El Gobierno ha sido tolerante, respetuoso y prudente: HAM

*Se han erogado más de 5.5 millones de pesos anuales, a los 153 triquis cautelados por la CIDH

Óscar RODRÍGUEZ

El gobierno de Oaxaca ha entregado 5.5 millones de pesos a los 153 triquis que fueron desplazados de San Juan Copala (Juxtlahuaca, región Mixteca de Oaxaca) por un conflicto social y político, surgido en 2010, sin embargo, estos se niegan a retirarse de sus protestas frente a la sede del Palacio de Gobierno en esta capital, por lo que exigen la entrega del doble de fondos.

El Secretario General de Gobierno (SEGEGO), Héctor Anuar Mafud, aceptó que el tema de las familias desplazadas de San Juan Copala data de un conflicto interno surgido en los regímenes de Ulises Ruiz y Gabino Cué, que quedó pendiente de lograr su regresos pacífico a sus comunidades.

La falta de atención en ese momento de parte de estas autoridades estatales, causó que intervinieran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, incluso, dictó medidas cautelares, donde se pedía al gobierno estatal se garantizara las condiciones de seguridad y bienestar.

Ante ello, el titular de la SEGEGO afirmó que se ha dado respuesta a todos los requerimientos, dotándose de vivienda y sustento, así como un  terreno con materiales donde puedan construir sus propias viviendas.

“Se les ofrece todas las condiciones que requieren las familias para vivir y tener un desarrollo pleno, hasta con comodidad”, detalló.

Pero el grupo se niega aceptar esta ayuda y se mantiene posesionado de los corredores del Palacio de Gobierno, que han utilizado para realizar su vendimia.

Lamentó que a últimas fechas hayan mostrado una actitud más beligerante, al grado de agredir e insultar a policías y hasta servidores públicos.

Dijo que el gobierno estatal ha sido tolerante, respetuoso, paciente, prudente y se ha limitado de utilizar el uso de la fuerza pública para desalojarlos.

Anuar Mafud señaló en particular a una de las activistas de los desplazados, Lorena Merino, que recientemente fue captada y exhibida en redes sociales agrediendo a una mujer policía, precisando que el gobierno estatal le renta un local para que pueda vender sus artesanías, el cual se niega a ocupar y, al contrario, se ha dedicado en últimas fechas a denostar a las autoridades estatales en redes sociales.

Incluso, amenaza y agrede a periodistas que han difundido los apoyos que ha recibido del gobierno de Oaxaca.

Señor secretario, ¿cuánto le eroga el gobierno estatal a estos desplazados?

Más de 5.5 millones de pesos anuales, a los 153 cautelados por la CIDH, además se niegan a recibir 780 despensas que se les ha brindado para su manutención, además que el gobierno cubre el pago de la renta por el albergue, el pago de luz.

También se han entregado terrenos donde vivir y locales donde vender sus artesanías. Pero estos lugares no los utilizan, los habilitan como bodega.

“Desde nuestro punto de vista, a estos desplazados desde el punto de vista material, no les hace falta nada, porque tienen negocios, sin descalificar su condición de desplazados”, explicó.

Y aquí lo grave, dijo, es que esta gente confunde estar bajo una medida cautelar, para obtener fuero, impunidad y chantajear al gobierno.

Se analiza retirar a triquis

Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), José Raymundo Tuñón Jáuregui, afirmó que las fuerzas de seguridad analizan replegar a los manifestantes triquis que se encuentran apostados de los accesos principales del palacio de gobierno, siempre respetando la ley y sin trasgredir ningún derecho o garantía constitucional.

Dijo que, previo a los festejos patrios, tanto de la noche del grito como del desfile, habrá un exhorto que se buscara hacer a los manifestantes triquis para que opten por replegar su protesta que mantienen en las salidas y accesos a la sede del Palacio de Gobierno.

El mando indicó que los activistas triquis se encuentran bloqueando espacios que se utilizan como salida de emergencia de la sede del Poder Ejecutivo.

Con respecto a la agresión a las elementos mujeres de la policía turística, el titular de la SSP indicó que hay una carpeta de investigación respecto de los hechos, “porque el hecho de gozar de medidas cautelares no le exime a la activista de ser sujeta de sanciones por actitudes agresivas”.

“La medida cautelar no da pie a que puedas agredir ni amenazar a las autoridades”, remarcó.