EDITORIAL

 

 

Una investigación y un debate necesarios

 

 

Todo lo que se diga sobre la desaparición de los normalistas en Iguala provoca todo tipo de reacciones. No hay nada que pase de largo, nos la hemos pasado en medio de una sobredimensión que tiene que ver con la afectación que ha producido en la sociedad mexicana la “noche más triste”.

El rompimiento interno que provocó ha llevado a los límites, tanto por la confusa estrategia de las autoridades para investigar la desaparición de los estudiantes, así como por las interpretaciones del todo, en medio de confrontaciones y afirmaciones que, en muchos casos han terminado por ser ligeras y menores.

Si todo lo que se dice sobre el tema tiene estas características y desata controversias, interpretaciones y confrontaciones; imaginémonos lo que puede suceder cuando quien habla del tema es el Presidente.

Esto sucedió el pasado fin de semana en Guerrero. En una alocución que lleva a demasiadas interpretaciones, López Obrador dijo algo que se consideró como sinónimo de que la desaparición de los normalistas no fue un crimen de Estado.

Lo dicho por el Presidente adquiere particular dimensión porque gente cercana a él y muchos de sus simpatizantes parten de que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado.

Algunos han tratado de desacreditar a los furibundos seguidores de López Obrador poniéndolos presumiblemente en evidencia debido a sus innumerables afirmaciones sobre que Iguala fue un crimen de Estado, en tanto que los otros están en un terreno que bien podríamos definir como una versión de “lo que el Presidente quiso decir”.

Lo que pasó refleja, como se ha dicho en muchas ocasiones, las cadenas de corrupción, impunidad, complicidad e incapacidad que rodea a los cuerpos de seguridad y a algunas autoridades.

Quizá más que una acción concertada estamos ante una actuación que puede llevar, con coordinación o sin ella, al crimen de Estado.

Lo que sí está claro es que todo forma parte de una reacción de cómo actúa la autoridad la cual obedece a mandos corruptos, a policías impreparados y ligados a la delincuencia como forma de vida, y sobre todo a la abrumadora presencia del narcotráfico y los enfrentamientos entre bandas.

A esto se suma que la investigación sobre el caso estuvo desde el inicio cargada de pocas luces y muchas sombras. Una constante de los gobiernos, reconociendo que este caso tiene una alta dosis de excepcionalidad, es poner particular énfasis en hacer de un conflicto algo profundamente confuso.

¿Fue toda la fuerza del Estado la que se coordinó para secuestrar a los normalistas? El problema aparece más que como un conjunto de acciones coordinadas  como una forma regular de actuar por parte de gobiernos municipales en ciudades dominadas por el narcotráfico, a lo que se suma la participación directa o indirecta de otras instituciones del Estado.

No se puede pasar por alto en todo lo que ha sucedido, la dinámica interna de la normal Isidro Burgos, la cual ha sido usada e infiltrada por la delincuencia, con todas las consecuencias que tiene.

El discurso del Presidente se puede ver cómo él se ve a sí mismo, una especie de gran tótem quien define todo tipo de acciones. Sin embargo, el debate si bien pasa por si a futuro se podrían evitar situaciones como ésta, lo relevante estará en saber si hubo o no un crimen de Estado; Alejandro Encinas trató de zanjar la discusión ayer, asegurando que sí lo fue.

El debate es importante porque estamos hablando de la delimitación de responsabilidades, las cuales podrían alcanzar a muy altos mandos del gobierno, pero dentro de todo, lo más importante sigue siendo conocer el destino de los 43 normalistas.

EDITORIAL

 

 

El INE y la lana

 

Si bien hay pasajes en la historia del INE que merecen la crítica, también es cierto que gracias al instituto, hoy el país tiene procesos electorales que, por encima de todo, dan certidumbre y en la mayor parte de los casos, confianza.

El INE de hoy no es el que puso en duda los procesos electorales de 1988 y 2006; para hablar de los más controvertidos de las últimas décadas. En el 88, todo se desarrolló acorde a lo que determinó el Gobierno. Fueron vergonzosas las sesiones del Colegio Electoral, en las cuales los medios de comunicación no atinaban a qué debían informar.

Se la pasaron entre lo que estaba pasando y la “línea” que les tiraban desde el Gobierno, la cual asumieron gustosamente.

