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EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR cumplió su primer año de gobierno con un índice de aprobación muy alto: según un estudio de Consulta Mitofsky, en noviembre del año pasado, antes de iniciar su gestión, tenía una aprobación de 62.6%; un año después, se ubicó en 58.6%, lo que representa una leve caída de cuatro puntos, pero aun así más de la mitad de la población está contenta con él. Es un mandatario muy poderoso. Ha podido tomar las decisiones que ha querido y ha contado en casi todo con el apoyo en la Cámara de Diputados y la de Senadores. Se han aprobado varias leyes y cambios constitucionales para favorecer su gobierno, se han quitado de sus puestos a líderes sindicales y a muchas personas que pudieran hacer contrapeso y todo se ha hecho a un ritmo vertiginoso. Hoy el titular del Ejecutivo, además del poder, sigue gozando de un índice de aprobación muy alto. Pero no se debe confiar, porque la historia reciente nos muestra que la popularidad de un presidente y la estabilidad de México puede cambiar en la recta final de un sexenio. Desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, han tenido números similares con los que hoy cuenta el Presidente López Obrador en su primer año de gobierno. Enrique Peña Nieto fue un candidato muy carismático. En su primer año de gobierno obtuvo 49.7% de aprobación, mientras que 48.7% estaba en desacuerdo. Durante su presidencia, Peña Nieto enfrentó varios conflictos que le hicieron caer rápidamente en su popularidad; la Casa Blanca de su entonces esposa Angélica Rivera, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la Reforma Hacendaria, que tanto afectó a la clase media. Venía del inicio de su administración con una aprobación altísima. Un día después de asumir la presidencia, en el Castillo de Chapultepec, firmó el Pacto por México, acto calificado en su momento como muy positivo, ya que de este evento nacieron las reformas estructurales. Entre 2013 y 2014 se impulsaron las reformas fiscal, financiera, de competencia, energética y educativa. Pero al igual que en las últimas administraciones, sobre todo en la actual, el tema de la seguridad fue un reclamo permanente para Peña Nieto. Los exgobernadores priistas Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y César Duarte (Chihuahua), fueron acusados de corrupción. Al terminar su periodo de gobierno, sólo 24% aprobaban el desempeño de Enrique Peña Nieto. Felipe Calderón alcanzó en su primer año de Gobierno 58.9% de aprobación. Un año muy difícil, con problemas de gobernabilidad por el escaso margen con el que ganó. Para asumir el poder, el 1 de diciembre de 2006, tuvo que entrar por una puerta trasera del recinto, ya que los diputados del PRD habían tomado la tribuna de la Cámara de Diputados. La decisión de emprender una guerra al crimen organizado no le trajo popularidad al presidente Calderón. Entre los hechos que marcaron su administración está el ataque con granadas durante los festejos de independencia del 15 de septiembre de 2008 en el centro de Morelia, Michoacán. Otro trágico hecho ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, cuando se incendió la Guardería ABC, lo que ocasionó la muerte de 49 niñas y niños. El 4 de noviembre de 2008, el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, murió al caer la avioneta en la que viajaba, en la Ciudad de México. Tres años después, el 12 de noviembre de 2011, falleció otro secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, también en un accidente aéreo. En octubre de 2009 Calderón publicó el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, argumentando su ineficacia operativa. El hallazgo de 72 cadáveres de migrantes centroamericanos en una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas, el 21 de agosto de 2011, dejó al descubierto las agresiones contra migrantes indocumentados por parte del crimen organizado. Dentro de lo positivo de su administración, se aprobó la reforma laboral que incluía artículos referentes a la rendición de cuentas de líderes sindicales. El país vivió la inflación más baja de la historia, con la acumulación récord de reservas internacionales y una deuda pública estable. Además, se echaron a andar grandes proyectos, como la hidroeléctrica La Yesca, en Jalisco; el Puente Baluarte, carretera que conecta Durango y Mazatlán, y el Túnel Emisor Oriente, en el Estado de México. Calderón concluyó su sexenio con 53% de aprobación, de acuerdo con Consulta Mitofsky. Pero aun con ese porcentaje, el entonces panista entregó la silla presidencial a otro partido: el PRI. Vicente Fox triunfó contundentemente en las elecciones del año 2000 en un acto histórico: después de más de 70 años en el poder, el PRI dejaba la silla presidencial. El guanajuatense entró al poder con un 80.2% de aprobación; para el final de su primer año había bajado 20.8 puntos y se encontraba con 59.4% de aprobación, poco más de un punto de lo que hoy tiene López Obrador. Fox heredó de Ernesto Zedillo una situación económica estabilizada tras las crisis de 1994 y 1995, además de un Tratado de Libre Comercio en vías de expansión, pero los índices de crecimiento del 7%, prometidos en campaña quedaron por debajo del 3% de promedio en todo el sexenio. La violencia y el narcomenudeo comenzó a aumentar exponencialmente en varios estados del país. Informes de la DEA indicaban que el poder del narcotráfico de Colombia se trasladó a México. Lo cierto es que la administración foxista logró avances significativos en la consolidación de la democracia, después de décadas de régimen de partido único y en la libertad de prensa. La disciplina fiscal y la política monetaria del Banco de México, que ganó independencia del poder político, lograron la inflación más baja en tres décadas: 3.5%. Vicente Fox terminó con una aprobación de 59%, de acuerdo con Consulta Mitofsky. Ernesto Zedillo Ponce de León obtuvo la candidatura del PRI luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas. Especialistas señalan que ganó la presidencia gracias al llamado “voto del miedo”. Zedillo entró con un índice de aprobación muy bajo, de 32.3 por ciento, derivado de la crisis económica con la que inició su sexenio. Para el final del primer año subió 11.1 puntos a 43.3. Apenas iniciaba su periodo de gobierno cuando salía a anunciar que el tipo de cambio sería determinado por la oferta y la demanda. El dólar pasó de tres pesos con 40 centavos, a más de seis pesos en un lapso de cuatro días; lo que dio paso a la peor devaluación desde 1987. Sin embargo, el número de multimillonarios en México se incrementó. No obstante que Zedillo había prometido una solución pacífica para el problema en Chiapas, el 9 de febrero de 1995 desencadenó una acción que estuvo a punto de detonar un conflicto armado. El 28 de junio en Aguas Blancas, Guerrero, varios elementos de la policía estatal asesinaron a 17 miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a un mitin político en la población de Atoyac de Álvarez. Esta masacre fue la razón por la cual Rubén Figueroa Alcocer tuvo que dejar la gubernatura de Guerrero. El 18 de febrero de 1997 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer la destitución del divisionario Jesús Gutiérrez Rebollo, director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, por sus nexos con Amado Carrillo Fuentes, narcotraficante mejor conocido como El Señor de los Cielos, jefe del Cártel de Juárez. Aun así, con Ernesto Zedillo la economía se estabilizó y el Presidente terminó su periodo de gobierno con una aprobación de 66%. Carlos Salinas de Gortari entró al poder con 57.0 puntos de aprobación. Para el final de su primer año subió 12.2 puntos, hasta llegar a 69.2. Su mandato es considerado uno de los más polémicos de la historia de México, periodo en el que se dieron grandes cambios y controversias económico-sociales, así como la restauración de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La joya de la corona fue el acuerdo comercial con los vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, proceso iniciado en 1991 que finalmente en diciembre de 1992 se concretó con la firma del Tratado de Libre Comercio, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994. Pero ese mismo día, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas contra el Gobierno de México en protesta por la política neoliberal del Presidente Salinas; revuelta que, durante varios días, fue duramente reprimida por el Ejército. De acuerdo con Consulta Mitofsky, Carlos Salinas de Gortari concluyó su administración con una aprobación de 77 por ciento; pero ha sido uno de los mandatarios más juzgados en la historia reciente. El primer año de los mandatarios en esta historia reciente ha sido de gloria, pero nadie se puede ni debe confiar…….Y POR HOY ES TODO.

