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LA NEGATIVA DE ABRIR EL ESPACIO AÉREO para que Evo Morales fuera trasladado a México demuestra que está lejos de tener el apoyo internacional que muchos en México quieren exhibir. Fue necesaria una intensa actividad diplomática de horas para poder sacar a Evo de Bolivia, incluyendo una escala en Asunción, Paraguay, bastante lejos de la ruta hacia México. Ni Chile, ni Argentina, ni Perú, ni Ecuador querían a Evo sobrevolando su espacio aéreo. Si no hubiera sido trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, uno de ésos que están a la venta (una demostración más de lo absurdo de desprenderse de la flota de aviones el Estado), Evo no hubiera podido abandonar su país. No son muchos los países que apoyan al régimen de Morales; muchos menos los que coinciden con México en que hubo un golpe de Estado: sólo Cuba, Rusia, Nicaragua, Venezuela y Uruguay sostienen que hubo un golpe. Estar junto a Raúl Castro, Vladimir Putin, Daniel Ortega y Nicolás Maduro no es muy halagador. El caso del uruguayo Tabaré Vázquez es diferente: en Uruguay hay una segunda vuelta electoral, que será muy cerrada, el 24 de noviembre, entre el oficialista Frente Amplio (donde participan simpatizantes de Evo) y el partido de centro derecha, el Partido Nacional. Si el apoyo externo hacia Evo Morales no es muy amplio, en la coalición de facto que lo hizo caer hay de todo. Decir, como se ha mencionado en México, que sólo las fuerzas conservadoras son las que están en su contra, es falso. Para empezar, el grupo que ha sido decisivo en las movilizaciones es la Central Obrera Boliviana, que reúne a todos los sindicatos y, sobre todo al poderoso Sindicato de Mineros (Bolivia vive, literalmente, de la minería), una central marcadamente de izquierda;  existen sectores de izquierda que fueron alejándose cada vez más de Morales en la medida en que éste insistía, una y otra vez, en perpetuarse en el poder; están los grupos de centro, liberales, que convergieron en torno a la candidatura de Carlos Mesa, el rival de Morales en octubre pasado. Sí hay corrientes de derecha, incluso radical, en torno al líder opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con fuerte peso entre los empresarios y la clase media de esa ciudad, la más importante de Bolivia. A ellos se sumaron los policías, menospreciados siempre por Morales, y el Ejército, al que Evo le había dado apoyo, poder y recursos, encabezado por William Kaliman, un militar designado por Morales, quien finalmente, se negó a aceptar la última orden de éste: reprimir las protestas populares. Cuando se divulgó el informe de la misión de la OEA, confirmando el fraude electoral, Morales se volvió indefendible. ¿Quiénes están apoyando a Morales dentro de su país? Sus bases campesinas y los temibles Ponchos Rojos, los grupos paramilitares que organizó el régimen desde hace años como un factor de presión. En medio de la violencia que vive el país, y con el vacío de poder existente, los Ponchos Rojos son los que están enarbolando la consigna de la guerra civil y atacando, incluso con cartuchos de dinamita, colonias de clase media urbana para infundir el terror; y en buena medida lo han logrado. Si el asilo de Morales en México tenía como objetivo pacificar la situación, hubiera sido muy importante que el exmandatario hubiera hecho un llamado a sus partidarios a trabajar en la salida constitucional, la única posible: la convocatoria a nuevas elecciones. No lo ha hecho. ¿Le sirve a México darle asilo a Morales? El derecho de asilo en nuestro país no debería tener discusión. A lo largo de muchos años siempre se ha respetado. Aquí han tenido asilo y refugio, desde los exiliados españoles de la guerra civil, hasta el depuesto Sha de Irán, Reza Pavlevi, pasando por personajes de todo el mundo que lo demandaran con justicia y razón. En ese sentido, otorgarle refugio a Morales no estaría siquiera a discusión. Pero, ¿qué pasa cuando el refugiado interviene, o se lo usa, para intervenir en política interna o internacional de nuestro país? Si Evo insiste desde su llegada a México en que seguirá participando desde aquí en política, si denuncia el complot conservador e imperialista en el continente, si su caída se asume como un golpe de Estado con tan ilustres acompañantes internacionales, ¿eso quiere decir que México se suma a esa política estratégica, la de los llamados países bolivarianos? Pareciera que sí: en menos de una semana se dio el apoyo a Evo Morales y la definición de su caída como un golpe de Estado, sumado a la forma en que fue recibido; estuvo el próximo presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien coincidió con una reunión de la izquierda bolivariana, donde estuvo, entre otros, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa; todos con el apoyo explícito de Nicolás Maduro. Estuvo en México el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y luego fue a Cuba Marcelo Ebrard. Todo en apenas una semana. De ser así estaríamos cayendo en un grave error. Posiblemente, la diplomacia mexicana está pensando en colocarse como un punto equidistante que le permita negociar con todos al mismo tiempo y ser factor de consenso. Pero para eso, que por otra parte es improbable en el marco de polarización existente, se necesita estar, como se dice, equidistante. No se puede ser factor de negociación y, al mismo tiempo, ser parte de un bando. Ante un Trump y unos Estados Unidos en pleno camino electoral no deberíamos presentarnos como una presa fácil……Y POR HOY ES TODO.

