores no sólo son divergentes, sino hasta excluyentes.

Es el caso de por “México al Frente”: una alianza que amalgama la defensa panista de las familias tradicionales con el impulso perredista a los matrimonios entre personas del mismo sexo. De manera similar, la asociación “Juntos haremos historia” combina la legalización del aborto, reivindicada por la izquierda que dio origen a Morena, con los valores del PES, los cuales excluyen la posibilidad de que las mujeres tomen decisiones respecto a su cuerpo. Estas alianzas evidencian que, con tal de obtener poder, los partidos están dispuestos a renunciar a los principios que han sido parte esencial de su identidad. Además de crear confusión entre sus simpatizantes, el desmedido pragmatismo que ha inspirado la concreción de estas coaliciones exhibe que la defensa de los derechos humanos pasará a segundo término si de alcanzar el poder se trata.

Otro factor que complicará seriamente el panorama será el aumento en la difusión de las violaciones a derechos humanos por parte de las distintas oposiciones, con el único fin de menospreciar la labor gubernamental. Si alguna lección puede obtenerse de las recientes discusiones suscitadas con motivo de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, es precisamente que el debate dentro de nuestra polarizada sociedad puede alcanzar posiciones aún más extremas. No se trata de negar la existencia de feminicidios en el Estado de México o de periodistas asesinados en Chihuahua. Tampoco de minimizar que hay desaparecidos en Veracruz, o policías asesinados en Guerrero; o tráfico ilegal de gasolina en Puebla. Sin embargo, no hay que perder de vista que las violaciones a los derechos humanos no reconocen fronteras estatales, ni son exclusivas de los gobiernos del PRI, PAN o PRD. A pesar de ser temporada electoral, debemos mantenernos alertas para no caer en el error de denunciar hechos violatorios de derechos humanos desde una perspectiva partidista.

La existencia de 33 comisiones públicas de derechos humanos (una por cada entidad federativa, más la CNDH) debería garantizarnos que las violaciones serán señaladas sin sospecha de sesgo partidista. No obstante, en una más de las paradojas que caracterizan nuestra vida pública, la proliferación de estas oficinas públicas no ha significado una mayor vigencia de los derechos humanos. En el debate acerca de la fuerza de estos derechos sería importante revisar integralmente el funcionamiento de estas comisiones.

EDITORIAL

 

 

Amnistía, clemencia e indulto

 

La propuesta de AMLO de perdonar a los narcotraficantes para alcanzar la paz en el país debe examinarse con sumo cuidado. Parece que lo primero que tendría que pedírsele al candidato es que fuera más claro acerca de qué es lo que pretende hacer, en caso de llegar al poder.

Conviene que distingamos tres conceptos diferentes: amnistía, clemencia e indulto. Estas tres instituciones jurídicas son tradicionalmente un privilegio del soberano que pone a la paz, la concordia y la reconciliación por encima de la justicia y del castigo. De esta manera se le podría pedir a AMLO que replanteara su propuesta con base en estos tres conceptos.

 

¿Qué se pretende?

 

1.- Amnistía. En este caso, el Congreso legisla para que los narcotraficantes dejen de ser perseguidos por algunos o por todos los crímenes que realizaron durante un periodo de tiempo.

 

2.- Clemencia. En esta otra situación, los narcotraficantes son perseguidos y capturados. Sin embargo, una vez que son llevados a juicio, el juez les otorga una reducción de algunas o todas sus condenas, o incluso un perdón, en caso de que haya una ley que se lo permita.

 

3.- Indulto. En esta circunstancia se juzgaría a los narcotraficantes con todo el peso de la ley. Sin embargo, una vez que hubiesen recibido su sentencia, la autoridad les concedería, con base en el Derecho, una reducción de algunas o todas sus condenas o, incluso, la libertad.