Las transmisiones mostraban la confusión que existía, al tiempo que se buscaba a toda costa acreditar y justificar el triunfo de Salinas de Gortari. Si algo se hizo fue convertir un conflicto real en una confusión, para esconder muchas de las tropelías que se estaban haciendo.

El Colegio Electoral funcionaba como un apéndice de la Segob; lo que son las cosas: muchos de quienes estaban metidos en lo que pasaba, hoy son parte de la 4T.

En 2006, el entonces IFE fue rebasado por la dinámica de los partidos políticos, que buscaron imponer el triunfo de Calderón. De nuevo, “los acuerdos” y las complicidades de algunos partidos fueron elementos para decretar el dudoso triunfo.

¿Hasta qué punto hay responsabilidades directas del INE en el resultado de las elecciones? Cada vez es más claro el rol del instituto: organiza las elecciones desarrollando un proceso cada vez más acabado que va recuperando algo fundamental y que ha sido el máximo dolor de cabeza electoral: la incertidumbre y desconfianza en las elecciones.

El INE es dirigido por un conjunto de funcionarios, pero es regido por los partidos políticos. Hay que considerar el hecho de que al INE se le haya reducido su presupuesto, pero no se haya tocado la partida de los partidos.

Si bien hay muchas cosas que arreglar en el INE, no perdamos de vista que el instituto está hecho a imagen y semejanza de lo que quieren y determinan los partidos. Nuestra democracia es muy cara por la sencilla razón de que nos la hemos pasado desconfiando unos de otros.

Después de cada proceso electoral se han creado nuevos controles que permiten generar y desarrollar la credibilidad ciudadana; y ello ha significado dinero.

En la historia del INE se han presentado momentos que, sin duda, lo cuestionan. Fue motivo de largo debate la construcción de su edificio y la propuesta de otro inmueble que no fructificó. Sin quitarle responsabilidades, reiteramos que su vida y construcción va de la mano de los partidos políticos.

La distancia que sistemáticamente le ha tomado López Obrador al INE tiene motivos, en función de que se ha visto afectado por las decisiones que ha tomado. Sin embargo, visualizar al instituto como si actuara solo, sin la intervención de los partidos políticos, es perder de vista su origen.

El INE fue la institución que avaló el inobjetable triunfo de López Obrador. Lorenzo Córdova informó del triunfo del tabasqueño con base en los reportes del INE, sin consultar con ningún elemento externo. Más allá del contundente triunfo del hoy Presidente, es importante resaltar el desarrollo del proceso, su organización, la participación ciudadana —tanto en las urnas como en la instrumentación del mismo—, sin importar quién haya sido el ganador.

No tiene sentido tratar de debilitar y menospreciar a quien organiza las elecciones. Es probable que el propio Gobierno se haga el harakiri con una decisión de esta naturaleza, porque aseguran que no llegaron a eternizarse en el poder, porque son demócratas, y para serlo hay que hacer elecciones.

EDITORIAL

Sicilia, Solalinde y el pasado

Todo parece que vamos a seguir por los rumbos de tener al pasado como referencia sexenal. Por más promesas que se hagan de ya no hablar de ello se la pasan bajo lo mismo entre que les sirve para la rentabilidad política, al tiempo que se explican y nos recuerdan el batidillo que les y nos dejaron.

Lo que es un hecho es que no hay día en que desde la movidísima e implacable Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, se señale a algún exfuncionario involucrado en irregularidades. Lo que fue el equipo de Peña Nieto tiene una infinidad de motivos para estar inquieto, preocupado y en una de ésas intuir que existen enormes posibilidades de que los metan en la cárcel.

Las razones igual pasan por sus tropelías, que porque la sociedad mexicana lleva un rato queriendo ver sangre y, por cierto, por innumerables motivos, no la de cualquiera.

Una forma de cerrar, en algún sentido, ese pasado pareciera que tendría al expresidente bailarín en la mira. Por más que pudiera darse el caso de que Peña Nieto no estuviera al tanto de muchas decisiones y tropelías no hay manera de que esté exento de ellas debido a la responsabilidad que tenía, y en función del cargo que de manera tan desaseada, para decir lo menos, ostentó; en una de ésas, también le pueden cobrar cuentas del batidillo que dejó en el Edomex.

A futuro deberemos buscar los motivos por los cuales la sociedad mexicana se decantó por un personaje que creció, nació y desapareció gracias a la televisión mexicana, en particular al Canal de las Estrellas.