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LOS ASESINOS DE LAS MUJERES Y NIÑOS de las familias LeBarón y Langford pertenecen a un grupo delictivo que estaba muy debilitado, después de que a principios de esta década habían ejecutado a miles. Autoridades federales señalan como responsable de esta masacre a la organización delictiva La Línea, que hasta principios de 2017 era considerada brazo armado del Cártel de Juárez, hasta que una traición dio origen al Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ). Apenas hace un par de días, autoridades confirmaron la detención de Mario “H”, El Mayo, jefe de plaza de La Línea, en Janos, Chihuahua, presuntamente implicado en la masacre de la familia LeBarón. Ese grupo armado fue fundado por Juan Pablo Ledezma Rodríguez, El JL, y financiado por el fundador y líder del Cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy. El objetivo era combatir al Cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como en El Paso y San Antonio, Texas. En Ciudad Juárez los brazos armados de La Línea son dos pandillas: Los Mexicles y Los Aztecas; mientras que en la capital de Chihuahua operan para el NCDJ sólo Los Aztecas. Aún no existe una explicación del porqué los integrantes de La Línea atacaron directamente a los miembros de la comunidad mormona, incluyendo niños y mujeres, pero una de las líneas de investigación señala a la disputa entre este grupo delictivo y Los Salazar. Horas antes del asesinato, sicarios de La Línea se enfrentaron con Los Salazar en Agua Prieta, Sonora, y ante el temor de una incursión de éstos a Chihuahua, que consideran su plaza, La Línea envió una célula a la zona entre Janos, Chihuahua, y Bavispe, Sonora. Por cierto, Los Salazar han sido señalados por atacar a por lo menos dos periodistas que investigaban sus relaciones con el poder político. Uno de ellos fue Alfredo Jiménez Mota, quien se encuentra desaparecido desde el 2005 y trabajaba para el periódico El Imparcial; mientras que el otro caso es el de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada asesinada en marzo de 2017. Esta violencia nos recuerda a los hechos ocurridos el 30 de enero de 2010 en la colonia Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, cuando integrantes de La Línea llegaron hasta una casa donde 60 jóvenes celebraban el triunfo de un partido de futbol americano, ahí asesinaron a 16 de ellos, la mayoría estudiantes. En un reportaje especial de Todo Personal, viajaron a Chihuahua para cubrir esta masacre. Eran los momentos más complicados en seguridad en esa zona. Jóvenes habían sido asesinados en una confusión por la confrontación entre grupos rivales, entre ellos La Línea. Los disparos que un comando realizó contra los invitados a dicho festejo en la colonia Villas de Salvárcar, causaron la muerte de 16 personas de entre 15 y 20 años de edad, así como 13 lesionados. Tres adolescentes cayeron abatidos afuera de la casa número 1306, otros tres frente al 1308 y cuatro más en el 1310. Seis más fallecieron durante el traslado o en los hospitales. Una de las víctimas era estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ese 2010, fue un año récord de violencia en Ciudad Juárez, entre el 2007 y el 2011 más de nueve mil personas murieron relacionadas con el crimen organizado. La cifra aislada sólo del 2010 fue de tres mil 116 homicidios, un promedio de ocho muertes violentas al día. Los Aztecas eran la pandilla más poderosa. Surgieron en las cárceles de Estados Unidos, pero expandieron su influencia a calles y barrios de ambos lados de la frontera. Trabajan, y eran aliados, con La Línea, grupo que asesinó a integrantes de las familias LeBarón y Langford hace unos días. La guerra era provocada por distintas pandillas, Los Artistas Asesinos y Los Aztecas. Entre ellos se peleaban el control de las calles para la venta de drogas. La violencia en ese 2010 era por la disputa del territorio entre los Artistas Asesinos y Los Mexicles, que están asociados con el grupo de Sinaloa, el de Joaquín El Chapo Guzmán, ahora con sus hijos. Un territorio muy útil para los grupos criminales que buscan ingresar droga a Estados Unidos por la frontera. Muchos de los integrantes de las pandillas son chicanos y se desenvuelven bien en ambos lados de la frontera. Poco después de la masacre de los jóvenes en Villas de Salvárcar, la Policía Federal tuvo mucha presencia en la zona, se asignaron fondos federales para construir nuevas escuelas, e instalaciones deportivas. La iniciativa privada también dio aportes importantes para rescatar a Ciudad Juárez de la violencia, para construir espacios de esparcimiento y deporte. Se volvieron a abrir nuevos negocios, restaurantes y tiendas. Por primera vez en años, la gente podía salir a la calle. En el 2010 se trabajó mucho por el tejido social en Ciudad Juárez y con los pandilleros. Se hicieron albergues para combatir las adicciones y rescatar a pandilleros que peleaban para vender drogas y así cubrir sus dosis. Para el 2012 José Antonio Acosta Hernández, El Diego, expolicía y líder de La Línea, a quien se le atribuían más de mil 500 asesinatos, incluyendo el de los jóvenes de Villas de Salvárcar, el de tres funcionarios del consulado de EU y decenas de personas que se encontraban en centros de rehabilitación, fue arrestado en Chihuahua y extraditado a Estados Unidos. La paz duró poco. Con el cambio de gobierno en el 2012, se abandonó mucho de lo que se había implementado. Se descuidaron tanto la seguridad como a la sociedad conforme pasaron los años. Para el 2015, la DEA advertía que La Línea era un cártel en formación, nuevamente empezaba a tener fuerza. Y es que la estrategia de no combatir a los grupos criminales, pensando que éstos no van a pelear el territorio por su negocio es una lectura equivocada. La Línea llegó a estar prácticamente desarticulada, pero volvió a surgir y con fuerza y ésos son los asesinos de las familias mormonas. Si el actual Gobierno federal asegura que no va a perseguir a grupos criminales, la seguridad en todo el país se va a desbordar aún más. Con el crimen organizado no se pueden llegar a acuerdos en un contexto donde hay decenas de organizaciones criminales que pelean entre ellas. Es un negocio en el cual matan por conservar y, al mismo tiempo, lastiman profundamente a toda la sociedad. En esta nueva etapa, La Línea ha estado reclutando y entrenando a mujeres jóvenes y guapas para convertirlas en sicarias. De acuerdo con declaraciones de Rogelio Amaya, presunto integrante de La Línea, el grupo criminal tiene entre sus filas a entre 20 y 30 mujeres, principalmente “bonitas” y de 18 a 30 años de edad, entrenadas para matar: “van en autos y llevan armas largas o cortas. Van acompañadas de hombres, ellas se bajan a hacer el trabajo”, relató el sicario. El grupo criminal que acabó con la vida de los LeBarón y Langford pudo haber sido desmantelado hace tiempo. Que esta historia sirva de lección, para que se combatan a los narcotraficantes desde el Estado y éste nos garantice seguridad a todos los mexicanos…….Y POR HOY ES TODO.

