EDITORIAL

 

 

Una investigación y un debate necesarios

 

 

Todo lo que se diga sobre la desaparición de los normalistas en Iguala provoca todo tipo de reacciones. No hay nada que pase de largo, nos la hemos pasado en medio de una sobredimensión que tiene que ver con la afectación que ha producido en la sociedad mexicana la “noche más triste”.

El rompimiento interno que provocó ha llevado a los límites, tanto por la confusa estrategia de las autoridades para investigar la desaparición de los estudiantes, así como por las interpretaciones del todo, en medio de confrontaciones y afirmaciones que, en muchos casos han terminado por ser ligeras y menores.

Si todo lo que se dice sobre el tema tiene estas características y desata controversias, interpretaciones y confrontaciones; imaginémonos lo que puede suceder cuando quien habla del tema es el Presidente.

Esto sucedió el pasado fin de semana en Guerrero. En una alocución que lleva a demasiadas interpretaciones, López Obrador dijo algo que se consideró como sinónimo de que la desaparición de los normalistas no fue un crimen de Estado.

Lo dicho por el Presidente adquiere particular dimensión porque gente cercana a él y muchos de sus simpatizantes parten de que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado.

Algunos han tratado de desacreditar a los furibundos seguidores de López Obrador poniéndolos presumiblemente en evidencia debido a sus innumerables afirmaciones sobre que Iguala fue un crimen de Estado, en tanto que los otros están en un terreno que bien podríamos definir como una versión de “lo que el Presidente quiso decir”.

Lo que pasó refleja, como se ha dicho en muchas ocasiones, las cadenas de corrupción, impunidad, complicidad e incapacidad que rodea a los cuerpos de seguridad y a algunas autoridades.

Quizá más que una acción concertada estamos ante una actuación que puede llevar, con coordinación o sin ella, al crimen de Estado.

Lo que sí está claro es que todo forma parte de una reacción de cómo actúa la autoridad la cual obedece a mandos corruptos, a policías impreparados y ligados a la delincuencia como forma de vida, y sobre todo a la abrumadora presencia del narcotráfico y los enfrentamientos entre bandas.

A esto se suma que la investigación sobre el caso estuvo desde el inicio cargada de pocas luces y muchas sombras. Una constante de los gobiernos, reconociendo que este caso tiene una alta dosis de excepcionalidad, es poner particular énfasis en hacer de un conflicto algo profundamente confuso.

¿Fue toda la fuerza del Estado la que se coordinó para secuestrar a los normalistas? El problema aparece más que como un conjunto de acciones coordinadas  como una forma regular de actuar por parte de gobiernos municipales en ciudades dominadas por el narcotráfico, a lo que se suma la participación directa o indirecta de otras instituciones del Estado.

No se puede pasar por alto en todo lo que ha sucedido, la dinámica interna de la normal Isidro Burgos, la cual ha sido usada e infiltrada por la delincuencia, con todas las consecuencias que tiene.

El discurso del Presidente se puede ver cómo él se ve a sí mismo, una especie de gran tótem quien define todo tipo de acciones. Sin embargo, el debate si bien pasa por si a futuro se podrían evitar situaciones como ésta, lo relevante estará en saber si hubo o no un crimen de Estado; Alejandro Encinas trató de zanjar la discusión ayer, asegurando que sí lo fue.

El debate es importante porque estamos hablando de la delimitación de responsabilidades, las cuales podrían alcanzar a muy altos mandos del gobierno, pero dentro de todo, lo más importante sigue siendo conocer el destino de los 43 normalistas.