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VIVIMOS EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN. Es maravilloso que podamos hablar con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. ¡Qué distintas eran las cosas en el siglo anterior! Si alguien no estaba en su casa, no había manera de encontrarlo. Y si vivía en otro país, había que enviar una carta con la esperanza de hallarlo en la dirección anotada. A la sociedad de la comunicación también se le conoce como la sociedad de la información. Con sólo apretar un botón tenemos acceso a cualquier dato, en cualquier lugar, en cualquier momento. Para quienes nacieron hace 20 años parece algo natural, pero para los mayores no deja de resultarnos asombroso. Para conseguir un libro había que transportarse hasta el sitio donde se encontraba a la venta y pagar un precio alto. La humanidad ya no es la misma desde que cada persona —o casi cualquiera, las excepciones cada vez son más escasas— lleva consigo un teléfono celular. La diferencia entre los humanos de antes y los de ahora podría describirse como ontológica. Es tan grande como la que se dio cuando aprendimos a hacer herramientas o cuando desarrollamos el lenguaje o cuando dominamos el fuego. No hay vuelta atrás en la historia. En algunos salones de clase todavía se puede obligar a los niños a que apaguen su teléfono celular, pero sería inconcebible que se pasara una ley que obligara a los adultos a entregar el suyo a las autoridades. La gente ya no sabría cómo usar su tiempo, cómo moverse en el mundo, cómo organizar su vida. Tenemos que hacernos a la idea de que ahora en adelante los seres humanos llevarán a todos lados sus pequeñas máquinas de comunicación masiva. La hiperconectividad es la nueva realidad de la humanidad. Las nuevas tecnologías han creado nuevas comunidades, las llamadas virtuales. Pero no es evidente que esas nuevas tecnologías hayan fortalecido a las comunidades tradicionales. Estamos mejor comunicados, es cierto, pero no parece ser ése el fundamento de las comunidades tradicionales. La cercanía física tiene efectos que no pueden ser sustituidos por las redes sociales. Por ejemplo, no es lo mismo compartir ideas y emociones con alguien a través de una pantalla, que hacerlo bajo un mismo techo. Cuando convivimos con fulano, no podemos ignorarlo así nomás, cuando se nos pega la gana. Pero cuando platicamos con sutano, a través del teléfono, lo único que hay que hacer para evadirlo es apretar un botoncito rojo para suspender el vínculo. No es lo mismo convivir con alguien que comunicarse con alguien. La comunidad verdadera es la primera. A la segunda, a la virtual, la llamamos así por analogía. Hay una extraña soledad en el mundo de la comunicación masiva. Se ha perdido la comunión: cercanía emotiva, profunda, espiritual. Podría parecer paradójico, pero demasiada comunicación distrae; es más, aísla…..  TRAS LA RENUNCIA DE EVO MORALES como presidente de Bolivia, la OEA convocó para una reunión urgente en Washington, para buscar una solución al conflicto; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que lo sucedido en aquel país es “una señal” para los mandatarios de Venezuela y Nicaragua; en tanto que México le concedió asilo y el Gobierno del Presidente López Obrador le envió un avión de la Fuerza Aérea para trasladarlo anoche mismo a esta capital. En la mañanera de Palacio Nacional, fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien habló de lo sucedido el domingo en La Paz, la capital boliviana, para condenar lo sucedido y anunciar que después de dimitir, Morales solicitó asilo a México, mismo que le fue concedido de inmediato……Y POR HOY ES TODO.

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LOS MEXICANOS CELEBRAMOS LA MUERTE como nadie en el mundo, hemos hecho de ella la más celebrada tradición de nuestra cultura y hasta nos burlamos, quizá como un antiguo mecanismo de defensa para no temerle tanto. Pero cuando nos vemos envueltos por ella, en un drama inescrupuloso, inadmisible y tan doloroso como resultó la muerte de los 9 integrantes de la familia LeBarón, asesinados cruelmente en Bavispe Sonora, donde seis de las víctimas eran niños, de los cuales 4 quedaron calcinados en un vehículo, el hecho convierte las calaveritas de azúcar que hace apenas unos días nos estábamos comiendo, en el peor de los remordimientos. Porque es un espejo donde cada día resulta menos difícil mirarse, pero la imagen se endurece porque va sumando niños y más niños. ¿Acaso no lo estamos viendo? Apenas un día antes de lo ocurrido en Sonora, un grupo armado atacó a una familia en Guerrero y un bebé de sólo tres meses murió sin que hubiera un solo detenido por el hecho. El 1 de noviembre dos niños de 12 y 9 años fueron lesionados por arma de fuego cuando celebraban el día de muertos en Guadalajara, Jalisco; sólo un día antes, en Ecatepec se reportó un ataque a quemarropa a una mujer y sus dos hijos —muriendo uno de ellos mientras pedían su “calaverita”—; a sólo 24 horas de que otro niño fuera asesinado en una agresión dirigida contra una fiesta familiar en Iztapalapa. Y la lista sigue…… 14 mil 710 menores de 17 años fueron asesinados entre 2007 y 2018 de acuerdo a datos del INEGI, y sólo el año pasado se registraron 1,463 defunciones de este tipo. Estos datos se traducen en al menos 3 homicidios diarios de menores y 4 desapariciones todos los días. Sin dejar de lado que de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hay 6 mil 614 niñas, niños y adolescentes de los que oficialmente se desconoce su paradero. Y es que pareciera que con toda la información que ya tenemos seguimos sin asimilar que para el crimen organizado uno de los principales blancos son precisamente los niños. El propio Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que la cifra de menores reclutados por el crimen organizado incrementó en un 153% desde el 2015. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estimado que para 2018 pueden ser hasta 460 mil niños y niñas —desde los 10 años de edad— los que cumplen diversas funciones dentro de células criminales. Como la historia de “Juanito Pistolas”, el niño reclutado a los 13 años por el Cártel del Noreste en Tamaulipas, donde comenzó como “halcón”, para terminar muerto a los 16 años, de un tiro en la cabeza en medio de una balacera el pasado 27 de agosto. Mejor que la muerte, hubiera sido que Juanito fuera uno de los 4 mil 350 menores detenidos en los últimos 12 años en operativos contra grupos criminales, pero no tuvo tanta suerte. Estas cifras deberían ser motivo de emergencia para las autoridades en nuestro país, y tener a los niños como un objetivo de rescate y cuidado, no como objeto de programas frágiles y superficiales. Las muertes de niños, como víctimas y/o parte de la delincuencia, expone el patrón de violencia del crimen organizado en nuestro país, que usa el terror como herramienta y garantía de impunidad y así continúa ganando terreno. Como bien lo apuntó en su comunicado de esta semana la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Jefe del Estado Mexicano es también Presidente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y resulta un mal mensaje que no se haya presentado a las dos sesiones plenarias para cumplir con esta responsabilidad. Sólo 7 tuits se cuentan desde el primero de julio de 2018 a la fecha, en los que Andrés Manuel López Obrador se refiera de alguna forma a la niñez, y en ninguno de ellos se menciona un plan específico para esta población que suma en este 2019, 30% de los habitantes del país, quienes son la única verdadera esperanza de México. ¿Será posible que 40 millones de mexicanos —que son los niños— hoy estén en la indefensión, y no sólo por quedar como víctimas en medio de un fuego cruzado, sino ante la indolencia y el silencio letal que representa la indiferencia de las autoridades? Porque es ese “futuro de México” el que también se encuentra en la mira de las organizaciones criminales, que aquí sólo se fortalecen en la impunidad……Y POR HOY ES TODO.