 

Será importante determinar si se ofrecerá amnistía, clemencia o indulto para todos o sólo para algunos de los crímenes cometidos por los narcotraficantes. Por ejemplo, supongamos que alguien es culpable de los delitos de narcotráfico, asesinato y extorsión. ¿Se le perdonará únicamente el delito de narcotráfico? ¿O también se le ofrecerá algún perdón por los demás delitos? Estas preguntas son de enorme importancia porque no son pocos los involucrados en el narcotráfico que, además, son responsables o cómplices de otros delitos.

La sociedad mexicana tiene que discutir si está dispuesta a que la autoridad declare amnistías o tenga clemencia u otorgue indultos a los miles de compatriotas que han participado en las actividades delictivas ligadas al narcotráfico. Pero también tiene que discutir si, por lograr la paz, aceptaría que narcotraficantes que han asesinado, secuestrado, violado, torturado, extorsionado, robado, golpeado y amenazado, no reciban castigo por esos otros crímenes. ¿Pretende AMLO otorgar perdón como si fuera un monarca absoluto? ¿Cómo lograría la concurrencia de los poderes Legislativo y Judicial? ¿Debería realizarse un plebiscito en el que las opciones estuvieran perfectamente claras?

La paz es quizá el mayor de los bienes sociales. Sin embargo, la paz puede costar demasiado. Cuando la paz se compra con amargura y silencio, no es una paz deseable. Es cierto que a veces no hay otra manera de alcanzarla. ¿Acaso esa es la situación que vivimos ahora en México?

EDITORIAL

 

Elecciones 2018, democracia y paz social

 

Partidos políticos, candidatos y equipos de campaña tienen una enorme responsabilidad en cómo habrán de realizarse y concluirse los comicios en los que se decidirán más de tres mil cargos de elección popular (más que nunca antes en nuestra historia), incluida la elección presidencial más disputada.

El hecho de encontrarnos en un proceso electoral muy dinámico y competido es una señal de nuestro avance democrático. Éste es un activo nacional, construido por todos, y hay que apreciarlo, conservarlo y, en su caso, defenderlo. La madurez cívica de una sociedad y de su clase política es una aportación imprescindible para la paz social.

Es deseable que los candidatos, que representan corrientes y plataformas políticas, actúen con responsabilidad y diseñen sus acciones y discurso con énfasis en su oferta política, sus propuestas y sus compromisos.

Desde luego, acentuar la diferencia de su trayectoria o de su plataforma respecto de las otras opciones es un derecho y ofrece a los electores claridad y elementos para su análisis y voto. Destacar la propuesta propia no implica descalificar dogmáticamente la del adversario y menos recurrir a la difusión de informaciones falsas o exageradas para denigrarlo.

México es mucho más que unas elecciones y más, desde luego, que las aspiraciones partidarias o individuales de cualquier político. El proceso electoral de 2018 es una etapa, después de la cual el país seguirá su curso. Hay que subrayarlo para que la aspiración de ganar no conduzca a sembrar divisiones, odios o exclusiones.

Así pues, debe prevalecer la cordura, el discurso de unidad, el respeto a las propuestas ajenas y al derecho de todos de exponerlas.

Convocar a la unidad no despoja a nadie de sus ideas; permite, en cambio, que en lugar del sobresalto de la retórica del rompimiento, se transmita certeza a los electores, a la población entera y a la comunidad internacional.

El mensaje general que debemos darnos a nosotros mismos y al mundo es que gane quien gane las elecciones, los mexicanos estaremos más unidos que antes, en beneficio de nuestra paz social. Sólo con paz social tendremos probabilidades de enfrentar exitosamente nuestros múltiples y graves desafíos.

Si pasadas las elecciones nos encontramos divididos, con resentimientos y visiones excluyentes, todos perderemos.

En contraste, si luego de conocer los resultados tenemos la certeza de que por una parte, las mayorías ganadoras han actuado limpia y maduramente durante el proceso y la jornada electoral, y por otra parte, de que conducirán al país con absoluto respeto a las minorías, todos nos sentiremos incluidos y con espacios de participación.