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SE CUMPLIÓ EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO del Presidente Andrés Manuel López Obrador y para conmemorarlo se llevaron a cabo dos actos que reflejan lo polarizado que está el país. Esta división entre los mexicanos no es precisamente por alguna corriente ideológica, es por el discurso que día a día sale a dar el Presidente por las mañanas desde Palacio Nacional. Los constantes ataques contra todo aquel que opina diferente a él son suficiente para que eche a andar el poder del Estado para descalificarlo. Separados por 2.9 kilómetros, unos llenaron la plancha del Zócalo en el llamado “AMLOfest”, donde le expresaron al Presidente López Obrador su respaldo. Muchos llegaron en camiones desde distintos estados de la república. En otra marcha, en el Monumento a la Revolución, estaba el grupo que representa al otro México. Ellos llenaron el lugar (en menor número que en el Zócalo, claro) después de participar en la denominada “Marcha por la unidad de México” (o “anti-AMLO”), desde el Ángel de la Independencia. A diferencia de otras marchas a favor de la seguridad en el país que se han dado este año, en ésta participaron más jóvenes y personas de diversos estratos socioeconómicos; un evento mucho más ciudadano, pero con errores de logística importantes, como el lugar donde se ubicó el templete. El domingo pasado, la gente que marchó hacia el Monumento a la Revolución estaba mucho más enojada que en otras manifestaciones; gritaban consignas exigiendo mayor seguridad en el país, menos asesinatos y más empleo. En el Zócalo, algunos también estaban enojados, pero en contra de los reporteros que han cuestionado al Presidente. Nuestro colega Irving Pineda, de TV AZTECA, quien cubría el evento, sufrió una fuerte agresión verbal y acoso, que estuvo a nada de llegar a los golpes.  Recordemos que Irving hace un par de días le hizo un cuestionamiento al Presidente y éste arremetió contra él. López Obrador, en la conferencia mañanera de ayer, dijo: “supe que te agredieron a ti y desde luego repruebo esa actitud; no se debe agredir a nadie y ustedes (medios de comunicación) cumplen con su trabajo”. Pero el daño ya estaba hecho y las agresiones contra Irving son muestra de esta polarización y esta agresión que se busca crear en la sociedad mexicana. En el Zócalo, López Obrador dejó en claro que es un Presidente con mucho poder y pidió a sus seguidores un año más para establecer las bases de lo que llamó “una nueva patria”; pero no perdió la oportunidad para hablar de los “conservadores”, de quienes, a su consideración, intentan frenar sus programas. Andrés Manuel dijo que su Gobierno logró superar el “sabotaje jurídico” de los “conservadores corruptos” contra el proyecto del Nuevo Aeropuerto en Santa Lucía. “Se impuso la razón y el derecho (…) los ingenieros militares me han asegurado que inauguraremos el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 21 de marzo de 2022”. También destacó la lucha contra la corrupción y las reformas que ha emprendido para garantizar el desarrollo y bienestar de los ciudadanos, como la Ley de Austeridad Republicana y la de Extinción de Dominio, para recuperar o devolver al pueblo lo robado. Aunque reconoció que no ha habido el crecimiento económico que desea, aseguró que su Gobierno mantiene finanzas sanas y prioriza la distribución de la riqueza; desde luego, elogió la entrega de recursos a través de los programas sociales. Habló de uno de los temas que más nos preocupan a los mexicanos, el de la seguridad, pero culpando a las administraciones pasadas. Al mismo tiempo, el activista Julián LeBarón exigió justicia por el asesinato de nueve integrantes de su familia; pero también hizo un llamado para que los mexicanos se unan y detengan las masacres: “estamos aquí para ayudar, estamos aquí para poner de nuestra parte en lo que nos toca para detener la violencia, y queremos unirnos todos en eso; todo lo que nos divide tiene que ser después”. El Presidente López Obrador se reunió con la familia LeBarón. Uno de los miembros, Adrián, aseguró que ésta había sido muy productiva, que estaban contentos con los avances de la investigación; dijo, sí está a medias. Si bien es cierto que los resultados de la 4T no han sido los esperados, el Presidente sigue contando con una base social bastante considerable, pero a la baja. De acuerdo con la firma PQR Planning Quant, Andrés Manuel López Obrador tuvo una caída de 13 puntos, de agosto a noviembre. Y es que la economía y la seguridad están pasando por un momento complicado y la pérdida de empleos fomenta que ni la seguridad ni la economía mejoren. El propio Inegi reconoció que la economía mexicana cayó en recesión técnica entre finales de 2018 y la primera mitad de 2019. Mientras que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este año se perfila como el más violento del que se tenga registro. La polarización entre la sociedad puede beneficiarle al Presidente, porque así asegura una base social importante, pero es catastrófica para quienes vivimos en el país. Hoy México está dividido…… Y POR HOY ES TODO.