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UNO DE LOS PRINCIPALES PENDIENTES DE las tres más recientes administraciones federales es una política de seguridad efectiva, que responda a las necesidades de la sociedad y ponga un alto al control que el crimen organizado ejerce en vastas zonas del territorio nacional. Durante el sexenio de Felipe Calderón se emprendió la llamada “guerra en contra del crimen organizado”. Con la militarización de la seguridad pública como principal eje de la estrategia comenzó una debacle en materia de seguridad en el país que trajo devastadoras consecuencias, descomposición del tejido social, pérdida de vidas humanas y desapariciones, que se cuentan en cientos de miles. Con el gobierno de Enrique Peña se detuvo la guerra en contra de los cárteles, pero se mantuvo al Ejército en las calles. Y si bien durante los primeros dos años de la administración peñista parecía que el orden retornaba a distintas regiones del país, los trágicos sucesos de Ayotzinapa resultaron ser un golpe de realidad sobre la crisis de seguridad que aún persistía. En el balance final del sexenio, la situación no mejoró y la cifra de víctimas relacionadas con el crimen organizado aumentó. El fracaso de ambas políticas conformó uno de los principales ejes discursivos de López Obrador durante su larga campaña presidencial, en la que una y otra vez prometió regresar a las tropas a los cuarteles. Sin embargo, ya como Presidente electo, cambió su discurso drásticamente, abandonó la propuesta de retirar al Ejército de las calles y anunció una amnistía generalizada como parte de una nueva estrategia. Ya en el cargo, Andrés Manuel se dio a la tarea de conformar la Guardia Nacional —la cual ha sustituido al Ejército en las calles— y adoptó una estrategia basada en apelar a la buena voluntad de los integrantes de los grupos delictivos y en sostener que no se puede combatir violencia con más violencia. Sin embargo, en tan sólo un par de semanas, dos sucesos evidenciaron que la política de seguridad de la actual administración no es efectiva y no ha dejado de ser fallida. Primero, el malogrado operativo de captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán —hijo de El Chapo—, lo que mantuvo a la ciudad de Culiacán en estado de sitio por varias horas. Luego, a inicios de esta semana, el ataque cometido en contra de miembros de la comunidad mormona en los límites de los estados de Chihuahua y Sonora, que dejó como saldo el brutal asesinato de nueve miembros de la familia LeBarón, entre mujeres y niños. Estos acontecimientos dan muestra de la incapacidad de los gobiernos locales para hacerle frente al control impuesto por el crimen organizado y de la desarticulación de estrategias por parte de los gobiernos locales y federal. Sin una política de seguridad bien definida y coordinada desde el propio Gobierno federal, poco cambiará en el panorama nacional en materia de seguridad. Por lo pronto, a casi un año de comenzar la actual administración, la situación de seguridad en el país no mejora; y no hay indicios de que la política emprendida —que sigue sin conocerse de manera puntual— vaya a arrojar resultados positivos……Y POR HOY ES TODO.

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DESDE QUE BENJAMÍN LEBARÓN RAY Y su cuñado fueron asesinados en 2009, han entrado en vigor, al menos, las siguientes reformas al sistema jurídico mexicano: en 2011 una ambiciosa enmienda constitucional para proteger derechos humanos; en 2016 arranca en todo el país el nuevo sistema penal acusatorio y en 2019 se amplía el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. El resultado es que con el actual marco normativo se puede, por ejemplo, encerrar preventivamente a Rosario Robles porque supuestamente ocultó su domicilio, pero liberar a asesinos confesos de normalistas de Ayotzinapa y tolerar que personas amenazadas y perseguidas sean fácilmente masacradas. Las dos primeras reformas, arriba mencionadas, mejoraron el “debido proceso”, pero no han protegido a víctimas potenciales como la familia LeBarón, ni a los periodistas vulnerables, ni a los ambientalistas amenazados. Esas reformas del sexenio de Calderón apoyan a las víctimas ya afectadas, pero no avanzan en la protección de las que corren peligro. Con el sistema penal acusatorio transitamos a un proceso que contempla la participación de las víctimas; pero no protege particularmente a la sociedad que está en la línea de fuego. Los aspirantes a la CNDH también ofrecen dar prioridad a las víctimas, alcanzar la justicia transicional, encontrar a los desaparecidos. Y nuevamente hay un olvido de las potenciales víctimas. Usted incluido, amable lector. Parte del problema es el modo formalista en que se interpretan esas reformas penales. A decir de la procuradora capitalina, 30 acusados detenidos en Tepito fueron liberados por errores en el “informe policial homologado”, un mero formato. Me dicen dos grandes expertos que es casi imposible que ese formato sea llenado por un policía o soldado que carezca de estudios medios. Mantener normas jurídicas imposibles de cumplir por nuestros funcionarios (los que hay realmente) es absurdo. Liberar a criminales por ello es criminal. Una clave para proteger a las víctimas potenciales es frenar el formalismo hipergarantista. Desde el derecho romano, los hechos notorios no están sujetos a prueba. El sentido común indica que se debe castigar a homicidas y torturadores, no que se deba liberar a homicidas notorios por culpa de los torturadores. Desgraciadamente, abundan los casos en donde sólo hay tortura y confesiones viciadas y, por ello, los acusados son liberados. Terrible decirlo, pero eso es lo que hay. Mientras llegan algún día los policías y fiscales profesionales, la sociedad paga un altísimo precio. Durante este periodo transicional, nuestros jueces deberían tener la atribución de incluir en el expediente datos notorios conocidos a través de la prensa o de pruebas imperfectas. No siempre es evidente para los jueces quién es verdaderamente culpable y quién no. Pero en los casos en los que sí es nítido y neto que un sujeto masacró a normalistas o a una familia a sangre fría, entonces se puede ser severo con investigadores incompetentes y torcidos, pero no desproteger a la sociedad y familiares de las víctimas…… MIENTRAS CONGRESISTAS, MEDIOS DE comunicación impresos y digitales de Estados Unidos coinciden en criticar al Gobierno de México por la inseguridad que provocó la masacre de las familias LeBarón y Langford ocurrida el lunes en el municipio sonorense de Bavispe, seguramente para evitar el vacío de información tras la violencia en Culiacán el mes pasado, ahora el Gabinete de Seguridad se apresuró a revelar que una primera investigación involucra al grupo delictivo La Línea, de Ciudad Juárez. Esta vez fue el Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Homero Mendoza, el que en la mañanera de ayer en Palacio Nacional informó que esa pesquisa es la que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, ya que ese grupo criminal juarense envió a los límites de Sonora y Chihuahua a una célula por la disputa del control de la droga con otra del Cártel del Pacífico, Los Salazar……Y POR HOY ES TODO.