De ahí la importancia de que vivamos campañas limpias, ajenas a la promoción de rencores, y orientadas al coincidente proyecto de país del que todos somos parte esencial. Aunque estas elecciones están lejos de darse en estos términos de madurez y responsabilidad política, es lo que los ciudadanos debemos exigir

EDITORIAL

 

 

 

Bicicletas japonesas

 

 

En el comienzo de “El laberinto de la soledad”, Octavio Paz relata la utilidad del contraste al estar fuera del país. Dice: “recuerdo que cada vez que me inclinaba sobre la vida norteamericana, deseoso de encontrarle sentido, me encontraba con mi imagen interrogante. Esa imagen, destacada sobre el fondo reluciente de los Estados Unidos, fue la primera y quizá la más profunda de las respuestas que dio ese país a mis preguntas”. Cuando uno encuentra que las cosas que da por sentado como “normales” no son así en otras latitudes, inevitablemente surge la reflexión alrededor de nuestras particularidades.

Traemos esto a la mesa debido a que durante los últimos días hemos sabido de muchos que han estado viajando por Japón y la experiencia ha sido abrumadora. Por eso, les compartimos un par de experiencias sencillas, pero reveladoras. En primer lugar, sorprendió que en los espacios públicos prevalece una obligación para comportarse de tal manera que se minimicen las posibles molestias a otros. Puede verse en que no sólo está prohibido fumar en el interior de los locales y oficinas, sino que incluso está prohibido hacerlo en la calle. Si se desea fumar, hay pequeños espacios esparcidos por la ciudad, aislados, separados, en los que el humo no puede llegar a los pulmones de nadie que no lo desee. Incluso en el metro uno encuentra una convención social que impide tomar llamadas en los vagones, no puede molestarse al otro con una conversación no deseada.

En segundo lugar, no asombra el hecho de que una buena parte de los japoneses se muevan en bicicleta, sino que lo hizo el ver que todos llegaban a su lugar de destino, estacionaban su bicicleta y se marchaban tranquilamente, sin asegurarla de ninguna manera. Uno encuentra miles de bicicletas protegidas simplemente por la confianza puesta en los otros. Esta, tal vez, fue una de las escenas más reveladoras. En los números fríos, uno sospecha el abismo que nos separa: mientras que la tasa de homicidios en México sigue rompiendo récords para llegar casi a 20 por cada 100 mil habitantes, en Japón esta cifra es de 0.31. Pero ver esa diferencia de criminalidad en los hechos es pasmoso.

Las explicaciones detrás de esta realidad claramente son complejas y atribuibles a la particularidad histórica de cada país; sin embargo, hay una variable interesante que parece estar detrás de resultados como este. Si revisamos la World Value Survey y comparamos la confianza que los ciudadanos tienen con sus semejantes, encontraremos que en México sólo 12.4% de las personas creen que pueden confiar en otras personas, mientras que en Japón esta cifra llega hasta 35.9%. Esto es lo que muchos académicos denominan capital social y, en nuestro caso, esto parece ir en picada, pues 18 años atrás ese porcentaje era de 29.4%.

En una sociedad democrática, la desconfianza hacia las autoridades resulta indispensable. Siempre hay que vigilar y controlar al poder. Pero lo mismo no debería de aplicar entre los ciudadanos. Sin esta red de confianza, será muy complicado poder avanzar en temas tan sencillos, pero complejos, como confiar en dejar una bicicleta sin protección en la calle.

EDITORIAL

 

El torbellino de la gasolina y la tortilla

 

México arranca 2018 —año mundialista y electoral— con turbulencia económica, tras los anuncios, casi simultáneos, tanto de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas (Unimtac), como de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), acerca del posible incremento en los precios de la tortilla y la gasolina, respectivamente, que se pronostican para este año.

Estos hechos generaron un efecto especulativo a lo largo de la semana, lo cual provocó un aumento súbito en el precio de ambos productos, sin que existiera claridad en su justificación.