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SI USTED HA LOGRADO HACER UN PATRIMONIO, a base de mucho esfuerzo y trabajo, y ha comprado alguna propiedad para tener un ingreso por sus rentas, tenga cuidado. Nuevamente se está planteando la posibilidad de que se apruebe una ley que protege a los inquilinos, aunque éstos no paguen la renta, o incluso, hagan destrozos en el inmueble. Se pretende que en caso de que el arrendatario, dueño del inmueble, quiera sacar al inquilino, no pueda hacerlo, a menos de que le garantice otra vivienda. Esta propuesta de ley se había planteado desde principios de año, pero ahora se intenta revivir. La prácticamente recién promulgada Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo, 9, acerca de Ciudad Solidaria, apartado E, Derecho a la vivienda, señala que “toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades”. Mientras que el artículo 59 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la capital del país (aprobada el 28 de diciembre 2018 y publicada en la Gaceta Oficial el 8 de febrero de 2019) expone el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada como parte fundamental; sin embargo, el artículo 60 de esta misma ley causó polémica, debido a que ponía una serie de obstáculos para el desalojo de un inmueble. Señalaba: “para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales”. El problema es que esto dejaba abierta la puerta para que no se pudiera desalojar, por ejemplo, a personas que no pagan la renta o que invaden una propiedad. Por si fuera poco, el artículo 60 también mencionaba que el Gobierno localdebía dar alojamiento a las personas que no tuvieran recursos y fueran desalojadas, “en un radio no mayor a 15 kilómetros, tomando como centro el lugar de origen”. En ese momento, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, señaló que no estaba de acuerdo con lo que planteaba dicho artículo; “a mí me parece que no se puede confundir el derecho a la vivienda con el derecho del poseedor de un edificio, al que le pagan la renta”, explicó. Finalmente, en junio, el Congreso capitalino modificó el artículo 60 en materia de desalojos forzados, debido a la confusión y polémica que generó su redacción y concepto. El artículo modificado señala: “las personas afectadas por un acto de desalojo podrán solicitar a las autoridades correspondientes su incorporación a los programas de vivienda”. Y el asunto había quedado sólo en un susto; pero hace unos días, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, Nashieli Ramírez, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, referente al desalojo. Y el fantasma regresó. Lo que busca la comisión es que se retome la redacción inicial; la de febrero pasado. El documento propone que en caso de que un inquilino no pueda pagar la renta, no podrá ser desalojado, hasta que el Gobierno no realice un estudio socioeconómico que lo acredite; pero, además, está obligado a conseguirle una vivienda similar en un radio no mayor a 15 kilómetros a la redonda. La obligación a darle vivienda a alguien que no puede o quiere pagarla, es responsabilidad del Estado mexicano; no de los particulares. ¿Dónde están los derechos humanos de los propietarios, a quienes les invaden sus casas o departamentos? Para Nashieli Ramírez, la reforma hecha al artículo no garantiza el derecho a la propiedad ni evita los desalojos forzosos, pues éstos vulneran la integridad personal y la salud de las personas; además de que no se garantiza que los desalojos se llevarán conforme a la normatividad. Además, pidió que se establezca una indemnización en caso de que las personas desalojadas fueran privadas de sus bienes o sufran pérdidas materiales; y que sea obligación de las autoridades garantizar su adecuado realojamiento. Platicamos con el exprocurador General de la República y Notario Público, Ignacio Morales Lechuga, y nos dijo: “la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad juega a contrapelo de los intereses de la sociedad (…). La afectación de derechos humanos a los arrendadores o propietarios, que también son humanos y que tienen derechos humanos, pareciera no tener límite frente a la contumacia o terquedad extrema de la comisión de tratar de reinstalar el artículo 60 de la ley del 8 de febrero de este año, que había quedado derogada”. Señaló que, a su consideración, es “una injusticia o un despropósito, que un propietario afectado por la falta de pago de rentas, afectado por la invasión de su propiedad, no pueda desalojar su inmueble sin que previamente pueda localizar o ubicar él, o el Estado, un inmueble a satisfacción del ocupante en 15 kilómetros a la redonda del inmueble afectado y que, por otra parte, no pueda cobrarle a nadie el uso mientras tanto del inmueble de su propiedad”. Además, la Constitución prohíbe a las comisiones de DDHH intervenir en asuntos jurisdiccionales, cuando son competencia del Poder Judicial y corresponde resolverlos a un juez, cumpliendo con el derecho de audiencia y con todas las formalidades. “La relación entre particulares es característica del derecho civil y no objeto de una Comisión de Derechos Humanos. Si la Comisión de Derechos Humanos, con toda razón, está velando por el derecho a la vivienda, a la salud, a la protección de las mujeres, de los sectores vulnerables de la sociedad, es cierto; pero estos derechos son para ejercerse contra el Gobierno, la autoridad o el Estado, no contra los demás particulares eso es confrontar a la sociedad, polarizarla, hacerla que en algún momento determinado se enfrenten los segmentos sociales por rango económico, por condición de propietario y arrendatario; y me parece muy grave zanjar una relación que debería ser armoniosa y plural, en una confrontación”, señaló. Si avanza este tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prevén dos escenarios: el primero, que la Corte ordene que la redacción del artículo quede como antes de la reforma; es decir, como se redactó en febrero pasado; el segundo, que ésta ordene al Congreso elaborar una nueva norma y que se definan con mayor claridad los conceptos, para que no exista ninguna otra controversia. A diferencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que publica en su portal de Internet toda la información y escritos de las demandas de sus acciones de inconstitucionalidad, el órgano local optó por mantener en secreto esta petición. “La comisión pidió que fuera reservado, que fuera secreta la actuación de la Corte, que es otra de las cosas que llama la atención; una comisión debe ser transparente, pero seguramente tardará de cuatro a cinco meses en dictar una resolución”, indicó Morales Lechuga. Pero el expediente sí puede ser consultado en el portal de la SCJN. Entre enero de 2013 y marzo de 2019, la Secretaría de Gobierno de la CDMX registró 14 mil 641 desalojos. Casi todos éstos se dieron porque los inquilinos no pagaban la renta. De pasar esta ley, seguramente vendrá ahora una caída en los precios de los bienes raíces, y es que la oferta será mucho mayor a la demanda. Hoy hace falta vivienda, pero ésta la tiene que garantizar el Estado. Los dueños de propiedades que buscan ingresos de sus rentas no se van a arriesgar a arrendar su propiedad; y que en caso de que no les paguen, ellos, antes de recuperar su propiedad tengan que encontrarles otra vivienda a los inquilinos morosos…..Y POR HOY ES TODO.