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EN MÉXICO TENEMOS UNA UNIDAD DE INFORMACIÓN, Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En abril pasado, el Gobierno federal emitió un boletín (337/19), asegurando que estaban colaborando entre órganos de gobierno y el sector empresarial para trabajar con colaboración tecnológica a favor de la seguridad. Entre otros puntos de la estrategia se habló de la conexión en tiempo real de los sistemas de videovigilancia con los C4 y C5 a través de la Plataforma México, así como de identificar corredores comerciales representativos y de alta incidencia delictiva. La idea era trabajar con tecnología e inteligencia y controlar, desde el robo a tráiler en carreteras, el robo de huachicol, narcotráfico y narcomenudeo, comicios, saber si alguien de alta peligrosidad ha entrado a territorio mexicano y poder identificar a los colombianos que están robando con violencia los hogares mexicanos, entre otros delitos. Ese trabajo de inteligencia que es tan importante para poder detener a los grandes narcotraficantes sin disparar un solo tiro, esa inteligencia que se requiere para tener una base de datos para poder identificar las voces de secuestradores de todo el país. Por ejemplo: con trabajo de inteligencia e investigación se pudo evitar la masacre a la familia LeBarón donde perdieron la vida tres mujeres y seis niños y todavía hay una menor desaparecida. Esta familia había reportado amenazas desde hace varios años, no se les hizo caso. No nos pueden decir que fue un ataque por fuego cruzado entre bandas criminales sin que haya una investigación. De poco han servido las reuniones como la que se dio en abril pasado, en las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde participaron los altos mando y el tema central fue la interconectividad de la infraestructura tecnológica de instituciones bancarias, tiendas de autoservicio y departamentales con la Plataforma México para inhibir el delito. Ahí estuvo y participó Ernesto Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información, Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica de la SSPC. ¿Cómo funciona el Cártel de Sinaloa?, o ¿El de Santa Rosa de Lima? o el ¿Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Quiénes son los extranjeros que se dedican al robo a casa habitación? ¿Quiénes son los personajes que están secuestrando? ¿A quién pertenecen los cráneos que se encontraron en el operativo de Tepito? Porque éste si bien es un tema que le corresponde a la CDMX, también lo pueden investigar a nivel federal porque es delincuencia organizada. Todas estas respuestas las deberían tener desde la Plataforma México para poder garantizar la seguridad. Hemos estado en la Plataforma México, es un lugar extraordinario para poder trabajar con inteligencia y desmantelar al crimen organizado. Hoy sabemos porque no funciona la estrategia de seguridad. Porque los índices de delitos aumentan, al igual que los homicidios y porque tenemos tantos ajustes de cuentas en el país donde están muriendo ciudadanos inocentes. Y es que el trabajo de Ernesto Mendoza, quien tiene a su cargo la operación de la Plataforma México, el sistema de información criminal del Estado mexicano, es utilizar esos servicios de inteligencia para ir a la caza de críticos de la actual administración. Por cierto, son servicios con un alto costo económico, que pagamos con nuestros impuestos. No estamos hablando de críticos que intenten atentar contra la vida de un funcionario público. Son jóvenes escribiendo en Twitter lo que piensan. Desde el pasado jueves 31 de octubre, durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador se vivió un peculiar “altercado” entre el mandatario y los reporteros de la fuente, y es que los representantes de los medios de comunicación solicitaban más datos sobre el operativo fallido en Culiacán. Obrador confrontó a la prensa y los descalificó. Los periodistas se lanzaron contra el primer mandatario para que diera respuestas concretas sobre los vacíos presentados en la cronología de un día antes, sobre los hechos donde dejaron en libertad a uno de los hombres clave del Cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo. Visiblemente incómodo y molesto, el Ejecutivo federal arremetió contra reporteros y medios de comunicación. En el transcurso del día, los medios de comunicación fueron fuertemente atacados incluso con amenazas de muerte. Los ataques llevaban los hashtags #PrensaProstituida, #PrensaChayotera y #PrensaSicaria. Así llegó el viernes 1 de noviembre y desde luego que los reporteros cuestionaron a López Obrador sobre los ataques en redes sociales a través de granjas de bots; el Presidente respondió que las expresiones en redes eran auténticas no artificiales. Además, dijo que había una ciudadanía muy politizada, como nunca en la historia de México, “ya no hay ciudadanos imaginarios, ya la gente está más que despierta y se tiene ese instrumento que antes no existía que son las redes sociales”. Pero no toda la gente pertenece al pueblo sabio; cuando las críticas son a los medios o gobiernos son genuinas, pero cuando son contra su Gobierno, son bots. Así que el fin de semana el equipo de inteligencia de Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), trabajó a marchas forzadas para investigar quienes critican a la 4T en Twitter. Y este lunes en Palacio Nacional, fue presentado un análisis realizado a las tendencias que se generaron a partir de la conferencia mañanera del 31 de octubre pasado. Los señalados fueron el extitular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño; el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y el hijo del expresidente Felipe Calderón, Luis Calderón Zavala, quienes presuntamente a través de bots hicieron tendencia los hashtags #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta. ¿Por qué estos personajes tendrían que lanzar estos hashtags, si ellos están de acuerdo con lo que la prensa seria está publicando? En la conferencia de prensa se dijo que 26 por ciento de los tuits sobre esas tendencias fueron bots, mientras que 74 por ciento correspondieron a usuarios reales. O sea, en todo caso, fue una mínima parte de bots, por lo que ya se debería de estar identificando a ese 74 por ciento en donde se lanzó serias amenazas contra los comunicadores. “Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26 por ciento