En el Gobierno deben saber e intuir que la cuerda que les ofrece el abrumador pasado tarde que temprano se les va a acabar. El propio Presidente ha referido e identificado que el tiempo que corre ya es del Gobierno y que en algún sentido va en su contra.

La Presidencia está obligada a dar un paso adelante en una estrategia que durante un buen tiempo le dio resultado. El Presidente no está ajeno de avatares y debe saberlo, alguien se lo debe decir, debe construir proceso de cohesión y unidad de carácter nacional.

El ir y venir de sus discursos igual da para verlo como un hombre conciliador y como un rijoso de callejón. No se trata de que quede bien con todos, no hay manera ni tiene sentido, pero lo que está a su alcance es la búsqueda de una cohesión que en cualquier momento bajo las condiciones que vive el país puede necesitar.

Más allá del desencuentro entre el padre Alejandro Solalinde y Javier Sicilia, que incluye colateralmente a López Obrador, lo expresado por el sacerdote tiene que ver con este panorama y merece atención.

Dice el prelado que es tiempo de unidad y apoyo a López Obrador, refiriéndose de nuevo al lastre del pasado. La referencia parte de un diagnóstico de Solalinde respecto a lo que está viendo y los retos que se enfrentan para el cambio. Independientemente del lance con Sicilia, el prelado pareciera que vislumbra la enorme dificultad que tiene López Obrador en su genuino proyecto de transformación.

Lo que Solalinde le está diciendo a Sicilia es que, más allá de las diferencias, las cosas tienen un nivel de complejidad que puede rebasar a todos. Lo que Alejandro no debe dejar pasar es que todo esto también tiene que ver con la tendencia presidencial a aislarse, lo que puede llevar a que su gabinete no tenga la más remota idea de lo que pasa y que ello termine por distanciarse de grupos y personas que no por pensar diferente de él están en contra de él.

Al Presidente le están llegando los tiempos de las decisiones mayores. Aquellas que requieren tener a buena parte de la sociedad como cómplice y no como el adversario.

EDITORIAL

El faro y las turbulencias

Pocas instituciones miden tan claramente la temperatura al país como la UNAM. A la universidad se le admira, respeta, quiere; se le reconoce como un orgullo de la sociedad, pero también se le persigue, agrede y usa.

Todo lo que pasa en su interior tiene repercusiones, nada pasa por alto. Quienes intentan alterarla saben de la importancia que tiene y lo que puede repercutir el hecho de atacarla o alterarla.

La comunidad universitaria es consciente de la trascendencia que tiene su institución. Un ataque, como el que se perpetró hace unos días a la Rectoría y a la librería Henrique González Casanova, a nadie le pasa por alto.

Queda claro que, independientemente de la atendible manifestación de un grupo de estudiantes, los llamados “anarcos” encontraron en la marcha, la posibilidad de alterar los ánimos de la universidad, aprovechando, además, nada es casual, que ayer Enrique Graue fue reelecto por la Junta de Gobierno como rector.

Los “anarcos” se aprovecharon de la marcha como lo han venido haciendo, ante la pasividad de las autoridades; se infiltran, violentan, agreden, atemorizan y vandalizan. Se han ido aprendiendo el guion y el camino porque hasta ahora se saben o se sienten intocables.

No se trata de que este grupo sea atacado sin ton ni son, como si eso resolviera el problema, de lo que sí se trata es de aplicar el Estado de derecho. Llevamos mucho tiempo teniendo demasiado cuidado y extrema prudencia en aplicar la fuerza del Estado. Los “anarcos” se han dado cuenta de que, hagan lo que hagan, no pasa mucho y si los detienen, a los 10 minutos los liberan, porque no “vaya a ser que terminen como presos políticos”.

Como institución autónoma y de libertades, quienes hemos pasado por la UNAM sabemos que vive a menudo expuesta. La comunidad universitaria es pujante, sensible y consciente de ello. Hay cosas que se presentan en la UNAM que no gustan, pero se entiende que es una institución plural, en donde caben todo tipo de corrientes de opinión.

Debido a esta efervescencia e intensidad histórica, es claro que cualquier cosa que pase en la universidad puede ser detonante de un problema mayor que, incluso puede alcanzar al país, nada de lo que le pase y viva debe soslayarse, porque es como una gran caja de resonancia.

La terna para elegir rector de la UNAM fue, por muchos motivos, atractiva. Cada uno de los candidatos representa diferentes dinámicas y pensamientos universitarios. Da la impresión de que Pedro Salazar y Angélica Cuéllar, tarde que temprano, podrían ser rectores de la universidad.

