EDITORIAL

México, un cementerio

La próxima secretaria de Gobernación en la administración López Obrador, la exministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, declaró que las dos últimas administraciones habían dejado a México hecho un cementerio.

La manera en la que Sánchez Cordero lo dijo puede ser discutible, pero el hecho es que, si asumimos que en los últimos años hemos tenido por lo menos 160 mil muertos por ajustes de cuentas, miles de personas desaparecidas y una creciente sensación de inseguridad, la descripción no está muy alejada de la realidad.

La pregunta es por qué estamos en esta situación y, de acuerdo a cómo se responda, al diagnóstico que realice sobre el tema la próxima administración, podremos revertir esa situación o continuar con la espiral ascendente. La exministra, Alfonso Durazo y el propio López Obrador han puesto el acento en la pacificación del país.

Nadie podría cuestionar ese propósito: el país necesita volver a vivir en paz; necesita que la gente recupere la confianza para vivir segura en su propia casa (hoy, casi 86 por ciento de los ciudadanos se siente inseguro dentro de su propio hogar); necesitamos que poco a poco —nada se logrará mágicamente—, se recuperen el imperio de la ley y de la convivencia, que hoy se ven tan alterados.

Pero precisamente por eso se debe ver realmente en qué fallaron las administraciones de Calderón y Peña en el ámbito de la seguridad, asumiendo, además que ambos gobiernos pusieron enormes esfuerzos personales, económicos y políticos en ese terreno.

Lo primero que se debe asumir es que no se puede recuperar la seguridad sin reducir los índices de impunidad: hoy, cerca de 95 por ciento de los delitos denunciados (no los cometidos, sólo los denunciados) quedan impunes; la cifra es un poco menor en el ámbito federal, pero cae dramáticamente en los estados, en la justicia local.

La reforma al Sistema de Justicia Penal, con todos sus beneficios, también ha contribuido, involuntariamente, a esa impunidad: nadie duda que debemos tener un sistema penal garantista, pero con la utilización errada de la fórmula sobre las faltas al debido proceso, son miles los delincuentes que regresan a las calles; algunos con justicia y para rehacer su vida y otros para volver a delinquir; muchos de ellos, criminales peligrosos.

Los procesos se deben reponer cuando existan faltas al mismo, pero no se pueden dar liberaciones casi en automático.

Muchos jueces, por incompetencia, por miedo o por corrupción, simplemente se doblan ante las presiones delincuenciales. ¿Cómo entender de otra forma, por ejemplo, a la jueza de Tamaulipas que impone multas a los secretarios de Marina y Defensa sin una causa justificada por la desaparición de una persona; pero, al mismo tiempo, libera a casi todos los delincuentes de un determinado grupo criminal que llegan a su juzgado?¿Cómo entender que haya jueces que una y otra vez obligan a las autoridades federales a regresar a penales locales a peligrosos delincuentes que habían sido trasladados a cárceles de alta seguridad? Así se han dado dos fugas increíbles en los últimos meses, en Sinaloa.

Por supuesto que hay que revisar los casos de todas las personas detenidas e implementar, con quienes puedan tener ese derecho, un plan de liberación anticipada o preliberación; pero eso no debe ser considerado en términos estrictos una amnistía. Porque de la mano con ello, se debe ser más estricto con los delincuentes realmente peligrosos y recuperar el control de las cárceles, hoy en manos, sobre todo en el ámbito local, del crimen organizado.

Hacer justicia y pacificar el país requiere voluntad política, y ésta existe, pero demanda como acción prioritaria crear las condiciones para ello; y antes que nada exige acabar con la impunidad. Nadie en el futuro gobierno de López Obrador sabe más de ello, por su historia, que Olga Sánchez Cordero.