se identificó una cuenta ‘mother bot’ que es la cuenta origen asociada a @tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Szeszko y se observó una importante actividad de lo que se conoce como ‘child bots’ o nodos de Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala”. Por cierto, el año pasado, el representante del PAN ante el INE, Eduardo Aguilar Sierra, acusó a Morena de haber gastado, al menos, 300 millones de pesos en bots para viralizar mensajes y “crear una imagen de percepción de triunfo de Andrés Manuel López Obrador”. La Plataforma México contra tuiteros, mientras el crimen organizado es poco investigado. Los bots a favor del partido en el poder y del Presidente están bien, los que critican al Gobierno están mal. La verdad ya no entiendo nada, y me parece lamentable que se amedrente desde el poder a los opositores que se expresan en redes, y además se utilice todo el presupuesto y esfuerzo del Estado en eso, cuando tendrían que estar trabajando para brindarles a los ciudadanos seguridad. La mejor manera de evitar la crítica, es dando resultados, y en el tema de seguridad, sí que se requieren…….Y POR HOY ES TODO.

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¿QUÉ FUNCIONARIO PUEDE PEDIR A sus escoltas que amenacen con pistola en mano y que golpeen a su hija? ¿Quién apunta con un arma a su hijo y le dice que lo va a matar? Ese hombre es José Manuel Mireles Valverde, quien a pesar de haber estado en la cárcel, acusado de narcotráfico, hoy se desempeña como subdelegado de Salud del ISSSTE en Michoacán. Hace un par de días, Alejandro Mireles, hijo del exlíder de las autodefensas de Tepalcatepec, denunció amenazas de muerte por parte de su propio padre. Fue ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán que Alejandro Mireles fue a interponer la denuncia, a la cual se le asignó el expediente 243775/UATP/MOR/2019. Además, a través de redes sociales colocó un post en el que se puede leer: “Hasta tu sangre te puede amenazar de muerte y todo por una hija de pu… que no vale nada (sic)”. Pero además de la amenaza a su hijo, el viernes pasado, habitantes de Tepalcatepec expulsaron a Mireles del local donde estaban porque llegó a agredir a su hija Briana, quien estaba en un café, en el municipio de la Tierra Caliente. A su exesposa, Ana Valencia, quien intentó defender a su hija, uno de los escoltas de Mireles le apuntó con una pistola, por lo que un grupo de habitantes salió en defensa de la mujer. Narraron que Mireles se fue con su actual esposa y su familia política al Ministerio Público, pues entre el conflicto, su suegro resultó con un golpe en la cara. Mireles es un hombre que siempre ha estado envuelto en la violencia, verbal y física. Acusado de narcotráfico y de defender al crimen organizado, de insultar a las mujeres diciendo que son unas “pirujas” o “nalguitas”; y, aun así, con esa oscura trayectoria, Mireles Valverde se desempeña como subdelegado de Salud del ISSSTE en Michoacán. Recordemos quién es este impresentable… Le dicen El Loco Mireles. Es uno de los fundadores de los grupos de autodefensa comunitaria que se levantaron en armas en 2013 contra la violencia generada por el crimen organizado; en este caso, por Los Caballeros Templarios. Aunque se sabe que algunos de estos grupos habrían sido infiltrados y pagados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para que sacaran, con ayuda de autoridades estatales, a Los Caballeros Templarios, principal amenaza en Michoacán. Pero antes de crear los grupos de autodefensa, Mireles fue parte de esa mafia que después afirmaba combatir. En noviembre de 1988, Mireles fue detenido, en Tepalcatepec, en posesión de 86 kilos de mariguana, empaquetados en diez costales. En 1991, fue sentenciado por delitos contra la salud y recibió una sentencia de siete años y tres meses y una multa de 50 mil pesos; aunque sólo estuvo en prisión tres años y ocho meses. Incluso se dice que cuando el llamado Loco Mireles fue trasladado al Penal de Morelia, ahí, junto con Ives Landa Ruiz y otros internos, se apoderó del control del penal, generando un autogobierno. Tras salir libre, Mireles se fue a Modesto, California, Estados Unidos, donde también fue apresado, entre otras cosas, por ostentarse como médico cirujano en aquella nación sin tener la acreditación que exigen las autoridades locales. A su regreso a México volvió a ser detenido… en dos ocasiones. Cada vez que Mireles era aprehendido había una fuerte presión por parte de los grupos de autodefensas para que lo dejaran en libertad. Decían que era una víctima del Estado y un preso político, a quien le sembraban armas para detenerlo. La realidad es que cuando Mireles fue asegurado tenía en su poder armas de uso exclusivo del Ejército y no podía comprobar su procedencia. Finalmente, y ante mucha presión, José Manuel Mireles fue exonerado del delito de portación de armas, que lo mantuvo preso durante dos años y 11 meses y por el cual estaba libre bajo fianza. Y a pesar de que las autoridades estadounidenses entregaron información a sus pares mexicanas, en la que aseguraban que este señor tenía nexos con el crimen organizado y que las autodefensas de Tepalcatepec estaban ligadas al CJNG, José María Alvarado Navarro, titular del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, consideró que no había elementos para seguir con este juicio relacionado con la causa penal 137/2014. Al resolver un recurso de apelación, el magistrado Alvarado Navarro ordenó la absolución de Mireles, quien fue notificado de la sentencia y quedó en libertad. Al quedar exonerado, Mireles buscó ser candidato a diputado y así, de un momento a otro, fue nombrado subdelegado médico del ISSSTE en Michoacán, con todo lo que esto conlleva, como ser el encargado de los servicios médicos y el control de las medicinas en el estado. Un hombre que tiene una importante base de seguidores en su estado, pero que lleva años sin ejercer la medicina. Mireles hoy es subdelegado del ISSSTE en Michoacán. Un funcionario que insulta y les saca pistolas a su exmujer e hijos, un hombre que denigra a las mujeres y que además es cuestionado por formar parte de las filas del crimen organizado.  Este sujeto es premiado con un cargo público, en el cual se escuda para tener más poder y amedrentar a los que tiene cerca. Aquellos que van contra sus intereses no sólo políticos, sino también personales……Y POR HOY ES TODO.