El reto para el doctor Graue está en consolidar lo que se ha hecho en los últimos años, pero también en modernizar en todos los sentidos a la UNAM. Ser rector es un trabajo profundamente complejo por la infinidad de escenarios que cotidianamente se enfrentan.

Ejemplo de ello es el hecho de que Filosofía y Letras esté en paro, con un auditorio tomado desde hace muchos años y que Ciencias Políticas esté en rumbo de lo mismo.

Al mismo tiempo, el rector va a tener que enfrentar una cierta distancia que el actual Gobierno ha tomado con las universidades, hasta ahora, la UNAM y el IPN han librado las luchas callejeras por mejores presupuestos, pero es evidente que ante la austeridad como forma de vida en que andamos, y si en el Gobierno no entienden el valor de las universidades en la vida del país, hay indicios de ello, tarde que temprano no quedará de otra que librar luchas callejeras.

En función de los tiempos en que estamos, la permanencia del doctor Graue le va a permitir a la universidad cerrar un buen ciclo.

En medio de tanta intensidad política, la UNAM sin dejar de estar expuesta y vivir situaciones límite, sigue siendo el centro de debate y un faro para la sociedad.

EDITORIAL

Bolivia: división y muerte

Más de una veintena de muertos y centenares de heridos. Cuando al menos 40 por ciento de la población apoyó en los pasados comicios al expresidente Evo Morales, su salida —justificada por los fraudes electorales— no pacifica a una población dividida y en plena confrontación.

El núcleo de las protestas está en el aglomerado de los productores de coca, bastión original que elevó a Evo Morales del sindicalismo a los más altos vuelos de la política. Campesinos e indígenas se unen a sus filas, demostrando que la desigualdad sigue siendo un factor político importante en el país. Lamentablemente, el gobierno interino no ha encontrado la fórmula para pacificar al país y su discurso confrontante y la acción de la fuerza pública ha caído en la represión violenta de los manifestantes.

Los líderes que han tomado el poder de facto deben tener cuidado. Luis Fernando Camacho es llamado el “Bolsonaro boliviano”, ojalá no sea el caso y tenga la mesura de dejar de lado la violencia militarista y los discursos de odio que no hacen más que confrontar a un pueblo y ahondar las crudas heridas de la desigualdad. Por su parte, Jeanine Ánez, jefa del gobierno transitorio, tiene a su cargo convocar a elecciones, cosa que no ha hecho. Sin embargo, sí ha tenido tiempo para exonerar a las fuerzas armadas de cualquier delito cometido en el “control” de las protestas para proteger a la sociedad. Esto enciende las alarmas en varias asociaciones internacionales de derechos humanos que ya han denunciado un uso excesivo de la fuerza por parte de los militares.

La misma Bachelet ha urgido a las autoridades “a garantizar que las fuerzas de seguridad cumplan con las normas y estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, así como a asegurar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas que protestan”.

Por su parte, y en su defensa, las fuerzas del orden señalan que han pretendido manifestarse portando explosivos y armas. Sin embargo, la veintena de muertos y los cientos de heridos nos dan nota de que el Ejército no está mediando en la situación sino que ha tomado un bando claro.

La polarización en el país es extrema y Bolivia se precipita en una espiral de violencia que no augura nada bueno. Evo Morales tendrá que cargar con ser el personaje que provocó está situación, pero el nuevo gobierno –aliado con el Ejército- parece coquetear con la idea del poder en lugar de entender su papel como un simple mediador, pacificador y garante de una nueva elección democrática.

Sería peligroso que Bolivia entrara en una nueva fase de dictadura disfrazada de democracia. Esperemos que los poderes de facto encuentren la fórmula de la paz y logren fungir como una autoridad legítima para dar paso al nuevo gobierno democrático.

EDITORIAL

“¿Han asesinado periodistas?”

Sí, Sra. Rosario Piedra Ibarra, muy lamentablemente en México sí han asesinado periodistas. Muchos periodistas.

15 comunicadores, para ser exactos, han sido asesinados en nuestro país desde diciembre de 2018 hasta el pasado agosto, de acuerdo a la cifra que brinda el propio Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y fíjese que incluso reconoce que dos de las víctimas contaban con medidas de protección federal… bueno, así se suponía.

La organización Artículo 19 detalla que en nuestro país se registra una agresión contra un o una periodista cada 17.4 horas, y le paso el dato porque considero que también es importante que lo tenga.

