EDITORIAL

Ley de Amnistía, prioridad

La desaparición forzada lacera y duele en lo más profundo al país. Ha sido una constante desde hace ya un buen tiempo y no se ha encontrado un mecanismo efectivo para al menos atemperarlo.

Son muchas las razones que produce y alienta la desaparición forzada. Una de las más significativas es la impunidad bajo la cual vivimos. Los ciudadanos nos la hemos pasado presentando denuncias ante la pasividad de las autoridades.

Resulta brutal que se presente una denuncia y que sea la propia autoridad la que nos diga que no nos metamos en problemas y que mejor dejemos las cosas como están, por lo general aparece una expresión como el “le puede ir peor, sé porque se lo digo”. Traslademos este tipo de denuncias a las que tienen que ver con la desaparición de personas, y entre incapacidad de las autoridades y el sistema judicial esclerotizado, todos se remite con impotencia.

El viernes pasado empezamos, por fin, a tener certezas de lo que se ha venido viviendo. En lo que corresponde a las fosas clandestinas se han hallado 3 mil 24, encontrándose 4 mil 874 cuerpos, entre 2006 y el pasado 14 de agosto.

Bajo la presente administración se han encontrado 522 fosas y 671 cuerpos, la mayoría de ellos en Sinaloa, Colima, Jalisco, Sonora y Chihuahua.

Un problemas serio es que no se sabe en un buen número de casos quienes son las personas que se encuentran en las fosas; esto ha sido una constante. Un dato que lo ejemplifica es que de los 671 cuerpos hallados en lo que va del sexenio, sólo 200 han sido identificados y únicamente 116 entregados a sus familiares.

Una de las propuestas ante el estado de las cosas es construir 15 cementerios forenses, lo que podría ofrecer un orden respecto a la muy dramática y dolorosa situación que existe.

Indudablemente se están dando pasos que nunca antes se habían dado. La política de no hablar de desaparecidos y no reconocer la existencia de las fosas clandestinas llevó a que fueran las propias familias las que buscaran a sus familiares ante la pasividad cómplice de los gobiernos.

De manera paralela se anunció una propuesta sobre una Ley de Amnistía. La gran cantidad de personas presas por delitos menores es alarmante. Como se ha repetido en innumerables ocasiones, muchos jóvenes entran a la cárcel y cuando salen de ésta lo hacen como “profesionales” del crimen.

La ausencia de un sistema judicial que permita impartir justicia de manera puntual orilla a que mucha gente pueda pasar años en los penales sin siquiera haber pasado por un juicio. Una enorme cantidad de ellos tienen aún muchos ciudadanos detenidos.

Otro de los grandes problemas tiene que ver con los procesos que se le siguen a muchos campesinos quienes han sido detenidos por delitos menores; por ejemplo, el robo de una vaca y que son llevados a la cárcel. El trato que se les da es indignante a lo que se suma el hecho de que no tienen traductores, ante lo que se toma el camino fácil de consignarlos.

Los ciudadanos no creemos en la justicia porque es discrecional, cómplice y porque se sabe que se puede definir, sin importar el tipo de caso, a través del dinero. Sin dudar que haya muchos profesionales que hacen un trabajo profesional y de convicción entre los agentes del Ministerio Público y los jueces, lo que prevalece es la corrupción.

El problema se sabe es de raíz. Son muchos años en los que hemos vivido bajo situaciones totalmente adversas. La decisión que está tomando el gobierno va a enfrentar una estructura viciada desde sus entrañas. Sin embargo, insistimos que se están dando pasos.

Hoy vamos teniendo certezas sobre las fosas clandestinas, el número de personas desaparecidas y lo que pasa al interior de los penales.

Ahora vamos a entrar en los complejos terrenos del remedio y el trapito.