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NADA MÁS LEER EL PERIÓDICO DE LAS últimas semanas, nos hace ver que —como había sentenciado, el Nobel de literatura húngaro, Imre Kertész—: la terrible realidad ha confirmado a la terrible realidad. Las amenazas de sexistas, los discursos de odio, la intolerancia disfrazada de religiosidad son, como antes de la Declaración de las Naciones Unidas, una peligrosa cotidianidad. No terminamos de sobreponernos del más reciente acto de barbarie, cuando nuestra mirada atónita se enfrenta a la siguiente desaparición, a la declaración misógina, al feminicidio que ocurre cada tres horas. No son buenos días los nuestros: los de la normalización de la violencia machista. Todavía menos, para las mujeres con menos oportunidades. La posibilidad de ver el nacimiento de nuevos regímenes totalitarios, de mirar el encumbramiento de las intolerancias —ya religiosas, ya económicas, ya raciales— es tan amenazadora como cercana. Los problemas en Europa recogen ecos para sí en América; a menos de 2 mil kilómetros hay un personaje político malévolo que expresa su desprecio por nosotras, las mujeres; el sexismo ha llegado a nuestro continente y, lamento decirlo, tiene ganas de quedarse. Pareciera que olvidamos pronto las cicatrices del pasado. El machismo se ha posicionado como un modo visible y altanero de discriminación. Los casos de violencia de género han aumentado considerablemente en los últimos años. Y, frente a ellos, hay partidos políticos que los minimizan y políticos que recortan los presupuestos. Y así, frente a nuestros atónitos ojos, empieza a materializarse el fantasma de la discriminación, de la violencia, de las mentiras, del desprecio por nuestros cuerpos. Lo mismo ha pasado en cada gran conflicto mundial: gota a gota se llena el río hasta que una mañana despertamos ahogados en la sangre de la sinrazón. Las marchas feministas de los últimos días, alrededor del mundo, dan cuenta de la insoportable violencia que padecemos —constantemente— las mujeres: la vulneración aumentada de nuestros Derechos Humanos invisibiliza los otros riesgos que, como cualquier otra persona, padecemos. Las experiencias de discriminación sutil que vivimos, hacen que nos habituemos a un estado precario de seguridad —corporal, económica, laboral—. Además, sabemos que nuestro reconocimiento social y nuestra valía son puestas en duda la mayor parte del tiempo. Las marchas feministas han dicho a gritos lo que merecemos, exigimos, necesitamos: respeto por nuestra dignidad, por nuestras vidas, por nuestros cuerpos. Igualdad de trato, de oportunidades y de derechos. Frente a la sordera de los políticos, sólo queda recordarles que no estamos pidiendo un favor: estamos exigiendo el respeto a nuestros derechos. Las mujeres no tenemos que convencer; más bien, los actores del Estado tienen que cumplir….. Ante la incapacidad del Gobierno de México de enfrentar a los cárteles de la droga, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los designará como “terroristas”, en lo que ha trabajado desde hace tres meses y reveló que le ha ofrecido al Presidente Andrés Manuel López Obrador que “nos deje entrar y limpiarlo todo, pero por el momento ha rechazado la oferta”. La reacción del Gobierno fue inmediata, al responder la Secretaría de Relaciones Exteriores que solicitará una reunión de alto nivel para presentar la posición de nuestro país y conocer los puntos de vista de las autoridades estadounidenses, luego de la masacre de nueve miembros de la familia LeBarón, la cual le pidió al mandatario de la Unión Americana que considerara a esos grupos como “terroristas” y combatirlos donde se encuentren. Y POR HOY ES TODO.

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UNA HISTORIA QUE HA MARCADO UN ANTES Y un después en la seguridad en la Ciudad de México, que nos mostró cómo trabajaban las organizaciones criminales en la capital del país, cómo éstas se disputan los espacios de venta de drogas y la manera en que asesinan a sangre fría. Hoy, por fin, se hace justicia y hay sentencias. Era el 24 de mayo de 2013; un narcomenudista, Horacio Vite, El Chaparro, de La Unión de Insurgentes, fue asesinado en el bar Black, de la colonia Condesa, presuntamente por gente de La Unión Tepito. Este hombre estaba al servicio de José de Jesús Carona, El Chucho, y de Javier Joel Rodríguez Fuentes, El Javis, líder de La Unión Insurgentes. Días después, en el bar Heaven, secuestraron y asesinaron a 13 jovenes. Lo que ocurrió en ese antro fue la venganza de este grupo contra La Unión Tepito por la muerte de El Chaparro. Dos jóvenes en particular fueron el blanco de la tragedia del bar Heaven: Jerzy Ortiz y Alejandro Said Sánchez. El primero era hijo de Jorge Ortiz, El Tanque, líder histórico de La Unión de Tepito, quien ya está detenido, y su amigo Alejandro, hijo de Alejandro Zamudio, El Papis, quien fuera el brazo derecho de El Tanque. Después se sabría que Jerzy y Alejandro repartieron volantes y pegaron carteles en Tepito, anunciando que se harían cargo del control de la distribución de droga en el barrio bravo y que buscarían extender el negocio. Pasó un año para que fuera sepultado Jerzy Ortiz en el panteón Jardines del Recuerdo, en Tlalnepantla, Estado de México. Su madre exigió a las autoridades que capturaran al responsable del homicidio de su hijo. El Javis fue señalado como el autor intelectual, según la declaración de nueve de sus cómplices.  Y finalmente, seis años después, un juez dictó una sentencia condenatoria de 520 años de prisión en contra de Joel Fuentes Sánchez, o Javier Joel Rodríguez Fuentes, o José Joel Rodríguez Fuentes, o Carlos Iván Martínez Hernández, alias El Javis, autor intelectual del secuestro y posterior homicidio de los jóvenes. La investigación dice que el móvil del secuestro y homicidio múltiple fue la disputa y control de la venta de drogas en la Zona Rosa, entre la entonces llamada La Unión Insurgentes y lo que ahora se conoce como La Unión Tepito. La detención de algunos de los involucrados inició el desmantelamiento de La Unión Insurgentes por la detención de su líder, El Javis, y de varios de sus integrantes; pero también el suceso recrudecía la violencia entre los grupos criminales que operaban en la Ciudad de México; historia que comenzó años antes. Se sabe que La Unión Tepito nació en 2010, bajo el mando de Francisco Javier Hernández Gómez, Pancho Cayagua. La Unión tomó el control de las narcotiendas en el barrio; se dice que tuvo una supuesta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque también se habla de un presunto “apradrinamiento” de Édgar Valdéz Villareal, La Barbie, y el Cártel de los Beltrán Leyva. La Unión Tepito diversificó sus actividades delictivas, como secuestro exprés, robo de inmuebles, venta de piratería, tráfico de armas al menudeo y extorsión telefónica; sin embargo, una de las prácticas que más realiza es la extorsión de comercios, en especial en bares y centros nocturnos de Polanco, Zona Rosa, la Condesa, la Roma, la Del Valle e Insurgentes. Otro actor importante en esta historia de violencia es Roberto Moyado Esparza, mejor conocido como El Betito, quien comenzó sus actividades criminales en 2008, cuando fue detenido por asalto en Polanco; pero no estuvo mucho tiempo preso y cuando obtuvo su libertad fue reclutado por La Unión Tepito. Con el tiempo, La Unión tomó fuerza en la capital, por lo que algunos de sus integrantes, como El Betito, comenzaron a poner entredicho el liderazgo de Pancho Cayagua. Fue a finales de 2015 cuando las diferencias entre ambos personajes provocaron la escisión del grupo. De un lado se encontraba Francisco Javier Hernández Gómez y por el otro estaba Roberto Moyado Esparza, con su grupo, al que llamaron La U. Como era de esperarse, la guerra inició, dejando varios asesinatos en la Ciudad de México, hasta la captura de Pancho Cayagua, en agosto de 2016, por el asesinato de dos personas. Fue entonces que La U comenzó a tomar más poder y presencia; pero Pancho Cayagua no tardó en salir de prisión y fue liberado en febrero de 2017. El 11 de octubre del mismo año, Pancho Cayagua se encontraba en su casa cuando recibió una llamada que lo alteró y salió a bordo de su automóvil. A las 14:30 horas llegó al estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en Insurgentes y Ticomán, colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero. Lo que no sabía es que ya lo venían siguiendo cuatro personas a bordo