Y aunque le resulte difícil de creer, sí, en lo que va de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador también han asesinado periodistas.

Le comento incluso que sólo 2019 se ha convertido en el año más violento para ejercer el periodismo en nuestro país, de por sí considerado el segundo más peligroso del mundo para ello.

Fíjese que precisamente, David Kaye, Relator Especial de la ONU, afirmó los primeros días de este mes que los asesinatos de periodistas en México son una “crisis” sin resolver y que en el sistema de protección se observan las mismas debilidades que fueron detectadas en un análisis de 2017, razón por la cual es un tema prioritario en la agenda mexicana de Derechos Humanos.

Seguramente alguien de su equipo descuidó agregarle este detalle en sus tarjetas, y mire nada más lo que provocó que expresara usted lo que seguramente no fue más que una duda sin malicia, pero que ya como máxima figura en la lucha por los derechos humanos a nivel nacional, pues resultó un tanto indignante para el gremio periodístico en general.

Y es que eso no abonó nada bueno, después de que usted tomara protesta a su cargo en medio de insultos y empujones de varios senadores por la cuestionada transparencia del proceso de votación, que justamente inspiró la carta que poco antes le enviaron firmada 100 colectivos, asociaciones y víctimas de desapariciones, invitándola a que no tomara protesta “hasta que haya un proceso transparente y sin sombra de dudas”; y por supuesto en honor a la legítima lucha por la justicia que como una víctima más usted misma ha sostenido por años, y de la que todos hemos sido respetuosos testigos.

Y mire lo que son las cosas, fue justamente un periodista, Ricardo Raphael, quien revelara un día después de su toma de protesta, en el espacio de Leonardo Curzio en ADN40, el documento del Instituto Nacional Electoral actualizado en octubre pasado, que contiene los nombres de integrantes de Morena, en el que usted aparece desde 2015 como parte del Consejo Nacional del partido, cuyos integrantes fungen como dirigentes de dicha fuerza política.

Es decir, —independientemente del resbalón con los periodistas— lo anterior ya implica que como titular de la CNDH ha violado una ley antes de cumplir 24 horas en el cargo.

O al menos así lo marca el artículo 9 fracción IV de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que especifica que uno de los requisitos para ser titular de dicho órgano es: “No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación”.

Así que no sólo es la desinformación, sino la duda razonable sobre ¿qué ocurrirá con el contrapeso?, que es una de las funciones principales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues es lo que le da garantía a los ciudadanos de ser defendidos contra prácticas injustas del gobierno y usted mejor que nadie lo sabe.

La misma pregunta se hacen hoy órganos como Amnistía Internacional México que ha advertido que la grave crisis de derechos humanos en México “sólo puede enfrentarse con un órgano autónomo, independiente y legítimo, que sea el contrapeso del Estado y defienda los derechos de todas las personas”… Y eso no es lo que parece ser que tendremos.

Así que, volviendo al tema que nos metió en esta conversación, sí señora Rosario Piedra, en México sí matan periodistas, como mujeres por ser mujeres o niños en enfrentamientos del crimen organizado; así como siguen desapareciendo personas, se violan derechos de salud y de identidad, se discrimina y se tortura.

No se ofenda por favor si le expresamos, como ciudadanos, padres de familia, y muchos como periodistas, que ante su nombramiento como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estamos preocupados. Muy preocupados.

EDITORIAL

“¿Han asesinado periodistas?”

Sí, Sra. Rosario Piedra Ibarra, muy lamentablemente en México sí han asesinado periodistas. Muchos periodistas.

15 comunicadores, para ser exactos, han sido asesinados en nuestro país desde diciembre de 2018 hasta el pasado agosto, de acuerdo a la cifra que brinda el propio Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y fíjese que incluso reconoce que dos de las víctimas contaban con medidas de protección federal… bueno, así se suponía.

La organización Artículo 19 detalla que en nuestro país se registra una agresión contra un o una periodista cada 17.4 horas, y le paso el dato porque considero que también es importante que lo tenga.

Y aunque le resulte difícil de creer, sí, en lo que va de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador también han asesinado periodistas.

Le comento incluso que sólo 2019 se ha convertido en el año más violento para ejercer el periodismo en nuestro país, de por sí considerado el segundo más peligroso del mundo para ello.