Por lo que respecta a la tortilla, las razones esgrimidas se relacionan con el aumento de precios de otros insumos a lo largo del año pasado —maíz, gas LP y la propia gasolina, entre otros—, lo cual elevó el costo de producción de este producto, mismo que ahora resultaría insostenible. De mantenerse el abrupto incremento en el precio de la tortilla, representaría un duro golpe para la economía de los sectores más vulnerables de la población, pues forma parte de la alimentación básica de millones de mexicanos.

En el caso de la gasolina, debemos hacernos a la idea de la nueva forma en que se establecen los precios de este hidrocarburo, tras la Reforma Energética de 2013. Luego de que el año pasado se eliminara el subsidio del que era objeto, entraran nuevas empresas al mercado y comenzara la liberalización de precios —con lo cual se eliminaron topes máximos controlados por el gobierno—, el precio de los combustibles quedó en función de la oferta y la demanda, lo que depende de la libre competencia entre empresas, los precios internacionales de hidrocarburos y los costos de transportación, entre otros factores. Si bien, teóricamente, este esquema podría traer beneficios al consumidor, la realidad es que difícilmente los precios se ajustarán a la baja, pues durante años vivimos bajo un modelo en el que el precio de la gasolina era fijado de forma artificial y con condiciones en el mercado petrolero completamente distintas.

Llama la atención que tanto la Secretaría de Economía —en el caso de la tortilla—, como la Comisión Reguladora de Energía —en el caso de la gasolina—, hicieron pronunciamientos en el sentido de que los aumentos anunciados por ambas asociaciones gremiales resultan injustificados, pues los precios de insumos de los que depende la producción y venta de ambos productos, no han variado. Incluso, dieron pie a la intervención de la Profeco y la Cofece para prevenir abusos en contra de los consumidores y evitar prácticas monopólicas, respectivamente.

Sin embargo, el hecho es que estamos inmersos en un torbellino inflacionario en el que éstos y otros aumentos se están dando de manera sostenida, perceptibles de forma instantánea e inequívoca en el bolsillo de los ciudadanos de a pie, que conforman la amplia mayoría de este país. La realidad para millones de mexicanos es muy diferente y resultan innecesarios complejos razonamientos que justifiquen por qué sí o por qué no deben incrementarse los precios.

EDITORIAL

 

 

Corea del Norte y la izquierda latinoamericana

 

 

Corea del Norte y su estrategia de defensa nuclear es tema que divide de manera soterrada a la izquierda latinoamericana. La posición que se asuma frente a la carrera armamentista de Pyongyang define, en buena medida, el lugar de cada gobierno frente a los esquemas de la Guerra Fría y el viejo comunismo de raíz estalinista. Quienes justifican el programa nuclear de Kim Jong-un y sus constantes pruebas, violatorias de la soberanía de Japón, Corea del Sur y Guam, son, por lo general, contrarios a las nuevas formas democráticas de la izquierda hemisférica, predominantes en las tres últimas décadas.

Un artículo de mayo del año pasado, del sociólogo argentino Atilio Borón, en Página 12, resume esa posición. El autor reproduce las tesis del analista Mike Whitney en Counterpunch y concluye que “el problema es Washington, no Corea del Norte” y que si un país “necesita armas nucleares es ese”. Todo lo que hace Pyongyang contra la seguridad de sus vecinos en el Pacífico y contra sus propios ciudadanos, está justificado por la hostilidad de Estados Unidos. El trasfondo de la tesis es contrafactual: el programa nuclear de Corea del Norte la salvó de una invasión de Estados Unidos.

A falta de posicionamientos claros, el único gobierno de la región que comparte esa postura es el cubano. Es sabido que Venezuela tiene colaboración militar con Corea del Norte, pero Caracas evita declaraciones públicas a favor de Kim Jong-un. Otros gobiernos de la Alianza Bolivariana, como el boliviano, han llamado expresamente al diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte en foros internacionales, como Naciones Unidas y la Corte Penal de La Haya. La posición del gobierno boliviano, a diferencia de la del cubano, es favorable al desarme nuclear en la península coreana.