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JAIME BONILLA, GOBERNADOR ELECTO DE Baja California, lleva meses utilizando todas las artimañas posibles para ampliar su mandato de gobernador, de dos años para el que fue electo a cinco años. Algunas de éstas son desde comprar al Congreso local, hacer que legislaran en una sede alterna para que no estuvieran los legisladores que no pudieron sobornar y hacer una consulta patito, muy parecida a la que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador para cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Una consulta ciudadana para decidir si se ampliaba o no el mandato del gobernador de Baja California con preguntas sesgadas y a sólo una parte de la población, a los suyos. Ahora la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acude en representación del Presidente de la República, a respaldar esta ilegalidad como ella llama: “una esgrima jurídica”. Si algo nos sorprendió a todos es el descaro con el que Sánchez Cordero, al contrario del discurso de legalidad que venía manejando, festeja que se pueda ampliar el mandato de Bonilla. Y es que apenas el jueves 31 de octubre, antes de volar a Mexicali para asistir a la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, la secretaria de Gobernación declaró ante medios que la última palabra sobre el periodo de mandato en la entidad la tendría la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Un mes antes, el jueves 26 de septiembre, Sánchez Cordero aseguró ante el Pleno del Senado que la llamada “Ley Bonilla” era inconstitucional. “Expresé hace meses, o hace semanas, mi opinión personal como abogada, la reforma o la llamada Ley Bonilla es en mi opinión inconstitucional. No he cambiado de opinión, punto, la sostengo”, señaló la secretaria de Gobernación ante la exigencia de la senadora priista Beatriz Paredes para frenar esa reforma. Con esa carta se presentó la secretaria de Gobernación en representación del Presidente López Obrador a la toma de protesta, la cual ocurrió a medianoche, en el primer minuto del viernes 1 de noviembre. Jaime Bonilla Valdez rindió protesta como gobernador de Baja California por un periodo de cinco años, en sesión solemne de la H. XXIII Legislatura local. Así tomó posesión luego del triunfo obtenido el pasado 2 de junio, cuando ganó la elección con 50.38 por ciento de los votos. Compitió a sabiendas de que la ley marcaba que el periodo de gobierno sería por dos años; sin embargo, un mes después de la elección, el diputado local de Morena, Víctor Manuel Morán, presentó ante el Congreso de Baja California una reforma para que el periodo de gobierno fuera por cinco años. El Congreso local aprobó entonces la llamada “Ley Bonilla”. A partir de ese momento, los reclamos no tardaron en llegar por la maniobra política, tachada por varios sectores como ilegal, pero Jaime Bonilla en todo momento se mostró sereno, parecía que el asunto no le preocupaba; tal vez ya sabía que contaba con el respaldo de la 4T. Es más, se mostraba sereno y con una sonrisa. Y es que, tras la toma de protesta, Sánchez Cordero se reunió en “privado” con Jaime Bonilla, entre otros personajes, en un salón del edificio del Poder Ejecutivo. Ahí, la secretaria de Gobernación fue exhibida calificando de legal la modificación legal que amplía de dos a cinco años el mandato de Bonilla. En la plática difundida a través de la red Periscope, en vivo, se pudo escuchar la siguiente conversación: Olga Sánchez Cordero: Ahorita a cabo de hacer una declaración importante. Jaime Bonilla: ¿Ah, sí, a ver? Olga Sánchez Cordero: Me dijeron, ¿es legal los cinco años? Les dije, es legal porque la norma está vigente y es una norma que así está. Jaime Bonilla: Todo lo que necesitamos, aunque no nos den los cinco años, con esto tengo. Olga Sánchez Cordero: Para mí, la norma va a pervivir. Tras enterarse que la conversación había sido difundida a través de las redes sociales, Sánchez Cordero dijo que no sabía que la estaban grabando. Lo grave no es que haya sabido que la estaban grabando o no. Lo insólito es que lo haya dicho. Sánchez Cordero es la encargada de la gobernabilidad de México. Estamos hablando de una mujer quien fuera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es muy poco ético, por decirlo suavemente, que Sánchez Cordero sostenga una versión de la ampliación de mandato distinta en lo público, y en lo privado esté operando para violar la Constitución. Ella misma aseguró, que ampliar este mandato era anticonstitucional. Eso se llama engañar a los mexicanos. Además, la norma para ampliar el mandato de Bonilla está impugnada y solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la decisión de extenderlo. Pero esas palabras no fueron las únicas que dijo Sánchez Cordero durante el encuentro. Jaime Bonilla le presentó a Guillermo Ruiz Hernández, su fiscal, a quien la secretaria de Gobernación le dio unos consejos en materia de seguridad: le sugirió realizar una mesa de justicia semanal en la que participen éste y el presidente del Poder Judicial para empatar criterios. Sobre la ceremonia de la toma de protesta, Sánchez Cordero le dijo a Bonilla que había sido un acto muy emotivo, “la felicidad de la gente, de los diputados, de las diputadas (…) lo bonito que te recibieron, mi querido gobernador”. Sánchez Cordero también preguntó cuántos diputados de oposición había en el Congreso local; el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, respondió que siete, a lo que la titular de Segob respondió: “No, bueno, tienen una mayoría aplastante, ¿tienen mayoría calificada?” -con los aliados, sí- “No, pues ya la hicieron”. Ya con el respaldo de la secretaria de Gobernación, Jaime Bonilla presentó a su gabinete en el Centro Cultural Tijuana. Al evento llegaron el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado; el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, César Yáñez; la diputada federal Dolores Padierna y su esposo, René Bejarano, así como la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, entre otros. Hasta el momento, la SCJN ha admitido a trámite cinco acciones de inconstitucionalidad de partidos contra la “Ley Bonilla”, más una controversia constitucional, promovida por el gobierno saliente de Baja California, de origen panista. También el INE ha presentado ante la SCJN dos acciones de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Bonilla”. Lo cierto es que dicha reforma está cimbrando la democracia, no sólo en Baja California, sino en todo el país. Un dato importante: no olvidemos que Bonilla es amigo del Presidente López Obrador y brindó apoyo importante para financiar su campaña presidencial. ¿Favor con favor se paga?….Y POR HOY ES TODO.