Fíjese que precisamente, David Kaye, Relator Especial de la ONU, afirmó los primeros días de este mes que los asesinatos de periodistas en México son una “crisis” sin resolver y que en el sistema de protección se observan las mismas debilidades que fueron detectadas en un análisis de 2017, razón por la cual es un tema prioritario en la agenda mexicana de Derechos Humanos.

Seguramente alguien de su equipo descuidó agregarle este detalle en sus tarjetas, y mire nada más lo que provocó que expresara usted lo que seguramente no fue más que una duda sin malicia, pero que ya como máxima figura en la lucha por los derechos humanos a nivel nacional, pues resultó un tanto indignante para el gremio periodístico en general.

Y es que eso no abonó nada bueno, después de que usted tomara protesta a su cargo en medio de insultos y empujones de varios senadores por la cuestionada transparencia del proceso de votación, que justamente inspiró la carta que poco antes le enviaron firmada 100 colectivos, asociaciones y víctimas de desapariciones, invitándola a que no tomara protesta “hasta que haya un proceso transparente y sin sombra de dudas”; y por supuesto en honor a la legítima lucha por la justicia que como una víctima más usted misma ha sostenido por años, y de la que todos hemos sido respetuosos testigos.

Y mire lo que son las cosas, fue justamente un periodista, Ricardo Raphael, quien revelara un día después de su toma de protesta, en el espacio de Leonardo Curzio en ADN40, el documento del Instituto Nacional Electoral actualizado en octubre pasado, que contiene los nombres de integrantes de Morena, en el que usted aparece desde 2015 como parte del Consejo Nacional del partido, cuyos integrantes fungen como dirigentes de dicha fuerza política.

Es decir, —independientemente del resbalón con los periodistas— lo anterior ya implica que como titular de la CNDH ha violado una ley antes de cumplir 24 horas en el cargo.

O al menos así lo marca el artículo 9 fracción IV de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que especifica que uno de los requisitos para ser titular de dicho órgano es: “No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación”.

Así que no sólo es la desinformación, sino la duda razonable sobre ¿qué ocurrirá con el contrapeso?, que es una de las funciones principales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues es lo que le da garantía a los ciudadanos de ser defendidos contra prácticas injustas del gobierno y usted mejor que nadie lo sabe.

La misma pregunta se hacen hoy órganos como Amnistía Internacional México que ha advertido que la grave crisis de derechos humanos en México “sólo puede enfrentarse con un órgano autónomo, independiente y legítimo, que sea el contrapeso del Estado y defienda los derechos de todas las personas”… Y eso no es lo que parece ser que tendremos.

Así que, volviendo al tema que nos metió en esta conversación, sí señora Rosario Piedra, en México sí matan periodistas, como mujeres por ser mujeres o niños en enfrentamientos del crimen organizado; así como siguen desapareciendo personas, se violan derechos de salud y de identidad, se discrimina y se tortura.

No se ofenda por favor si le expresamos, como ciudadanos, padres de familia, y muchos como periodistas, que ante su nombramiento como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estamos preocupados. Muy preocupados.

EDITORIAL

 

Bolivia: golpe democrático

 

Cada día, con mayor insistencia se escucha, se lee y se dice que la democracia como idea y como sistema de gobierno está en crisis. No hay mal que dure mil años, ni cuerpo que lo resista: si la democracia está en problemas, más pronto que tarde nos enteraremos del desenlace. Pero lo que se observa es que más allá de que la democracia —entendiéndola como el mejor mecanismo de resolución de conflictos en paz que conocemos— esté en crisis, los conflictos han resistido a cuantos personajes políticos han sido electos para resolverlos.

El golpe de 2019 es el número 191 desde la Independencia de Bolivia, en 1825. De 1964 a 1982, el país osciló entre regímenes militares e interinatos. De 1982 a 2006, la democracia boliviana sobrevivió milagrosamente a crisis económicas, hiperinflación, privatizaciones, reducciones en servicios sociales y educación, huelgas generales y amenazas de guerra civil.

La llegada al poder de Evo, en 2006, significó el final de un siglo XX sangriento y un justo descanso a la violencia política que vivió el país, perpetuada en una nueva Constitución que fundó la Bolivia plurinacional por su primer presidente indígena. Ésa es su importancia y su mística. Su gestión redituó en la reducción de la pobreza y de la desigualdad, pero aumentó la deuda pública y disminuyó las reservas internacionales de manera significativa. Cierto; Bolivia es menos pobre, pero sigue siéndolo, no hubo transformación económica.