En varios editoriales recientes del periódico La Jornada se reitera el mismo enfoque: el doble rasero de Estados Unidos y las amenazas de Donald Trump deben ser rechazados por la comunidad internacional, pero la agresividad de Kim Jong-un tampoco está justificada. “El desarme de Pyongyang es un imperativo ético, además de la única perspectiva aceptable en términos de la seguridad internacional”, decía el editorial del 11 de diciembre. En esencia, la histórica posición de México en el Tratado de Proscripción de Armas Nucleares de Tlatelolco de 1967.

Justificar la escalada nuclear de Corea del Norte, como legítima defensa frente a la hostilidad de Estados Unidos, conduce a otro doble rasero, tan peligroso como el que se le cuestiona a Washington. Se trata del doble rasero que, por intereses geopolíticos, respalda las amenazas a la paz y la seguridad internacional y la violación sistemática de derechos humanos que ejercen potencias rivales de Estados Unidos como Rusia, China o Corea del Norte. En resumidas cuentas, la misma filosofía antidemocrática y belicista de la Guerra Fría, que evidenció sus terribles costos y peligros hasta la caída del Muro de Berlín.

EDITORIAL

 

Cuando atacan a periodistas

 

Jesús Blancornelas, director de la revista Zeta, tenía en la piel las huellas del periodista de raza. Lo habían intentado matar por órdenes de los hermanos Arellano Félix, entonces jefes de uno de los grupos criminales más poderosos. Blancornelas, quien vivió custodiado por elementos del Ejército Mexicano hasta su muerte, se había ocupado de la irrupción, en los bajos fondos, de los narcojuniors, jóvenes con dinero e influencia que se sentían (y de algún modo eran) impunes.

Tiempos duros los que se vivían en Baja California, al grado de que la vida y muerte estaban en manos de personajes caprichosos y sanguinarios.

José Luis Santiago Vasconcelos, desde que era titular de la Unidad Especializada en Combate al Crimen Organizado, contaba una anécdota:

Unos amigos toman cerveza en un bar cercano a Rosarito. Una jovencita pelea con su novio y decide bailar con uno de ellos. Se divierten un rato.

Nada especial, o eso parece. Afuera del local, el joven bailarín recibe un balazo en la cabeza. El verdugo es uno de los sicarios del cártel de Tijuana.

“Bailó con quien no debía”. Así eran las reglas, atroces, que habían impuesto los narcotraficantes.

En esas coordenadas hacía su trabajo Blancornelas, advirtiendo, dando cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Cuando presentaron, con Jorge Carpizo Asesinato de un cardenal, el director de Zeta participó con un video. No pudo viajar a la Ciudad de México por cuestiones de seguridad.

El libro se ocupa, entre otras cosas, del papel del cártel de Tijuana en la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y Blancornelas era uno de los periodistas que más sabía del tema.

A Guillermo Cano, director de El Espectador, lo mandó matar Pablo Escobar Gaviria. El diario se había convertido, por su información y reportajes, en un dolor de cabeza para el cártel de Medellín, en Colombia.

Dos sicarios que viajaban en motocicleta alcanzaron el auto del periodista y ahí atentaron contra su vida en las vísperas de las navidades de 1986.

Miroslava Breach dio cuenta de la complicidad del poder y el narcotráfico, sobre todo en la sierra de Chihuahua, y por eso la mataron.

Sabía de los riesgos, pero era más fuerte su indignación por lo que estaba ocurriendo, que su propia seguridad. Una historia dura, como pocas, y más aún porque autoridades municipales estuvieron en posibilidad de alertar, de impedir el crimen.

Se requiere del periodismo para que las cosas no sean peores de lo que son y por eso importan, y mucho, quienes tienen las agallas de contarnos historias que están más cerca de lo que quisiéramos admitir.

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