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EL DURÍSIMO ENFRENTAMIENTO QUE se vivió en Culiacán, el día que se detuvo a Ovidio Guzmán López, fue orquestado por un hombre muy poderoso, compadre y socio de Joaquín El Chapo Guzmán. Ambos capos empezaron a trabajar juntos desde 1997, tras la muerte de Amado Carillo, El Señor de los Cielos. Ese hombre es Ismael, El Mayo, Zambada. Y es que agentes de la DEA aseguran que “en Sinaloa, no se mueve un dedo si no lo autoriza El Mayo”. ¿Quién es Ismael El Mayo Zambada? El Mayo ha sido leal amigo de Guzmán Loera y en las épocas en que El Chapo ha estado en prisión, El Mayo se ha hecho cargo del Cártel de Sinaloa. Hagamos historia… El Mayo era apenas un niño campesino cuando, a los 16 años de edad, se alineó al Cártel de Juárez, que era liderado por Amado Carillo, quien conocía a Zambada de toda la vida. El Mayo, en ese entonces, tenía a su cargo una célula criminal en el estado de Sinaloa, con enormes sembradíos de mariguana. En 1997 murió El Señor de los Cielos, y El Chapo, El Mayo y El Azul Esparragosa formaron su propia organización. Tan sólo tres años después, estos personajes extienden su dominio ya no únicamente en Sinaloa, sino al norte, centro y sur de México, convirtiendo al Cártel de Sinaloa en una organización muy poderosa. Zambada ha vivió en Tijuana y en la Ciudad de México, pero su centro de operaciones y donde ha permanecido a lo largo de su vida es Culiacán, Sinaloa. Ha sido muy cauteloso, maneja un bajo perfil y nunca ha pisado la cárcel. Es el encargado de los negocios del Cártel cuando su compadre y amigo ha estado preso; y desde que El Chapo fue extraditado, ha tomado el control y la protección no sólo de la organización criminal, sino de la familia de su amigo. Lo que las autoridades no midieron en el operativo, porque fue algo nunca visto, fue el apoyo y la reacción de El Mayo para proteger a su ahijado Ovidio al ser detenido. Saben que el hijo de Guzmán Loera es reclamado por las autoridades de Estados Unidos, acusado de ser quien maneja los laboratorios de fentanilo. No es la primera vez que El Mayo rescata a Los Chapitos. En 2016, Iván y su hermano Alfredo fueron secuestrados en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, por el grupo rival, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Zambada intercedió y al día siguiente los jóvenes quedaron en libertad. Este hombre también ha apoyado a su compadre El Chapo en sus huidas de prisión, tanto de Puente Grande como de Almoloya. El Mayo ha armado una red de protección muy fuerte. Reparte dinero, construye carreteras o iglesias para la gente de la zona. Ha invertido muchos recursos en las comunidades cercanas. Pero lo cierto es que el operativo que se vivió hace días en Culiacán, en donde se vio afectada la sociedad civil, podría generarle costos importantes; por eso la declaración de los abogados de El Chapo, en la que aseguran que van a hacer una reparación por los daños ocasionados a la sociedad civil. Desde 2004, el gobierno de Estados Unidos busca a Zambada y ofrece cinco millones de dólares como recompensa. Y es que, reportes de inteligencia, apuntan a que este hombre controla gran parte de la producción de heroína en México, que luego es traficada a Estados Unidos; de igual manera tiene el control del negocio del tráfico de cocaína. El Cártel de Sinaloa cuenta con una gran ventaja sobre su rival, el también poderosísimo Cártel Jalisco Nueva Generación; y es que los primeros tienen prácticamente el control de las fronteras, que son fundamentales para poder introducir la droga a Estados Unidos. Sus cargamentos de mariguana, metanfetaminas y heroína que se producen en Sinaloa, Durango y Chihuahua suelen moverse por tierra, muchos de ellos introducidos a Estados Unidos por la enorme red de túneles que este grupo ha logrado hacer en la frontera. La cocaína que llega de Colombia se maneja con una logística más complicada. Por eso, cuando el presidente Donald Trump habla de hacer un gran muro para contener el tráfico de drogas a su país, no tiene contemplado que mucha de esta mercancía ingresa a Estados Unidos por túneles. El Mayo actúa también como empresario; los mismos reportes estadounidenses aseguran que controla negocios como gasolineras, mueblerías, granjas porcícolas, bienes raíces, restaurantes, centros comerciales y hasta leche. Con todo su poderío, la familia de Zambada no ha corrido con la misma suerte. En 2008, su hermano menor, Jesús El Rey Zambada García, fue detenido en la Ciudad de México, junto con su sobrino, Juan José Parra Zambada, y su hijo, Jesús Zambada Reyes. Para 2012, El Rey Zambada fue extraditado a Estados Unidos. Tanto el hermano como el hijo de El Mayo declararon que Guzmán Loera era el verdadero jefe del Cártel de Sinaloa, para lograr disminuir sus condenas. Pero El Rey también aseguró que su hermano siempre ha sido cercano y leal a Guzmán Loera. Hoy, el operador real del Cártel de Sinaloa tiene 71 años de edad y cerca de 10 hijos. Ha tenido cuatro parejas: Rosario Niebla, Margarita Imperial, Leticia Ortiz y Norma Sicarios. También ha sido relacionado con Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, quien fue detenida en 2007 y extraditada a Estados Unidos, acusada de lavado de dinero, precisamente para El Mayo; hoy está en libertad. Zambada tiene 15 nietos y varios bisnietos. Muchos de sus familiares y socios están en prisión. Mientras tanto, él sigue siendo el hombre fuerte del Cártel de Sinaloa…..Y POR HOY ES TODO.

