BALCÓN

 

 

DESPUÉS DE SIETE AÑOS DE PERMANECER en una prisión de Estados Unidos, la semana pasada fue liberado en aquel país un famoso narcotraficante, quien se declaró culpable en su momento y se acogió al programa de testigos protegidos, Sergio Villarreal Barragán, El Grande. El Grande cuenta con un historial delictivo que incluye el paso por Cárteles como el de Juárez y el del Golfo, para luego incorporarse al Cártel de Sinaloa, en particular a la célula encabezaba por Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, con quienes después disputaría el control. En septiembre de 2010 fue detenido en Puebla y dos años después, en mayo de 2012, fue extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, tras su captura, pidió acogerse al programa de testigos colaboradores y fue registrado con el nombre de Mateo. Fue entonces que sus declaraciones se utilizaron para investigar y encarcelar a varias autoridades de los tres niveles de Gobierno, incluido el exsubsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare. Pero al inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto, todos los militares y el exsecretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca, además de policías federales, subprocuradores y agentes del MP federal fueron exonerados y liberados, debido a que se consideró que los testimonios eran falsos. Luego de ser extraditado a Estados Unidos, la Corte Federal para el Distrito Sur, en Texas, lo acusó de cuatro delitos: conspiración para distribuir, importar y poseer más de cinco kilogramos de cocaína entre enero de 2006 y septiembre de 2010, además de intentar llevar a cabo lavado de instrumentos monetarios en el Distrito Sur de Texas, durante el mismo periodo. Lo apodan El Grande por su estatura de dos metros, más de 110 kilos de peso. Pasó de ser un agente de investigación de la Policía Judicial Federal, adscrito a Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas; a uno de los principales personajes del crimen organizado en México, y poco antes de su detención, la entonces PGR había ofrecido una recompensa por él de 30 millones de pesos. El año pasado, la defensa legal de El Grande solicitó a la SEIDO una copia de la averiguación previa iniciada en su contra, donde quedó registrado como colaborador; y en abril de este año, su defensa quería saber si la Fiscalía General de la República lo perseguía; derivado de la averiguación previa que la PGR inició en su contra. Finalmente, la justicia estadounidense decidió liberar a Sergio Villarreal tras integrarlo al programa de testigos protegidos, para colaborar con las autoridades y aportar información que permita la detención de más miembros de la delincuencia organizada. Incluso en noviembre de 2018, Villarreal testificó en una audiencia por el juicio que se seguía en Estados Unidos contra Iván Reyes Arzate, un excomandante de inteligencia en México, que fue declarado culpable luego de comprobar que filtraba investigadores estadounidenses a capos de la droga en México. El caso de Sergio Villarreal Barragán es una “herramienta” común que utilizan las autoridades de la Unión Americana para obtener información que ayude a condenar a integrantes del crimen organizado. Y para muestra el llamado “juicio del siglo” contra Joaquín El Chapo Guzmán, en donde la fiscalía usó las pruebas y testimonios de varios criminales para ir tejiendo la red que creó este narcotraficante con el Cártel de Sinaloa. Lo cierto es que quienes aceptan testificar en un juicio de este tipo, lo hacen por algo a cambio, ya sea una reducción de su sentencia, que sus familias sean parte del programa de Testigos Protegidos de los US Marshals, o que reciban mejores condiciones carcelarias o incluso, obtener su libertad. En la mayoría de las veces se desconoce qué beneficios reciben quienes aceptan cooperar, ya que los detalles son secretos. Algunos logran salir de prisión y reciben protección del gobierno como cambio de identidad, vivienda y empleo. Más de ocho mil 600 personas han estado en el programa de Testigos Protegidos de los US Marshals desde su creación en 1971. Hemos platicado con fuentes estadounidenses sobre los programas de testigos protegidos. “Estados Unidos sólo negocia con delincuentes una vez que estén en nuestro territorio, y ellos no conocen los beneficios que obtendrán a cambio de esa información, hasta que se lleve a cabo su juicio”, indican. Una vez que cualquier extraditado llega a EU se pueden acoger al programa Plea Bargaining, en el cual los detenidos brindan información. Para entrar a este programa el detenido o su defensa lo deben solicitar. No se puede obligar a nadie que no lo desee. Hay muchos extraditados que quieren entrar al plan, pero los datos que pueden brindar ya no son útiles; a ellos no se les otorga este beneficio. Las reglas son claras para empezar a colaborar con las autoridades. La primera es firmar un contrato con los compromisos a seguir. El más difícil, quizá, es no volver a hablar con familiares cercanos, como con su madre. Muchos no lo aceptan. El detenido se tiene que declarar culpable, sin saber cuál va a ser la sentencia. Después viene un proceso para verificar la información y ver si como resultado se arman investigaciones de otras personas. En la Unión Americana sobre todo les interesa saber quiénes son los socios o las redes de los narcotraficantes mexicanos en aquel país. El juez toma en cuenta la cooperación para dictar sentencia, pero antes se corrobora todo lo dicho. ¿Pero por qué muchas veces las condenas son menores en Estados Unidos? Las autoridades afirman que ellas prefieren armar casos mucho más sólidos con toda la información que se tenga, aunque sea por delitos con penas menores e irlos ampliando que juzgar a alguien sin tener los expedientes completos, en los cuales puedan perder los casos. Y así es como Villarreal Barragán, siendo uno de los hombres más buscados, hoy está en libertad a siete años de su extradición…….Y POR HOY ES TODO.