de motocicletas. En el estacionamiento fue sorprendido por los sujetos, quienes le dispararon con armas calibre nueve milímetros. Con el asesinato, La Unión Tepito comenzó a colocar narcomantas firmadas supuestamente por el CJNG; en ellas advertía que ese cártel entraría a “limpiar” la ciudad de bandas criminales que operan en el sur de la capital, entre ellas a los narcomenudistas de La U. Pero El Betito fue detenido en agosto de 2018 por la Policía Federal en la alcaldía Tlalpan, con una apariencia nueva gracias a un bypass gástrico y un injerto de cabello. Actualmente, el presunto líder de La Unión Tepito es Óscar Adrián Flores, El Lunares, quien desapareció del radar de las autoridades capitalinas luego del operativo en Peralvillo 33, realizado el pasado 22 de octubre. Pero no sólo era la guerra entre La Unión Tepito y La U; también surgió la Fuerza Anti-Unión. En diciembre de 2017 fue secuestrado uno de los hermanos de Jorge Flores Concha, El Tortas, a manos de miembros de La Unión. En esos días El Tortas estaba preso, pero al salir se alió con miembros del llamado Cártel de Tepito, con comerciantes y con integrantes del CJNG; así crearon la Fuerza Anti-Unión. Este grupo criminal se caracteriza por el grado de violencia ejercido contra sus víctimas, ya que no sólo realiza las ejecuciones, sino que desmiembra o decapita los cuerpos, para después abandonarlos en las calles de la Ciudad de México. Pero en el sur operaba otro grupo que dominaba al menos siete alcaldías: El Cártel de Tláhuac, liderado por Felipe de Jesús Luna, El Ojos. En julio de 2017, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México realizaron un operativo en el que abatieron a El Ojos; pero más allá del golpe al Cártel de Tláhuac, el operativo dejó al descubierto la operación de fuertes grupos del narcotráfico en la capital del país. Esta semana fue detenido El Bandido, un nuevo líder de La Unión; con esta detención se continúa desarticulando a organizaciones criminales, pero todavía hay mucho por hacer. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) han identificado a por lo menos 16 grupos delictivos relacionados con cárteles del narcotráfico en la CDMX. Estos reportes indican que las acciones violentas efectuadas por el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación) están dirigidas principalmente contra grupos como La Unión Tepito y la Fuerza Anti-Unión, dedicados a la extorsión, el narcomenudeo y los homicidios. Con Omar García Harfuch al frente de la SSC se han dado varias detenciones importantes de líderes de grupos delictivos en la CDMX, mismos que son responsables de gran parte de la violencia que se genera. Ojalá y a esas personas se les dicte sentencia, al igual que al Javis; sólo así se podrá controlar la seguridad en la capital del país…….Y POR HOY ES TODO.

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JUSTO CUANDO EVO MORALES LLEGÓ COMO asilado político a México, en esta columna explicábamos la relación que ha habido desde hace años entre los cárteles de la droga mexicanos y los de Bolivia. Este último es el tercer país productor de hoja de coca en el mundo y eso ha sido muy valioso para los traficantes de drogas. El pasado 17 de noviembre, en esa columna escribía que posiblemente un hijo de Guzmán Loera pasó tiempo en Santa Cruz con identidad boliviana y se habría infiltrado, según informes, en una escuela de pilotos para ampliar sus negocios de tráfico ilícito de drogas. Ahora, el actual ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, aseguró que Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos del El Chapo Guzmán, vivió en Bolivia, protegido por el gobierno del expresidente Evo Morales; estudió pilotaje de aviones en Santa Cruz de la Sierra e incluso en 2015 contó con una credencial provisional de ingreso a la Asamblea Legislativa. “Hemos encontrado credenciales de la Asamblea Legislativa Plurinacional a nombre del hijo de El Chapo Guzmán. Las credenciales son permisos provisionales para ingresar a la Asamblea. El hijo de El Chapo Guzmán estuvo en Santa Cruz, vino a estudiar pilotaje y luego desapareció”, contó Murillo. Arturo Murillo, uno de los contrincantes de Evo Morales, acusa al expresidente, además, de organizar actos de “terrorismo y sedición” desde su exilio en México. Murillo explica que hay cárteles de México y Brasil que operan en Bolivia y que el narcotráfico se mueve en Chapare, el bastión de Morales. Cuando Morales renunció a la presidencia, se refugió precisamente en Chapare, una zona cocalera del trópico de Cochabamba, lugar que lo vio nacer como dirigente político; además es una de las pocas regiones de Bolivia donde el expresidente conserva su poder intacto: sigue siendo el titular de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que concentran a los cocaleros. En esa región se producen unas 40 mil toneladas de hoja de coca por año, la mayoría de manera ilegal. Hay que recordar que una parte de la producción de la hoja de coca es legal en Bolivia. Mucha gente tiene la necesidad de tomarla en té o masticarla por la altura en la que se encuentra ese país; casi el doble de la que tenemos en la Ciudad de México. Recordemos que de las primeras acciones que tomó Evo Morales a tan sólo dos años de haber llegado al poder fue expulsar a la DEA de esa zona de Bolivia, en donde, 10 años antes, la agencia había construido un aeropuerto; esa base se había transformado en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. Es en esta área donde se produce la pasta base, un segundo proceso que se realiza en laboratorios clandestinos en la zona cercana a Villa Yapacaní, un poblado cuya parte de su economía se nutre de la cocaína que manejan cárteles internacionales, entre ellos, colombianos y mexicanos. Bolivia produjo en 2018 55 mil toneladas de coca; sin embargo, la que se utiliza para el consumo interno no supera las 28 mil toneladas. El actual ministro de Bolivia, Arturo Murillo, asegura que hay 16 pedidos de extradición que llegaron de Brasil por narcotráfico y que la Cancillería no contestó ninguno. “Quiere decir que había un gobierno que protegía al narcotráfico. Poco a poco se van a ir cayendo todas las máscaras”, aseguró. Eso es con Brasil, pero la relación de los narcotraficantes bolivianos y mexicanos es estrecha, principalmente con el Cártel de Sinaloa, lo cual salió a la luz con el trabajo del periodista español David Beriain, quien logró pasar más de tres meses infiltrado en el cártel de Guzmán Loera. Pero también miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tienen nexos en Bolivia. En diciembre de 2017, Brasil dio a conocer la captura de José González Valencia, uno de los líderes del CJNG, quien presuntamente residía en Bolivia. Al momento de su captura, el mexicano portaba una cédula con identidad boliviana, a nombre de Jafett Arias Becerra. En agosto de 2017, un informe de EU señalaba que Raúl Flores Hernández, alias El Tío, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, compró un equipo de futbol de primera división en Bolivia, aunque no se encontraron pruebas al respecto. La forma más usual de narcotráfico local en Bolivia es el clan. Esta organización está compuesta generalmente por familiares y personas cercanas que trafican droga a pedido de organizaciones transnacionales. Los clanes suelen asociarse con los emisarios de los cárteles y de las mafias extranjeras, y con los narcos mexicanos trabajan mucho. En Bolivia se producen unas 40 mil toneladas de hoja de coca por año; esto se traduce en millones de dólares para los narcotraficantes que se asocian con los bolivianos. En ese país, el kilo de cocaína cuesta dos mil 500 dólares. Cuando llega a México el costo es mucho más alto, 17 mil dólares; y una vez puesta en Estados Unidos o en Europa el precio aumenta dramáticamente. En abril de este año, el Departamento de Estado presentó al Congreso de Estados Unidos el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, un documento que analiza el narcotráfico en cada país y que, además, revisa los avances para reducir la producción y tráfico de sustancias ilícitas. De acuerdo con el informe, en 2018, Bolivia fue el tercer mayor productor de cocaína en el mundo: “la producción potencial de cocaína pura en Bolivia sigue siendo históricamente alta en 249 TM, en comparación con las 170 TM de hace una década”. Y así es como en mundo global el narcotráfico trabaja sin que las fronteras se lo impidan……Y POR HOY ES TODO.

