EDITORIAL

Represión y “diálogo” en Nicaragua

La periodista Gabriela Selser ha relatado para Associated Press las últimas incidencias de la crisis nicaragüense. Cuenta Selser que el pasado fin de semana, estudiantes de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) denunciaron que un operativo militar disolvió violentamente una manifestación pacífica con balas de goma en Managua. La periodista de la cadena Univisión, Tifani Roberts, habría sido alcanzada por unos disparos.

Cada manifestación opositora en Nicaragua culmina con varios muertos, heridos y la detención de decenas de activistas. De acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde que estallaron las protestas en abril de 2018, han muerto, al menos, 325 personas, más de 2000 han resultado heridas y unas 770 son identificadas como presos políticos. El propio gobierno de Daniel Ortega no hace mayores esfuerzos por negar esas estadísticas, y admite que cerca de 200 personas han fallecido en los enfrentamientos.

Mientras la represión, como en Venezuela y en Cuba, se incorpora a una estrategia de resguardo de la soberanía del Estado frente a la presión nacional e internacional a favor de la democracia, el gobierno orteguista abre una línea de diálogo con la oposición, que sobrevive a un nivel muy precario. Wilfredo Navarro, diputado del Frente Sandinista, pero que proviene, en realidad, del Partido Liberal de Arnoldo Alemán, que pactó con Daniel Ortega en los años 90, ha sido nombrado al frente de la delegación oficial que negocia con los opositores.

Del lado de la oposición interviene el economista Miguel Arana, miembro de la Alianza Cívica y Presidente de la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense. También participa la abogada Azahálea Solís, también de Alianza Cívica, quien ha llamado la atención sobre el doble comportamiento de un gobierno que, a la vez que se dice dispuesto al diálogo, no deja de reprimir manifestaciones pacíficas. Tanto Arana como Solís insisten en la fragilidad de la plataforma del diálogo en Nicaragua, mientras Ortega mantenga el mismo trato despótico frente a las acciones estudiantiles.

En Nicaragua, a diferencia de Venezuela, gobierno y oposición pueden sentarse en la misma mesa. Pero el dilema de lo innegociable emerge de un modo muy parecido, toda vez que el fin de la represión es una prioridad opositora y el cese de las manifestaciones populares es la primera demanda del gobierno. Típico dilema de los autoritarismos del siglo XXI: una seguridad artificial a cambio del derecho a la protesta legítima.

Como único puede aplacarse el malestar popular en regímenes que han perdido la legitimidad frente a la ciudadanía y frente a la oposición es por medio de reformas políticas concretas o nuevos procesos electorales que conduzcan a una alternancia en el poder. Lamentablemente, ahí se ubica el límite de lo negociable para élites decididas a mantener el control de las riendas del Estado a cualquier precio.