En cambio hubo un retorno autocrático. El 26 de febrero de 2016, Evo convocó a un referéndum para consultar su continuidad cuatro años más, lo perdió y aun así participó e intervino fraudulentamente en las elecciones de 2019. Hoy la opinión se divide entre si fue o no un golpe de Estado. Mi opinión es que fue un golpe de Estado democrático cívico-militar, en el que la sociedad civil opuesta a la permanencia de Evo, apoyada por las Fuerzas Armadas, solicitó de manera directa al mandatario abandonar su puesto, dadas sus pretensiones de extender su gobierno vulnerando el juego democrático previamente establecido.

¿Es una crisis de la democracia? No: los mecanismos institucionales llevaron a la vicepresidenta del Senado a la presidencia interina de Bolivia y prometió convocar a elecciones en enero de 2020, lo que mantendría vigente el juego democrático. Con seguridad es una crisis política: ni Evo, ni sus antecesores, ni los Congresos, ni las Cortes han generado igualdad socioeconómica; ni han detenido la injusticia, ni limitado la violencia arbitraria.

De las primeras acciones televisadas y difundidas por el nuevo orden se muestran las Biblias bajo el brazo y la quema de whipalas como derrocamiento de los antiguos símbolos. Las desigualdades políticas se perpetúan y sus manifestaciones nos son desagradables para muchos. La democracia boliviana superó, por ahora, la embestida política del socialismo bolivariano; observemos su resistencia a la nueva ola de derecha radical que se avecina.

EDITORIAL

Rosario en la CNDH

Con las virtudes y defectos que tenga y haya tenido la CNDH, no se merecía que quien la encabezara fuera designada a través de un proceso tan desaseado, confuso y tan controvertido.

Tampoco lo merecía el historial de doña Rosario Ibarra de Piedra, quien ha dedicado su vida a la búsqueda de su hijo y a la defensa de los derechos humanos.

La designación de su hija Rosario Piedra Ibarra está íntimamente ligada al historial de doña Rosario. Sin demeritar la formación y experiencia profesional y de vida de la nueva ombudsperson, la forma en que se desarrolló el proceso deja todo bajo un cuestionamiento del cual será difícil que se pueda abstraer.

Va a cargar inevitablemente con las innumerables dudas sobre su designación. Es vista como una imposición del Presidente, a quien poco o nada le importaron los desfiguros que se dieron estos días en el Senado con tal de colocar a Rosario Piedra. El mandatario se manifestó muy contento con la designación y no reparó en lo más mínimo en el proceso.

No sirvió de nada que el senador de Morena, el influyente Ricardo Monreal, intentara reponer la votación después de que se presentó, no casualmente, una controversia respecto a los votos emitidos. A esto también se sumó la confusión que generó el depósito en la urna de una papeleta; daba la impresión de que eran dos o tres votos los que se estaban entregando al mismo tiempo; el hecho ha sido desmentido.

Lo que no quedó claro fue si la intentona de Monreal iba en serio o era una finta, y más después de ver lo que pasó en el Senado. Queda la impresión de que el zacatecano sabía de antemano lo que iba a provocar reponer el proceso, empezando por lo que quería el Presidente.

Lo que queda claro es que todo estaba confuso y desaseado desde el principio y que las audiencias a las que convocó el Senado, y en las cuales participaron destacados personajes, no eran para decidir sino para cumplir con un requisito; la decisión ya estaba tomada, lo que estaban buscando y esperando era cómo instrumentarla.

Una de las preguntas que ha suscitado la designación de Rosario Piedra es sobre el perfil de quien deba dirigir la CNDH. Se ha insistido en que la relevancia de Rosario está en que ha sido una víctima a lo largo de todos estos años y que nadie como ella entiende mejor el problema de los derechos humanos en el país.

Sin la menor duda de lo que ha vivido, y lo que ha visto en su casa, de la mano de la histórica y destacada lucha de su madre, le da una gran experiencia y una conciencia invaluable.

La pregunta políticamente incorrecta es si esto le da el perfil para encabezar la CNDH o si lo que se requiere son especialistas en materia de derechos humanos, con conocimiento de la realidad en esta materia y con una convicción y principios que los defina.

Da la impresión de que esta pregunta no la podremos contestar en lo inmediato. Se va a requerir de tiempo para conocer los alcances del trabajo de la nueva ombudsperson.