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DURANTE EL “GRAN SALTO ADELANTE”, LA imposición de Mao Zedong para llevar a China hacia una industrialización acelerada a finales de los sesenta, se estima que al menos 20 millones de chinos perdieron la vida como consecuencia de la irracionalidad de las órdenes dictadas por el infalible e incuestionable líder. A pesar de la enorme influencia que tuvo Mao en la historia del Estado chino, las posibilidades de control y poder que estaban a su alcance palidecerían en comparación con las del actual líder de China: Xi Jinping. Llegado a la cima del Partido Comunista Chino en noviembre de 2012 y a la presidencia de la República Popular China en marzo de 2013, Xi Jinping ha logrado hacerse con el poder absoluto y ha avanzado con firmeza para eliminar cualquier sombra de disidencia al interior del sistema político chino. Nada más elocuente que los 2 mil 970 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones con las que la Asamblea Popular China votó en 2018 su continuidad en el cargo hasta 2023 (y después de una reforma constitucional que elimina cualquier restricción sobre el número de veces que puede ser reelecto). El control absoluto del sistema político ha saltado a un intento de control absoluto de la sociedad china en su conjunto. Para nadie es una noticia el férreo control sobre el contenido que existe en Internet, las limitaciones a la comunicación, información y a la libertad de expresión de los ciudadanos, pero hay una multiplicidad de acciones de control que apenas comienzan a documentarse en el exterior y que parecerían sacadas de una novela distópica. Por ejemplo, el sistema de crédito social, que es un esquema de puntos que evalúa los hábitos de consumo, las finanzas personales, la actividad en Internet y hasta el comportamiento en las calles de cada ciudadano para asignarle una calificación que, en caso de ser inferior a cierto nivel, le acarrea consecuencias jurídicas negativas, que pueden ir desde la limitación en los servicios públicos que pueden solicitar, como opciones de escuelas, hasta el punto de impedirle comprar boletos de avión o tren para salir de su respectiva ciudad. Desde hace 5 años estos sistemas se comenzaron a probar en algunas ciudades, pero se estima que para 2020 ya estará implementado en todo el país. Estas medidas buscan el control total sobre la población mayoritaria de China y lanzarán por la borda cualquier posibilidad de libertad de expresión o pensamiento fuera de las líneas del Partido. Pero, si estas medidas ya parecen extremas, vale la pena tener en consideración las acciones que el gobierno chino está realizando contra las poblaciones que le son incómodas. Recientes filtraciones dan cuenta de la operación de campos de concentración, que eufemísticamente son llamados “centros de educación”, en los que hay alrededor de un millón de musulmanes de la etnia uigur han sido ilegalmente retenidos para adoctrinarlos y eliminar cualquier posibilidad de que se opongan al gobierno chino. Sobre estas situaciones la comunidad internacional ha hecho algunas declaraciones de inconformidad, pero, dada la importancia económica de China, han sido muy discretas. ¿Cuánto tiempo seguirán indolentes ante un régimen así?…… SI HABÍA ALGUNA DUDA DE que Yeidckol Polevnsky, la secretaria general encargada de Morena, hace todo lo que puede para permanecer más tiempo al frente del mismo, este domingo volvió a dar una muestra más de ello, ya que al no firmar la convocatoria para el VI Congreso Nacional que emitiría ayer la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para el día 30 de este mes, tuvo que ser cancelado. Eso vuelve a dejar pendiente la fecha en la que se elegirá a los mandos formales del Movimiento fundado por el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha advertido a los militantes que si siguen sin superar sus intereses personales y no se ponen de acuerdo, él renunciaría y se llevaría hasta el nombre……Y POR HOY ES TODO.

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HOY, LA OPOSICIÓN Y EL OFICIALISMO SE encuentran dentro del mismo partido; el partido en el poder. La batalla se libra entre sus propios dirigentes y militantes. Entre ellos no llegan a acuerdos y los golpes son duros. A Morena le queda mucho camino por recorrer para lograr la renovación de su dirigencia nacional. La pelea ha sido intensa, es la tercera vez que Morena convoca a un congreso en un mes, luego de la crisis interna y la violencia desatada en los consejos distritales, que se hacen con miembros del mismo partido y en los cuales ha habido todo tipo de irregularidades e incluso, han acabado a balazos entre los propios militantes. Hoy no se tiene una fecha clara para determinar quién será el nuevo dirigente del partido guinda. En apenas cinco años de historia, Morena se ha convertido en el partido más poderoso del país. Fue apenas en 2014 cuando obtuvo su registro como instituto político; un año después, fue su primera participación en un proceso electoral; mientras que en 2018 compitió en su primera elección presidencial, la cual ganó de la mano de Andrés Manuel López Obrador, con un gran margen. Actualmente gobierna siete entidades: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz. Además, gobierna 346 municipios, es mayoría en 20 Congresos locales; mientras que en el Congreso federal, Morena tiene 259 de 500 diputados; es decir, 51.8 por ciento; mientras que en el Senado de la República cuenta con 59 de los 128 escaños, es decir, 46 por ciento. Esto es lo que representa Morena no sólo en números, sino en poder político (y económico). Es por eso que las tribus internas del partido luchan despiadadamente por las posiciones de poder, y para muestra, los hechos de violencia registrados en los pasados Congresos distritales, sobre todo en Guadalajara, donde cuatro personas resultaron heridas por un comando e Hidalgo, donde también se registraron disparos. Cabe señalar que en los Congresos distritales se elegirían a los coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales, y congresistas nacionales. Pero tras los hechos de violencia en varios estados, por parte de sus militantes, la secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, suspendió la elección para renovar la dirigencia nacional debido a la falta de condiciones de seguridad para realizarla y que, además, su padrón no era confiable. “La verdad es una pena lo que está sucediendo, lo dije todo el tiempo, ese padrón no sirve, no es confiable y no debíamos usarlo, porque no podemos arriesgar a nuestras compañeras y compañeros”, afirmó. Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la convocatoria para la realización del tercer Congreso Nacional, en el que se elegirían a los nuevos dirigentes de Morena, con el argumento de que el padrón con el que se hicieron las asambleas no es confiable; con esta determinación se anuló el proceso electoral interno. El Tribunal le dio al Comité Ejecutivo Nacional de esta fuerza política un plazo de 90 días para reponer dicho procedimiento. Esta decisión fue bien recibida por Yeidckol Polevnsky, Mario Delgado y Alejandro Rojas, quienes aspiran a dirigir Morena, y que además se habían pronunciado por anular el proceso y sustituir la elección vía congresistas nacionales, por el de la encuesta; sólo la aspirante Bertha Luján apoyaba que se mantuviera el actual método. Sin embargo, Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, abrió la posibilidad de retirarse de la contienda interna, ante un “proceso corrupto, manchado por la corrupción”. Pero las tribus del instituto político no sólo pelean el control del mismo, sino también los puestos clave. Ante este clima de violencia e incertidumbre al interior de Morena, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no sólo despedirá a los funcionarios que intervengan en el proceso de renovación de la dirigencia, sino que presentará denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; pero también ha dicho que podría dejar de militar en el partido que lo llevó al poder. Y es que, de acuerdo a especialistas, en Morena hay dos grupos; unos identificados como los “químicamente puros”, que son afines al Presidente como Martí Batres y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; y los “bolivarianos”, como Gerardo Fernández Noroña, Héctor Díaz Polanco, Dolores Padierna y René Bejarano. Con todo este contexto encima, Yeidckol Polevnsky señaló este fin de semana que la renovación de la dirigencia del partido se concretará hasta mediados del próximo año, por lo que gestionará ante la Sala Superior que le conceda una prórroga de otros 90 días para cumplir la sentencia. Una vez que el partido depure su padrón y cumpla con la credencialización de los militantes, se convocará a un nuevo proceso electivo, con tres meses de anticipación a la fecha de inicio, lo que ocurriría a mediados de 2020. Además, Polevnsky comentó que también solicitarán al INE una prórroga para depurar su padrón y concretar la reafiliación o ratificación de la voluntad de la militancia; plazo que vence el 31 de diciembre. Sin embargo, para lograr este concenso en la cúpula Morenista, se dice que intervino un personaje clave y muy allegado al Presidente López Obrador: Claudia Sheinbaum. Y es que la Jefa de Gobierno de la CDMX habría intervenido para lograr que tanto Yeidckol Polevnsky como Bertha Luján detuvieran los embates para alcanzar un acuerdo. De esta manera se acordó la realización de una encuesta para elegir a la persona que encabece la dirigencia nacional del partido; método “sugerido” por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es así como entre los propios militantes de Morena se vive una lucha descarnada por el poder y por los recursos que representa dirigir el partido político más poderoso que tenemos en la actualidad…….Y POR HOY ES TODO.

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MIENTRAS LOS GOBERNADORES DE PANISTAS en forma directa, tajantes, aseguran que no cumplirán las recomendaciones que haga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mientras Rosario Piedra Ibarra esté al frente pues su elección fue violatoria, el líder de la bancada Morena, Ricardo Monreal hace un llamado a la reconciliación, a dialogar sobre asuntos políticos de interés nacional. El zacatecano comenta que no es correcto mandar al diablo a las instituciones. Es más, aclaró: “El artículo 102 de la Constitución establece que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones de la CNDH. La autoridad que no lo haga incurre en desacato, en términos del 108 constitucional. Mandar al diablo las instituciones no es una decisión correcta”. Sin embargo, nadie quiere dar el siente paso. Antes, el coordinador de la bancada de Morena había hecho un exhorto: “Va una modesta sugerencia: igual que los cinco consejeros honorarios que ya renunciaron a la CNDH, los altos funcionarios de confianza deberían seguir el mismo camino, de manera voluntaria, para permitir su renovación, frente a un nuevo desafío en la defensa de los derechos humanos”. Y también atajó contundente: “Todos los amparos que interponga la oposición contra de la elección de Rosario Piedra como presidenta de la CNDH, serán declarados improcedentes. Es decir, ni la acción de inconstitucionalidad ni la controversia constitucional procederán. La Ley de Amparo y la Constitución Política establecen la improcedencia contra los actos soberanos del Congreso de la Unión o de una de sus Cámaras. Es un acto soberano del Senado”. Sobre la impugnación de la elección y sus escenarios jurídico-políticos, insistió en ser muy claro “y que nosotros creemos que es firme, inobjetable y contundente la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. ¿Por qué no darle una oportunidad?”. Y los panistas responden que no porque su elección fue espuria. Señaló que le parece natural que se presenten renuncias de cinco de los diez Consejeros Honorarios del organismo. Es otro escenario, dijo, el que se vive y es un cambio profundo que sufrirá la instancia defensora de los derechos humanos. “Así que nos parece natural esta renuncia masiva de consejeros honorarios”, subrayó. Ahora la nueva presidenta ejercerá sus funciones y, de acuerdo con la ley, el Senado hará, quizá esta misma semana, una convocatoria pública para que se inscriban personalidades a integrar el Consejo Honorario. “Es decir, la institución continúa, los hombres y mujeres son temporales”, indicó. El también presidente de la Junta de Coordinación Política justificó que es bueno que la nueva Ombudsman cuente con un nuevo Consejo Honorario. Asegura que “la prudencia aconseja que ahora hagamos una tregua, un proceso de reconciliación. Tiendo mi mano a la derecha y a los panistas, los priistas, a MC, los petistas, a todos los Grupos Parlamentarios para decir: reencontrémonos, démosle vuelta a la página, tratemos de continuar reconstruyendo la agenda legislativa por México”. “Es un gesto de buena fe, pidiendo disculpas a quien se sienta ofendido…….. EL GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA, Jaime Bonilla, anunció la presentación de una denuncia penal en contra del e. Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, por los delitos de peculado, fraude y abuso de confianza. Se estima malversación de fondos superior a los mil 200 millones de pesos. Bonilla va con todo en contra de Vega de la Madrid, está seguro que su antecesor fue un pillo y lo quiere ver por un tiempo largo en la cárcel. Dicen en Baja California que sería mejor que devolviera lo que se llevó…… EL RECIÉN CREADO INSTITUTO para la Salud y Bienestar (Insabi), tiene como meta un objetivo muy alto: brindar cobertura universal a todos los mexicanos, amén de estar amparados por el ISSSTE o el IMSS, en su calidad de trabajadores del Estado o de estar afiliados como trabajadores. Con su creación desaparece el Seguro Popular, figura creada durante el calderonismo y que brindaba apoyo a sectores vulnerables, no cubiertos por dichas instancias sociales, más aún para enfermedades consideradas catastróficas. El propósito es a todas luces loable, pues se asegura brindará cobertura médica y medicinal a todos los mexicanos, además de emplear a muchos médicos en el desempleo y subempleo y consolidar el cuadro básico de medicamentos. Se trata, pues de lograr un estado ideal de salud de las personas, las familias y las comunidades, como sustento del desarrollo y del bienestar de una Nación, donde más del 50 por ciento carece de seguridad social y está sumamente vulnerable…..Y POR HOY ES TODO.

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