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KARIME MACÍAS, ESPOSA DE JAVIER DUARTE, se presentó voluntariamente a una audiencia en Londres por una orden de aprehensión con fines de extradición en su contra. Así lo dio a conocer el abogado de la exprimera dama de Veracruz, Marco Antonio del Toro. En menos de seis horas y tras pagar una fianza de 150 mil libras, el juez encargado de la audiencia consideró que Macías puede enfrentar su proceso en libertad con restricciones razonables, entre las que se encuentran no poder salir de Londres. El año pasado autoridades mexicanas presentaron a Reino Unido e Irlanda del Norte una solicitud de orden de extradición contra Macías a quien se le acusa de desvío de recursos públicos en Veracruz mientras se desempeñaba como presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la entidad. El entonces gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que se había localizado a la presunta culpable en Londres, Inglaterra, en donde vivía en un departamento ubicado en uno de los barrios más lujosos de la ciudad, cerca del Palacio de Buckingham. Era parte del durísimo enfrentamiento que tuvieron ambos exgobernadores Miguel Ángel Yunes y Javier Duarte. Macías Tubilla, aseguraba el entonces gobernador Yunes, era requerida por el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, quien giró una orden de aprehensión por presunto desvío de más de 100 millones de pesos en empresas fantasma, cuando estuvo al frente del DIF local. Karime solicitó una orden de protección en Reino Unido asegurando que reunía las características de perseguida política y que estaba sufriendo acoso de parte del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes. En ese país se le dio inicio al trámite solicitado por la señora Macías para protección de sus hijos y de ella. Poco antes, en junio de 2017, Macías inició los trámites de divorcio. Según versiones, el trámite fue iniciado desde París, Francia, que tiene leyes protectoras más amplias, y está a la vanguardia de protección a los más débiles que en este caso son los hijos de la pareja. Hay leyes que protegen el patrimonio familiar. En parte, con esa solicitud de divorcio, lo que también se estaría protegiendo es el patrimonio que tenía la señora Macías antes de que su marido llegara a gobernar el estado. No se sabe si la solicitud de divorcio fue una estrategia legal, o no, pero sí sabemos que después de acompañar a Javier durante los 185 días que estuvo prófugo de la justicia, Karime se encontraba muy desgastada y desesperada por estar separada de sus hijos. Los menores se encontraban con sus abuelos maternos en Chiapas, ya que tuvieron que salir de Veracruz ante el escarnio público. Al ser detenido Duarte en Guatemala, Macías se mudó a Londres a vivir con sus hijos, y así evitar, decía ella, el acoso del gobernador Yunes. Y es que la lista de acusaciones sobre abusos y excesos del exgobernador Duarte es interminable, pero no se le han podido comprobar los delitos por los que es señalado. Muchos de sus colaboradores están detenidos o procesados, pero comprobar que el gobernador es el responsable directo de esos delitos es diferente. Incluso en el caso de muchos de sus colaboradores: días antes de la conclusión del sexenio pasado el 8 de noviembre, un Juez de Control rechazó 11 pruebas documentales; 12 testimoniales y dos dictámenes con información financiera presentadas en contra de Javier Nava Soria, considerado uno de los principales operadores financieros de Javier Duarte. Al analizar las pruebas presentas por la PGR, el juez consideró que éstas vulneraban el derecho a la vida privada de Javier Nava. Y lo mismo ha sucedido con muchos otros excolaboradores. Paradójicamente, quien ha terminado procesado y fuera de su cargo, es el exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler. Mientras tanto, Duarte con un semblante tranquilo aseguró hace unos días en entrevista, que él nunca cometió algún delito como gobernador y aseguró que fue la “caja china” del gobierno de Enrique Peña Nieto para ocultar los escándalos que éste tenía encima, como la “casa blanca”, el caso Ayotzinapa o los problemas de popularidad que enfrentaba el entonces presidente. Una cosa es detener a alguien y la otra mucho más compleja comprobar los delitos por los cuales se le acusa, la difícil tarea de compatibilizar la percepción popular con las leyes. Ahí tenemos el caso de Elba Esther Gordillo: ¿cuántas acusaciones hubo en contra de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? En un proceso de casi cinco años ninguna de las acusaciones contra Gordillo se pudo transformar en condenas legales y finalmente quedó en libertad. No es lo mismo denunciar, incluso tener indicios o argumentos contundentes para hacer esa denuncia o acusación, y otra muy diferente es convertir esas denuncias en condenas penales. Es verdad que en el caso de Duarte existen testimonios de algunos de sus propios colaboradores en su contra que pueden ser determinantes en el proceso. Pero reitero, no se han podido comprobar estas acusaciones en su contra. Y ahora la presentación de Macías ante las autoridades del Reino Unido pudiera ser el inicio de la liberación de Duarte, a quien no le han podido dictar una sentencia de culpabilidad a pesar de los años que lleva detenido…..Y POR HOY ES TODO.

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