Rosario Piedra Ibarra, de entrada, ya tiene obstáculos en el camino. El más difícil que va a enfrentar será el de su legitimidad y sobre todo mostrar evidencias en los hechos, no sólo de palabra, que la comisión que ya encabeza será realmente autónoma. Su cercanía con el Presidente y con Morena establece un conjunto de dudas profundamente justificadas.

Las primeras declaraciones de Rosario Piedra la expusieron aún más. Su confusión sobre la muerte de periodistas le abrió otro hueco.

La CNDH es una instancia conocida, a la que los ciudadanos apelan porque en buena medida le creen. El proceso bajo el cual Rosario Piedra fue designada a quien más le puede terminar afectando es a la CNDH. La defensa de los derechos humanos es transversal y va más allá de un sexenio.

EDITORIAL

Bolivia

Quizá Evo Morales confió demasiado en el apoyo popular y en sus propias fuerzas. De alguna forma su gobierno había sido cuestionado, y a pesar de su victoria en las urnas, bajo un proceso electoral cuestionado, el presidente boliviano empezó a perder el control ante viejos y nuevos escenarios.

Morales pasó por alto una consulta a la que convocó el 21 de febrero de 2016. Fue un referendo para que los ciudadanos decidieran si en las próximas elecciones, las cuales se celebraron el 20 de octubre, se presentaba de nuevo. El resultado le fue adverso, la mayoría de los bolivianos votó porque en el 2019 terminara su mandato.

En 2017 el resultado fue apelado por la presidencia, lo que permitió a Evo participar en las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral decidió que procedía la petición en medio de protestas que consideraban que se había actuado con discrecionalidad.

La fuerza de Evo Morales es indudable. Ha sido un presidente que le ha cambiado para bien la cara a su país. Su defensa y vocación indígena permitió un reacomodo social, a lo que se suma que en su gestión las condiciones económicas de Bolivia adquirieron otra dimensión.

El reconocimiento a Evo Morales tiene que ver con su ejercicio generoso del poder basado en un gran apoyo hacia los pueblos originarios, a los cuales colocó en el centro de la gobernabilidad.

Sin embargo, la elección planteó una nueva dinámica que terminó por convertirse en un elemento adverso, a pesar del reconocimiento que ha tenido todos estos años como presidente.

Los cuestionamientos sobre el proceso electoral se fundan en que el TSE detuvo abruptamente el conteo rápido, cuando ya tenía 84% del escrutinio, el cual le daba clara ventaja a Morales.

Todo indica que el candidato opositor, Carlos Mesa, no podía alcanzar a Evo Morales, es más, se veía también complicado que en el eventual caso de una segunda vuelta pudiera ganar Mesa.

¿Cuál fue la razón por la cual el tribunal complicó una elección que en apariencia no le estaba siendo adversa a Evo Morales? Hasta ahora no hay respuestas que expliquen el porqué de la decisión, sobre todo porque el proceso se veía definido.

Lo que ha pasado a partir de las elecciones ha estado enmarcado por la protesta y las presiones militares, lo cual ya provocó consecuencias creando una situación de excepción. En medio del caos, la presidenta del TSE fue detenida el domingo en la noche como parte de un intento por controlar la institución, para organizar nuevas elecciones a modo de lo que quieren la oposición y los militares, quienes están jugando un descarado activismo.

Entendiendo las particularidades de la situación interna boliviana no se puede separar de lo que viene pasando en América Latina. Evo Morales, sin dejar de reconocer sus grandes méritos, estaba ya en camino de eternizarse en el poder.

En Sudamérica está tomando forma el hartazgo ciudadano. En Chile los problemas no se han resuelto ni se ve por dónde puede haber salidas en el corto y mediano plazo. Argentina va a entrar a una nueva dinámica de riesgo porque tarde que temprano al nuevo gobierno lo va a alcanzar la terca realidad económica y social. Brasil es un enigma, la esperada liberación de Lula le puede abrir al país una nueva perspectiva política. Finalmente, Perú trae muy cerca el hartazgo y Uruguay en pocos días celebrará una inquietante segunda vuelta electoral.

La oposición y los militares bolivianos por fin encontraron cómo atacar a Evo Morales, quien debió hacer una pausa que le permitiera entender los escenarios. A Bolivia le urge el Estado de derecho porque la forzada salida del presidente no resuelve nada. Lo que viene es delicado y por ningún motivo hay que perder de vista dos elementos: la base social de Evo ni a Trump que ya está al acecho.

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